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Los magistrados del TSJC rechazan parar el concurso de la Tele Canaria

La Sala de lo Contencioso de Tenerife no ve motivos para bloquear la apertura de ofertas

Los magistrados del TSJC rechazan parar el concurso de la Tele Canaria

Los magistrados del TSJC rechazan parar el concurso de la Tele Canaria

Varapalo judicial para la empresa Videoreport Canarias en su intento de retrasar el concurso convocado por Televisión Pública de Canarias (TVC) para adjudicar los servicios informativos. La actual adjudicataria ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la suspensión cautelar urgente del procedimiento de licitación, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo de Tenerife ha rechazado la medida planteada por la productora, según establece un auto dictado el pasado viernes por el tribunal en su sede tinerfeña.

"No apreciando las circunstancias de especial urgencia manifestadas por la solicitante, no procede acordar la medida cautelarísima solicitada", resuelven, por unanimidad, los tres magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo de Tenerife: Rafael Alonso Dorronsoro, María del Pilar Alonso Sotorrío y el presidente de la Sala, Pedro Manuel Hernández Cordobés.

Videoreport solicitó al TSJC que impidiera la apertura de los sobres con las ofertas hasta que se resuelva el fondo del asunto, esto es, el recurso presentado en materia de contratación contra el anuncio y los pliegos de la licitación, los cuales fueron publicados a finales de agosto por el presidente de TVC, Santiago Negrín.

Sin perjuicio ni premura

La compañía entiende que la Mesa de Contratación puede reunirse por "videoconferencia" porque ya está constituida y, en ese sentido, una actuación "prematura" en la apertura de ofertas daría al traste con la finalidad de su recurso y, además, dejaría al descubierto "las estrategias de las entidades licitadoras", lo cual "perjudicaría" los principios que rigen la contratación pública. El ponente de la resolución judicial, en cambio, rechaza ese argumento.

El magistrado Rafael Alonso Dorronsoro concluye que lo alegado por Videoreport es "meramente una posibilidad", pues "la apertura de sobres requiere de la oportuna citación y convocatoria de los licitadores", aclara el ponente.

Por esa razón "no concurren las medidas de especial urgencia" que "justifiquen" la adopción de la medida cautelar solicitada, "máxime" cuando ésta "se encuentra ya pendiente de dictar resolución" y lo que "procede es resolver sobre el fondo de la misma", añade el juez Rafael Alonso en su auto. Contra esa decisión no cabe recurso.

El fondo del asunto al que se refiere el magistrado es la suspensión del anuncio del concurso y de la publicación de sus pliegos de contratación, esto es, de todo el procedimiento de licitación impulsado por Negrín: un contrato de 144 millones de euros para prestar los servicios informativos de Televisión Canaria durante los próximos ocho años.

El pasado 30 de noviembre expiró el plazo para presentar las ofertas por parte de las empresas interesadas y está previsto que mañana lunes se celebre la primera Mesa de Contratación. La adjudicación actual expira el 30 de julio de 2018, con el añadido de que no existe posibilidad de prórroga.

Viedeoreport Canarias ha interpuesto el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede Las Palmas, tanto sobre el fondo del asunto como en la medida urgente solicitada para frenar la apertura de las ofertas esta semana. Fuentes judiciales han confirmado que la Sala de Las Palmas ha abierto ya una pieza separada y tiene previsto deliberar sobre la medida cautelarísima entre el lunes y el martes, con la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón como ponente.

Ambos recursos están dirigidos contra una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias que, a su vez, se declaró incompetente para entrar en el fondo del asunto y pronunciar sobre la legalidad del concurso convocado por Negrín.

El ente Radiotelevisión Canaria (RTVC) está vinculado de manera directa con el Parlamento y la Cámara regional no ha delegado en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias las competencias para fiscalizar y decidir sobre los contratos de Televisión de Canarias. Por esa razón rechazó el pasado día 2 de octubre el recurso de Videoreport y ésta acudió a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La productora cuestiona la legitimidad del presidente del Consejo Rector de RTVC para convertirse en órgano unipersonal de contratación, e interpreta que Negrín carece competencias para convocar el concurso sin la participación del Consejo Rector.

Sobre la legalidad de la actuación de Negrín hay varios informes. El primero, que se encargó para iniciar el proceso de licitación, es del Abogado del Estado en excedencia Martín Orozco. El jurista avaló en enero la actuación del presidente de RTVC, con el argumento de que tenía "competencia plena y exclusiva" para promover la contratación, pero seis meses después, en julio, cambió de criterio sin haber sido requerido por el ente público.

Informes jurídicos

Ante las dudas suscitadas por el bandazo de Orozco, RTVC encargó un nuevo dictamen a Carlos Cabrera, que también es Abogado del Estado y está especializado en el sector audiovisual. Su informe rechaza que el Consejo Rector sea el órgano competente para licitar, entre motivos por el modelo continuista de los programas informativos. Otro dictamen, de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, también respalda la actuación de Negrín.

Esos informes, junto con la normativa del sector, deberán analizarlos las dos salas de lo Contencioso Administrativo en Canarias. La primera en reaccionar ha sido la de Tenerife. Lo relevante, en cualquier caso, vendrá cuando los jueces entren en el fondo.

Las dudas sobre la legalidad del proceso de licitación ha generado hasta extrañas alianzas entre los grupos políticos parlamentarios, con la unión entre el Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias para tratar de forzar, sin éxito, la destitución del presidente de RTVC.

Negrín ha llegado a denunciar en la Fiscalía de Canarias presiones de un medio de comunicación para tratar de influir en el concurso al verse afectado el principio de libre concurrencia.

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