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Canarias tardaría seis años en acabar con la lista de espera de dependencia

Cerca de 17.000 personas aguardan para ser atendidas

Canarias tardaría seis años en acabar con la lista de espera de dependencia

Canarias tardaría seis años en acabar con la lista de espera de dependencia

La lista de espera de la dependencia se mantiene en Canarias y al ritmo actual se tardarían seis años en cumplir con los derechos de las personas dependientes. El Archipiélago sigue a la cola del país en los indicadores fundamentales del sistema de protección social tras diez años de su puesta en marcha. La Comunidad Autónoma ha dejado de recibir del Estado en los últimos cinco años 58,4 millones de euros de financiación como consecuencia de los recortes que aplica el Gobierno central desde 2012. En la actualidad, hay 18.129 beneficiarios de prestaciones de dependencia en las Islas, mientras que cerca de 17.000 personas aguardan para ser atendidas debido a la falta de fondos y a la deficitaria gestión de los recursos.

Para corregir esta situación el Gobierno de Canarias reclama a Madrid perfeccionar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia e incluir su financiación en el nuevo sistema de financiación autonómica, con cargo al Fondo Básico de Financiación. De tal modo que se garantice un nivel mínimo de fondos a todas las comunidades autónomas y se asegure la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de la región en la que vivan.

Éste es uno de los asuntos que el Ejecutivo canario incluye en su propuesta para reformar el modelo de reparto de fondos por el Estado y que ha elevado ya a Madrid. De hecho, su tesis coincide con la esbozada hasta ahora por el Comité Técnico Permanente de Evaluación, organismo encargado de revisar el sistema, que ha recomendado incorporar los costes de la dependencia.

Tradicionalmente el sistema de financiación ha estado concebido para financiar las competencias transferidas del Estado a las comunidades autónomas, fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales. La Ley de Dependencia se creó en 2006 y nunca ha estado dentro del sistema.

Estado de bienestar

El Gobierno canario defiende que antes de empezar a hacer números para una nueva distribución del dinero hay que tener claro cuál es el estado de bienestar al que se aspira y después determinar los costes y cuánto financia cada parte. En concreto, respecto a la dependencia hasta ahora no ha estado transferida a las comunidades autónomas, que, con carácter general, aportan el 79% de la financiación para la atención a los dependientes y el Gobierno central sufraga el 21%.

El porcentaje de participación del Estado en el sistema de Atención a la Dependencia en Canarias en 2016 fue de un 13,86% frente al 64,92% de la Comunidad Autónoma y el 21,22% de los cabildos. Ello significa que del total financiado -192,2 millones de euros- el Estado aportó por el nivel mínimo 26,6 millones, un 13,86% del total, según la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido.

Canarias plantea incluir dentro del sistema de financiación autonómica la dependencia y, "aunque sea corresponsabilidad de las comunidades autónomas, que la aportación, en todo caso, sea paritaria, al 50%, entre los gobiernos autonómicos y el Estado, con el fin de promover un modelo más homogéneo", aseguró el viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, que reclamó una atención a los dependientes "más o menos uniforme" en todo el país y que haya "una equidad de los fondos que se destinan por las administraciones".

La mayoría de las autonomías comparten esta visión, que tendrá que ser refrendada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La directora general de Dependencia y Discapacidad, María del Carmen Marrero, insistió en la necesidad de que la financiación de la dependencia sea "finalista" y se fije la cantidad exacta que se destina a este servicio en todos los territorios, al tiempo que criticó que el porcentaje que otorga el Estado en estos momentos resulta "escaso".

Admitió la carencia de recursos humanos, los problemas en el sistema de información y la escasez de fondos como consecuencia de la crisis económica. A ello se une el gran número de solicitudes para acogerse que se siguen presentando. Ya hay 46.352 peticiones de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones vinculadas, según los datos que maneja el Ejecutivo. "No es que no podamos resolver las pendientes sino que cada mes se presentan más solicitudes", advirtió Marrero, que alegó que estos factores influyen en el funcionamiento del sistema. De ahí que reivindicó que "todas las comunidades autónomas tengan una financiación justa y adecuada" para atender esa problemática.

Y es que, de persistir el ritmo actual, Canarias tardaría seis años en eliminar la lista de espera de dependencia, advierte el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que censuró que Canarias lidera el retraso en la atención a los dependientes en España, con el 39% de personas (17.000) a las que ya se les ha reconocido su derecho esperando a tener una prestación o servicio.

En su opinión, el Archipiélago "tiene el peor sistema de la dependencia en España". Apoya la propuesta de incluir la prestación de este servicio en el sistema de financiación autonómica y apela a Coalición Canaria a utilizar su voto "clave" en el Congreso de los Diputados para "hacerlo efectivo" y, al mismo tiempo, reclamar los 58 millones de euros que Canarias dejó de percibir del Estado desde 2012 para atender a los dependientes.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas también respalda la postura del Ejecutivo regional. Más allá de demandar un trato "equitativo" en el reparto de fondos para la dependencia, su vicepresidente, Ismael de la Fé, criticó la gestión del Gobierno canario, pues el Archipiélago es "la última comunidad autónoma en calidad y servicios prestados a los dependientes y en la demora para resolver los expedientes". "Si tener más fondos no va acorde a tener más personal, mejor calidad en la gestión, con sistemas informáticos eficaces y la apertura de nuevos centros de día o residencias, seguiremos en las mismas", avisó.

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