Guerra abierta entre el Congreso y la Audiencia Nacional con el diputado de NC, Pedro Quevedo, como actor principal e inductor de la disputa a cuenta de la comisión parlamentaria que investiga la financiación del PP y que preside el parlamentario canario. La negativa del organismo judicial a entregar a la comisión informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (Udef) y de la Intervención General del Estado sobre algunos de los procesos en los que está implicado el PP (los casos Gürtel y Bárcenas) ha hecho saltar al presidente del grupo de diputados que llevan a cabo la investigación parlamentaria.
Quevedo cuestiona que la Audiencia Nacional pueda negarse a entregar esa documentación y va a solicitar a los grupos parlamentarios recurrir esa decisión judicial, además de reclamar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, amparo para el trabajo de la comisión.
El diputado canario ha convocado una reunión de la mesa y portavoces de la comisión para el día 12 en el que expondrá la situación y su opinión favorable a explorar las vías jurídicas para reclamar los informes policiales sobre el PP. Quevedo rechaza que la decisión de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia se haya filtrado a la prensa antes de que se produjera la correspondiente comunicación al Congreso y a él mismo como presidente de la comisión.
"Esto es un procedimiento absolutamente criticable que no entendemos, máxime cuando la solicitud de información está formulada a través de la presidenta del Congreso desde hace meses", recalca. El criterio de la Audiencia es que el "carácter reservado de las diligencias sumariales" y la posibilidad de un "acceso indiscriminatorio" puede poner en riesgo los derechos de los acusados, aunque un voto particular de la Sala consideró "injustificada" la negativa a remitir estos documentos.
Y sobre la negativa en sí, Quevedo asegura tener la sensación "de que se ha entrado en el fondo de las cuestiones sobre la competencia de una comisión de investigación, lo cual nos parece inapropiado". Es decir, considera que la decisión de la Audiencia pone en cuestión la propia competencia del Congreso a una investigación política sobre un asunto en procedimiento judicial.
A su juicio, "presuponer que una comisión parlamentaria no puede gestionar información reservada es algo insólito". Además, tilda la situación de "ridícula" toda vez que parte de esa documentación está publicada. "Que ese conocimiento público sea como consecuencia de filtraciones no resta extrañeza a la situación", asegura.
Información suficiente
Quevedo asegura que desde el punto de vista del trabajo de la comisión, con independencia de si se cuenta o no con esos informes policiales, "hay documentación y testimonios suficientes para seguir las labores", aunque subraya que "es poco razonable que las relaciones entre el poder legislativo y el judicial se vehiculen de esta manera y con imposiciones de este tipo". Pero sobre todo, Quevedo quiere proponer a sus compañeros "analizar jurídicamente cuáles son las vías para intervenir en estas circunstancias" que operan en contra de los intereses de la investigación parlamentaria. "Preguntaremos a los servicios jurídicos de la cámara si podemos plantear algún tipo de recurso. Supongo que habrá posibilidad de presentar algunas acciones", resaltó.
La portavoz del PSOE, Margarita Robles, se expresó en esta misma línea al considerar que "de alguna manera se está cuestionando una actividad parlamentaria constitucionalmente reconocida". En el otro lado de la balanza, el PP tilda de "coherente" la decisión adoptada por la Audiencia Nacional porque "los parlamentarios no nos podemos poner la toga de jueces", según afirma el vicesecretario general del partido, Fernando Martínez Maíllo. Quevedo señaló que "no es ningún secreto el malestar del PP con esta comisión, pero no hay que olvidar que la misma se constituyó con la unanimidad de los votos de la Cámara".
En todo caso, el diputado de NC considera que de esta situación cabe recalcar "dos mensajes claros: que no son estas las formas de hacer las cosas, que nos sorprende el procedimiento, el retraso y los contenidos, y que si hay cuestiones que la Audiencia considera que debe trasladar a la comisión que necesitara salvaguardar determinada información, estoy seguro que los procedimientos deberían haber sido otros y no los utilizado". "Si se está intentando dejar si gasolina a la comisión, no es esta la vía porque la comisión tiene para continuar trabajando con la información disponible, aunque sería más sencillo si se suministra la información solicitada", aclara el diputado.
