El debate sobre la esperada reforma del sistema de financiación autonómica se recrudece. A medida que se acerca la hora de la verdad y de empezar a hablar de cómo se lleva a cabo y sus efectos prácticos sobre la calidad de los servicios básicos que cada comunidad autónoma presta a sus ciudadanos se endurecen las posiciones y salen a flote las contradicciones entre ellas. Además, el hecho de que la negociación pura y dura sobre el nuevo modelo coincida con tensiones territoriales como la producida en Cataluña, o con la polémica sobre los posibles privilegios que supone el llamado 'cupo vasco' para Euskadi, dificultan el debate y la necesaria puesta en común. Canarias recela de esta situación y afronta el proceso con inquietud porque el lío político surgido en este marco y el batiburrillo de propuestas que se han destapado pueden arrinconar sus posiciones e impedir su objetivo de obtener como mínimo los 800 millones anuales de déficit de financiación de sus servicios esenciales, sanidad, educación y servicios sociales.
Canarias, de entrada, estaba satisfecha con el informe conocido el verano pasado por la Comisión de Expertos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya que reconocía implícitamente que los ingresos del REF no deben computar en el sistema ordinario de financiación porque responden a la compensación por la lejanía y la insularidad. Considera que ese punto de partida es asumido por el conjunto de las comunidades y de las fuerzas políticas españolas, y que, por tanto, hay consenso para que el futuro sistema incluya esa premisa, así como una mejor ponderación de los otros elementos que elevan el coste de la prestación de servicios en las Islas, además de sumar la dependencia como uno de los que hay que costear.
En todo caso, la alarma ha saltado al saber que la simulación hecha basada en el informe de los expertos empeora el desfase de la financiación canaria actual, así como por el hecho de que las tensiones territoriales hayan empezado a derivar en propuestas de uno u otro signo que desenfocan el objetivo canario.
El Gobierno de Canarias y los partidos isleños han rechazado todas la propuestas surgidas porque todas ellas suponen de una u otra forma el desmantelamiento de aspectos importantes del REF. Es el caso del llamado 'cupo vasco' generalizado propuesto por el lehendakari, Íñigo Urkullu; la armonización fiscal que defienden otras comunidades como Andalucía o Comunidad Valenciana, o la quita de la deuda para algunas comunidades por parte del Estado, como han propuesto el PSC para Cataluña.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, resalta que al igual que "debe respetarse la singularidad vasca", también debe hacer lo propio con la canaria o la navarra, y que no es asumible que se premie a las comunidades que peor han gestionado durante la crisis y acumulan déficit y deuda. También el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se está implicando en el rechazo de estas propuestas unilaterales de algunas comunidades en vísperas de la negociación, al expresar su "rotundo rechazo" a la propuesta de armonización fiscal que lidera Andalucía pero que, aseguran en esta comunidad, se apoya en el informe del comité de expertos creado por el ministerio de Hacienda.
Clavijo sostiene que una financiación autonómica basada en ese principio dejaría a Canarias sin algunas de las herramientas contenidas en el REF para atraer a empresas a las Islas, al tiempo que supondría un riesgo de nivelación de la imposición indirecta respecto al resto del territorio nacional.
"¿Cómo vamos a convencer a las empresas de que se instalen en Canarias si no podemos ofrecerles las ventajas actuales para compensar los mayores costes de producción por la lejanía y la insularidad?", se pregunta el presidente, quien considera "injusta e insolidaria" esta fórmula y afectaría a la competitividad de la economía canaria, y da por hecho que será rechazada por otras regiones como Baleares o Madrid.
Canarias parte de la premisa política de que hay un compromiso del actual Gobierno central para sacar el REF del sistema de financiación y que eso ya se está aplicando este año por vía presupuestaria incluyendo a la comunidad autónoma en el grupo de las que participan del Fondo de Competitividad, con el resultado de 220 millones de financiación extra. La misma fórmula se empleará para la financiación de los dos próximos años con cálculos aún más favorables para Canarias, de entorno a 416 millones en 2018 y de 560 en 2019. Ésta es la base sobre la que el Gobierno regional quiere fundamentar sus reclamaciones en la negociación que se avecina.
