El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no le tomará declaración como investigado a Fernando Clavijo por la querella del caso grúas, sino que devolverá esa parte de la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna para que siga con la investigación y, en el caso de que vea indicios delictivos en la actuación de Clavijo durante su etapa de concejal, vuelva a remitir esa parte de las diligencias al TSJC dada la condición de aforado del presidente del Gobierno de Canarias.
La decisión de devolver la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna aún no está tomada, pero fuentes judiciales han explicado que se actuará de esa manera por una razón: la magistrada Celia Blanco no ha elaborado una exposición razonada sobre los hechos y el delito a investigar, sino que se ha inhibido a favor del TSJC, tras ordenarle la Audiencia de Santa de Tenerife que reabra las actuaciones porque considera "precipitado" el sobreseimiento de las diligencias previas.
Técnicamente la inhibición sólo procede entre órganos judiciales de igual jerarquía, por lo que la juez instructora debió de elevar al TSJC una exposición razonada. Es, salvando las distancias, lo que hizo la magistrada Carla Vallejo al denunciar a su colega Salvador Alba o, en un asunto más lejano en el tiempo pero más parecido al actual, lo que hizo el juez Alexis Reyes con una pieza separada del caso Góndola dirigida contra el expresidente de Canarias Adán Martín, ya fallecido, la cual fuera archivada.
La Fiscalía de Canarias, en cualquier caso, todavía no ha emitido su informe sobre la competencia de la Sala de lo Penal del TSJC para asumir la causa contra Clavijo. El fiscal designado es Demetrio Pintado, pero la Fiscalía aún no ha fijado su postura sobre la admisión a trámite o no de la querella.
La decisión que adopte la Fiscalía, en todo caso, no es vinculante para la magistrada instructora, Carla Bellini, que ha sido nombrada para investigar la parte de la querella interpuesta contra el presidente del Ejecutivo.
Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias se querellaron el 26 de abril de 2017 contra el exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y el actual regidor, José Alberto Díaz, por presunta prevaricación administrativa en la gestión del servicio de grúas municipales. El Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna archivó la causa el 15 de junio, pero los partidos políticos recurrieron y la Audiencia de Santa Cruz acordó el pasado 17 de octubre la reapertura del caso. El tribunal entiende que la magistrada Celia Blanco no justificó lo suficiente el sobreseimiento y, por ese motivo, ordena que se practiquen más diligencias para esclarecer los hechos.
Blanco tiene previsto tomar declaración a varios testigos los próximos días. De ahí que el TSJC opte por devolver al Juzgado las actuaciones contra Clavijo, con la finalidad de que la juez, tras valorar esa ronda de interrogatorios, elabore la exposición razonada si finalmente aprecia indicios contra el presidente del Gobierno.
Los hechos se remontan a octubre de 2003. Clavijo, como edil de Seguridad, privatizó el servicio de grúas del municipio, con Ana Oramas de alcaldesa, hasta que ésta renunció en 2008 al cargo y fue sustituida por Clavijo como regidor hasta 2015.
El pleno aprobó la privatización el 12 de febrero de 2004 y, en julio de ese año, se adjudicó por cinco años el servicio de las grúas al empresario José Padilla, quien, un año y dos meses después, derivó la adjudicación a su empresa Autogrúas Poli SL. Tras graves problema económicos, la concesionaria vendió la compañía a un grupo de empleados en abril de 2011.
