La empresa pública Visocan se deberá someter a un nuevo plan de viabilidad para el periodo 2018-2024 para dotarla de liquidez y que pueda ir solventando la deuda que acumula desde hace más de seis años. Recientemente la sociedad mercantil pudo resolver una parte del préstamo que mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 24 millones de euros, tras alcanzar un acuerdo con la Consejería de Hacienda.
Sin embargo, a largo plazo el escenario es mucho más complejo. La diputada del PP Josefa Luzardo preguntó por escrito a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda por la deuda de Visocan con las entidades financieras y la respuesta por escrito del Ejecutivo refleja que hasta el año 2042 lo que debe devolver la sociedad alcanza los 148,1 millones de euros. La mayor deuda es con el ICO, entidad dependiente del Gobierno central, con 43 millones, de los que ya se han devuelto 24 y el resto se tendrá que liquidar el próximo año, según la información facilitada. También hay deudas con entidades como La Caixa, Bankia, BBVA o Bankinter.
El estado financiero de Visocan se ha ido agravando en los últimos años debido a la crisis inmobiliaria y la imposibilidad de construir viviendas y, por otro lado, por decisiones de la empresa que han supuesto importantes quebraderos de cabeza para la Comunidad Autónoma. La más llamativa fue la contratación de los productos financieros denominados swap, contratos de cobertura financiera para evitar los efectos de una subida de los tipos de interés, suscritos por Visocan con distintas entidades bancarias a cuenta de varios préstamos que mantiene desde hace más de una década.
Josefa Luzardo no cree que el principal problema de Visocan sea la deuda que acumula las familias que no pueden pagar sus alquileres, sino la mala gestión que acumula en los últimos años y el elevado endeudamiento que tiene con los bancos y los créditos solicitados al Estado. "Visocan ni compra ni construye, solo se está dedicando a gestionar el alquiler de las viviendas por encomienda del Instituto Canario de la Vivieda y encima tiene problemas para cobrar las rentas", critica Luzardo.
Por su parte, la directora de Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino León, admite que el estado de la empresa es complicado y que en el pasado se tomaron decisiones que no han resultado positivas para la sociedad mercantil pública. La voluntad del actual equipo de Vivienda es dar viabilidad a la empresa y encarar las medidas para que Visocan pueda de nuevo construir casas sociales para las familias más necesitadas.
