Canarias eleva a Hacienda su propuesta de modelo de financiación autonómica

El Ejecutivo regional ha elaborado el informe que presentará ante el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), organismo encargado de la reforma del modelo de financiación. En este documento se recogen las consideraciones del Archipiélago, que se sumarán al del resto de comunidades autónomas para elaborar un documento conjunto sobre las modificaciones a llevar a cabo, según informó este lunes la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, al término del Consejo de Gobierno.

Tras la redacción de ese documento por parte del CTPE, se someterá a debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están representados el Gobierno de España y las autonomías.

Uno de los aspectos más importantes que recoge el informe elaborado por el Gobierno de Canarias es que "el REF no debe formar parte del sistema de financiación autonómica", recogiendo así el acuerdo unánime del Parlamento de Canarias. El documento, deja claro de esta forma que "el objetivo del REF es promover el desarrollo económico y social de Canarias, mientras que la finalidad del sistema de financiación es sufragar el coste de los servicios públicos esenciales". Así, el acuerdo político por el que actualmente no está el REF en la disposición adicional segunda de la LOFCA, quedaría recogido en el nuevo sistema de financiación.

Por eso, los recursos del REF deben seguir entendiéndose como recursos independientes en el nuevo modelo de financiación, que no deben ser contabilizados a la hora de determinar los recursos que le corresponderán a las Islas.

Sostenibilidad

En lo que se refiere a la sostenibilidad del Estado del bienestar, el documento canario reclama, tal y como defendió el presidente Fernando Clavijo, en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero, que antes de decidir cómo debe configurarse el nuevo sistema de financiación autonómico, se adopten acuerdos de Estado sobre el nivel de Estado de Bienestar que se desee ofrecer a la sociedad española y su sostenibilidad.

El documento, recuerda además que las Comunidades Autónomas, por su ámbito competencial, tienen un papel fundamental en la consecución del Estado de Bienestar, ya que tienen encomendada la prestación de la mayoría de los servicios esenciales que garantizan la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, no debe producirse un retroceso ni en los servicios públicos ofrecidos en la actualidad, ni en su calidad, sino que, al contrario, el objetivo debe ser avanzar en la calidad de las prestaciones, todo ello teniendo en cuenta las demandas de la ciudadanía.

El texto canario advierte que, antes de diseñar el nuevo sistema de financiación, "es imprescindible" que se determine con objetividad los actuales costes de los distintos componentes del Estado del Bienestar, entre ellos los costes de prestación de cada uno de los servicios públicos fundamentales de competencia de las CCAA. Así, apunta el documento que " no se puede aprobar un nuevo sistema de financiación sin que de forma objetiva se determinen los costes de prestación de los servicios públicos" tal y como indicó la AIREF; pues sin ello no se puede garantizar una financiación a las CCAA de acuerdo con los principios consagrados en la citada Conferencia de Presidentes: suficiencia, solidaridad, equidad, transparencia y responsabilidad fiscal.

La dependencia

El Gobierno de Canarias considera que es necesario perfeccionar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Hasta ahora, la aportación estatal para este fin se limita al 21%, frente al 79% asumido por las autonomías, incumpliendo el principio de suficiencia del sistema de financiación autonómica.

Para corregir esta situación sería necesario que la atención a la dependencia, delegada en las comunidades autónomas, se financiara con cargo al Fondo Básico de Financiación, dentro del próximo modelo. Sólo así se puede asegurar un nivel mínimo de financiación a todas las comunidades autónomas y se garantizará la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida.

Estatutos de Autonomía

El documento canario defiende además que el nuevo sistema de financiación incluya de manera explícita el principio constitucional de "lealtad" para garantizar la prestación de los servicios por parte de las Comunidades Autónomas y reclama, además, que se actualicen los Estatutos de Autonomía en condiciones similares de tal forma dispongan del marco competencial e institucional previsto en los denominados "Estatutos de segunda generación".

Es decir, que antes de llevar a cabo la reforma constitucional del modelo territorial, sería necesario actualizar los estatutos de autonomía para que las comunidades dispongan de un marco competencial e institucional en condiciones similares, y recuerda que el Estatuto de Autonomía de Canarias se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados.Reparto fiscal

El Gobierno de Canarias defiende que es necesario mejorar la coordinación entre la Administración Central y las autonomías de cara al reparto tributario, potenciando el espacio fiscal propio de las comunidades. Entre otras medidas, el informe canario propone que, para favorecer la sostenibilidad del Estado del Bienestar, han de incrementarse los recursos gracias a un aumento de los porcentajes de la cesión del IVA y/o de los Impuestos Especiales.

Por otro lado, el Ejecutivo regional se muestra contario al establecimiento de nuevos copagos, propuestos por el Comité de Expertos del Sistema de Financiación, sobre todo en el caso de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esta acción produciría desigualdad entre la población debido, sobre todo, a los diferentes niveles de renta entre las autonomías.

Población

El documento presentado por el Gobierno de Canarias señala que la posición de la Comunidad Autónoma en cuanto a cómo ponderar la población en los cuatro bloques competenciales: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Dependencia y, asimismo, además de la lejanía el documento canario propone que se contemple la doble insularidad.

En Sanidad, considera el documento que debe recogerse la población protegida por el sistema sanitario público y que, existe una asociación significativa entre indicadores de renta y el número de años de vida saludable y por lo tanto esta variable debe ser tenida en cuenta así como, la población flotante entendiendo que Canarias es un recpetor de turismo que contribuye a incrementar el gasto sanitario.

En materia educativa, se propone utilizar el indicador de usarios o demanda potencial de la población escolar identificada la misma con la población empadronada con edades comprendidas de 0 a 18 años. Además, también se reclama que el criterio en el caso de las enseñanzas universitarias sea el de usuarios potenciales.

En Políticas Sociales, el documento canario reclama la utilización de dos indicadores para la medición de las necesidades de gasto; el índice AROPE y el número de personas mayores de 65 años.

En materia de Dependencia, además de su inclusión en el sistema de financiación, Canarias reclama que se considere como indicación para la financiación el grado de discapacidad superior al 33% en la población menor de 65.

Por otro lado, el informe elaborado por el Gobierno de Canarias recoge que para mejorar la eficiencia de las comunidades autónomas es necesario aumentar los instrumentos por los que éstas pueden obtener recursos. El Ejecutivo coincide con el Comité de Expertos en que se creen tramos autonómicos para el IVA y los Impuestos Especiales, de forma que las autonomías tengan la competencia para la modificación de los tipos en función de las necesidades de la ciudadanía.