El Gobierno de Canarias firmará próximamente con los siete cabildos el segundo plan de atención sociosanitaria, que será uno de los más importantes de cuantos convenios se firmarán en las islas en estos años. El convenio asciende a 161 millones de euros y supone un incremento de 4.460 plazas.
Así lo anunció este lunes la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, que autorizó delegar en la consejera de Política Sociales, Cristina Valido, la suscripción del acuerdo.
El Gobierno de Canarias aportará a dicho plan 161 de los 256 millones de euros, con los que estará dotado el acuerdo para construir 4.460 plazas residenciales.
El objetivo es disponer de más plazas dirigidas especialmente para personas mayores que ven cronificadas sus enfermedades y actualmente "no hay suficientes plazas" ante el envejecimiento notable de la población, expuso Dávila, que insistió en que se trata de "una inversión importante en materia de atención sociosanitaria".
Según los datos que maneja el Gobierno regional, en el Archipiélago residen unas 316.808 personas de más de 65 años, con lo que está previsto que haya un exceso de envejecimiento de la población y con ello un aumento del número de residentes que han cumplido los 80 años.
Además, según las proyecciones, en 2030 habrá en las Islas alrededor de 500.000 personas que superarán los 65 años.
Servicios Sociales
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un incremento del gasto de 541.899,31 euros para que los ayuntamientos puedan continuar los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.
Esta aportación se suma a los 13.231.170,69 euros que el Gobierno asignó en el marco del Protocolo de Actuación, firmado el 28 de julio de 2017, por la cual la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda financia parte de los gastos derivados del mantenimiento de los servicios y prestaciones básicas en materia de servicios sociales, atención a la infancia o dependencia.
En dicho protocolo de actuación no solo se acordó la aprobación del gasto, sino también la distribución de los créditos correspondientes a las aportaciones dinerarias así como los modelos normalizados para la solicitud de adhesión de la aportación y el establecimiento de las condiciones de concesión, abono y justificación de las mismas.
Posteriormente, mediante resolución de 27 de octubre, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el que se formalizan los criterios de distribución para el ejercicio 2017 de la diferencia del incremento del crédito para el programa social de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, prestaciones básicas de servicios sociales, consignado en los presupuestos generales del estado 2017 respecto a los créditos prorrogados del 2016, una vez acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Dicho Acuerdo del Consejo de Ministros establece para la Comunidad Autónoma de Canarias un incremento del crédito de 541.899,31 euros para el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Habida cuenta de este incremento de crédito, se proyecta suscribir una Adenda al Protocolo General de Actuación entre la Federación Canaria de Municipios y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, suscrito con fecha 28 de julio de 2017, a los efectos de que los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.
