Los dos funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna que declararon en calidad de testigos el pasado lunes ante la juez Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de dicho partido judicial y que instruye el conocido caso Grúas, exculparon al actual presidente del Gobierno y exalcalde lagunero, Fernando Clavijo, sobre su papel en el expediente de la intervención de la empresa de grúas que prestaba el servicio en el municipio, así como de la prórroga otorgada a esta sociedad -ya saneada en agosto de 2014- por cinco años más.
Los técnicos señalaron que "eran partidarios de conceder el préstamo a la empresa y que, una vez solventado, la entidad Grúas Poli SL podía gozar de la prórroga de la concesión del servicio".
El decreto de prórroga fue firmado el 27 de agosto de 2014 por el concejal Antonio Pérez Godiño, quien sustituía al entonces edil de Seguridad Ciudadana y hoy alcalde de esa ciudad, José Alberto Díaz, que disfrutaba de unas vacaciones. Dicho decreto fue suscrito una vez que la directora del Área de Seguridad Ciudadana había levantado los reparos formulados con anterioridad por el interventor municipal, ya que en ese momento la empresa ni tenía deudas ni debía nóminas.
Pérez Godiño también declaró el lunes, aunque lo hizo en calidad de investigado, situación que por ahora mantiene la juez hasta que concluya la fase de instrucción y redacte el auto que corresponda.
Intervención
Los dos técnicos municipales, Antonio Vera y Alejandro Cordero, también corroboraron ante la juez instructora del caso que uno de los informes, que elaboraron ambos junto con la directora del Área de Seguridad Ciudadana, cuando el servicio gestionado por la empresa Grúas Poli SL ya había sido intervenido por el Ayuntamiento y ellos estaban al frente de dicha intervención, había sido aportado a esta causa "mutilado" por las dos acusaciones populares -que ejercen las formaciones políticas Unid@s se puede y XTF-NC-.
En concreto, Vera y Cordero afirman que el informe que se les ha exhibido "está mutilado, ya que solamente tiene una página, pero en realidad el original tendría más", como confirmaron fuentes jurídicas a este periódico.
Dicho documento es nuclear en esta causa ya que en él se señala la "situación de quiebra y las deudas" que acumulaba la empresa del servicio municipal de grúas, sin embargo, en el mismo documento los técnicos destacaron que "esa situación era salvable y que obedecía a cuestiones coyunturales" tales como la reciente peatonalización de muchas calles del casco urbano de La Laguna, así como los efectos de la crisis económica y se cuantificó que la empresa perdía unos 10.000 euros al mes por el cambio de la demanda del servicio, que había disminuido de 30 a 15 vehículos al día.
Además, en el mismo informe los dos técnicos explicaban cómo la facturación de la empresa iba cayendo con el tiempo "sin que exista una atribución de responsabilidad ni al anterior dueño ni a los trabajadores que luego le compraron la empresa". Sin embargo, los folios que contienen lo anterior, y que consta en el expediente que obra en el Ayuntamiento, no fueron entregados por las acusaciones.
Tanto Vera como Cordero señalaron que habían elaborado diversos informes sobre la situación económica, viabilidad y auditoría de la empresa de grúas, en los meses de marzo, abril y junio de 2014.
En ellos se señala la "necesidad de aportación financiera" para poder asumir las deudas a corto plazo que pudieran surgir así como pagar las nóminas que se adeudaban, deudas con la Seguridad Social, arreglo de vehículos y compra de combustible.
Antonio Vera, que es licenciado en Económicas y llevaba la parte financiera de la intervención de la empresa, "informó favorablemente" para que se equilibrara la situación de la empresa, es decir, "que se prestara el dinero para garantizar la prestación del servicio". El técnico declaró que "daba igual la fórmula jurídica" utilizada para la provisión de fondos en la empresa: "Préstamo, anticipo o cuenta presupuestaria". Vera manifestó que no se consideró otorgar un "anticipo sobre la facturación futura" pues podría producirse una reclamación por alzamiento de bienes, como una fórmula para obviar los embargos.
Añadió que el préstamo de 120.000 euros concedido por el Ayuntamiento fue gestionado por él y su compañero y que se ingresó en una cuenta. Ratificó que "la mitad del dinero se empleó para abonar las nóminas pendientes; un 30%, para saldar las deudas con la Seguridad Social, y el resto para el pago a proveedores, combustible y deudas anteriores".
Señaló que el dinero "fue devuelto por la empresa más un 4% de interés en el plazo de tres meses, antes de la finalización del contrato del servicio", que caducaba el 27 de agosto de 2014. Por ello, cuando se estudió el decreto para la prórroga del servicio con la misma empresa, no había deudas de la misma y por tanto no habían circunstancias que impidieran a la sociedad contratar con las administraciones y los técnicos informaron favorablemente.
Vera manifestó que la intervención practicada "no le supuso al Ayuntamiento perjuicio alguno, además recibió intereses del 4% sobre los 120.000 euros, se evitaron los problemas que hubiera supuesto el rescate y se consiguió la continuidad del servicio sin que haya un trabajador sin cobrar, un acreedor sin pagar, un tributo sin recibir o cotizaciones. Es un servicio que se ha reequilibrado y no es cierto que las deudas se multiplicaran por seis" como sostienen las acusaciones.
