Los Kokorev defienden la legalidad de sus negocios con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. La familia hispano-rusa, acusada de actuar como testaferro del presidente guineano, Teodoro Obiang, sale al paso de las críticas lanzadas por la Organización de Derechos Humanos EG Justice, que reivindica a la Justicia española que aclare el origen del dinero del clan. Los Kokorev arremeten contra la ONG por vulnerar su presunción de inocencia.
La organización no gubernamental sostiene que el caso Kokorev pone en evidencia "un asunto de corrupción masiva y desviación de fondos públicos que enriquecen al dictador Teodoro Obiang y a su familia, a costa de la miseria a los ciudadanos de ese país".
Para EG Justice, el juicio a los Kokorev, que tendrá lugar en la Audiencia de Las Palmas, significa "un paso positivo más" para aclarar los desvíos y blanqueo de dinero procedentes de las arcas públicas guineanas. La asociación denuncia que se transfirieron más de 22 millones de euros desde la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial a la de la mercantil Kalunga Company, propiedad de los Kokorev.
En cambio, el matrimonio de Vladimir Kokorev y Yulia Maleeva y su hijo Igor se preguntan cómo es posible que una asociación de derechos humanos haya concluido que éste es "un caso de corrupción" sin que más de una década después "ni uno solo de los miembros" de la familia haya sido procesado.
Tras dos años en prisión sin ser juzgados, Yulia Maleeva quedó en libertad provisional en septiembre y su hijo Igor un mes más tarde. El patriarca continúa recluido, al no poder saldar la fianza impuesta de 600.000 euros con sus bienes.
La defensa de los Kokorev destaca que Guinea Ecuatorial ha confirmado ante las autoridades españolas que entre 1999 y 2003 el Gobierno del país africano mantuvo relaciones comerciales con la compañía naviera y de transporte Kalunga, siendo responsable Vladimir Kokorev, y que Obiang "nada tiene que ver con la propiedad de la empresa".
Guinea Ecuatorial ha confirmado que Kalunga suministró a su Gobierno bienes de transporte y "todos los pagos fueron efectuados por el Estado", según Antonio José García Cabrera, uno de los letrados de los Kokorev, que alega que Kalunga, "aparte de las gestiones y ventas de diferentes productos, también realizaba trabajos de mantenimiento de dichos medios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, contratando los equipos técnicos oportunos, y aportando la tripulación necesaria para su operación".
Asimismo, la defensa de los Kokorev apunta que "lejos de ocultar o enmascarar la procedencia del dinero, o de utilizar una sociedad interpuesta u opaca, la forma de actuar del Gobierno de Guinea Ecuatorial utilizando cuentas oficiales perfectamente rastreables a Kalunga como proveedor oficial del estado se aleja por completo de los esquemas habituales de blanqueo de capitales". De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ordenó dos veces archivar el caso Kokorev en 2005 y 2007. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España y la Fiscalía dieron por acreditada la actividad de Kalunga y el origen lícito del dinero obtenido, reitera la defensa.
No obstante, un año más tarde la Asociación Pro Derechos Humanos de España interpuso una querella ante la Audiencia Nacional por delito de blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en Guinea Ecuatorial. Se reactivó el caso y se centró el foco en la familia rusa. En virtud de ello se decretó la orden de extradición en 2015. En septiembre de ese año los Kokorev, tras su extradición desde Panamá a España, entraron en prisión.
"No hay ningún indicio suficiente de que haya existido malversación de caudales públicos o sobornos relacionados con petroleras que operan en Guinea Ecuatorial y de que ese dinero haya acabado en la sociedad de Vladimir Kokorev", inciden fuentes de la defensa, que critican "cómo es posible que una asociación de derechos humanos pida que siga la presunta vulneración de derechos humanos por unas condiciones de prisión preventiva que pueden ser ilícitas".
Los Kokorev se preguntan por qué esta asociación vulnera "un derecho tan fundamental en sus manifestaciones como el de la presunción de inocencia", al tiempo que cuestionan la actuación "insensible" de esta ONG ante la situación en prisión preventiva de Vladimir Kokorev, "un anciano enfermo, cuando incluso en el caso de presos condenados y con leves molestias estas asociaciones piden rápidamente la salida de la cárcel y la aplicación de otras medidas".
Respecto a las críticas de la ONG sobre que los Kokorev acuden al Parlamento europeo para "tratar de presionar a la Justicia española", la familia reprocha el proceder de la asociación por poner en duda el papel de esta institución "como último bastión en la defensa de los derechos primarios de las personas".
