Han transcurrido casi dos años desde que se constituyó, en abril de 2016, la comisión para modificar el sistema electoral canario en el Parlamento regional y el debate, lejos de cerrarse, continúa abierto. Todos los partidos mayoritarios ya andan haciendo cábalas aritméticas sobre posibles pactos de cara a las elecciones de 2019 con las propuestas que están sobre la mesa para cambiar el actual sistema. De esta comisión surgen dos proposiciones: la bajada de las barreras electorales, en la que puede haber consenso, y el aumento de 60 a 70 diputados en el Parlamento regional, distribuyendo los nuevos escaños con la aplicación de lo que denominan el "colegio de restos", iniciativa que rechazan CC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), porque rompe la triple paridad electoral y beneficia a las islas con mayor población, Gran Canaria y Tenerife.
A esta oposición se suman la mayoría de los presidentes de los cabildos de las islas periféricas gobernadas por ambas formaciones: La Gomera (ASG) y El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote (CC). Junto a ellos se posiciona Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife. Aunque supuestamente este aumento de diputados va a beneficiar a su isla, sostiene que generará tensiones "innecesarias" porque deja un escenario similar al actual y significará un coste adicional al incrementarse el número de parlamentarios.
Aplicando los criterios de la rebaja de los topes electorales y el aumento de escaños a los resultados obtenidos en las elecciones de 2015, Tenerife obtendría cinco de los nueve diputados -el décimo va directamente a Fuerteventura por el incremento de su población- y cuatro Gran Canaria. CC seguiría siendo la primera fuerza política.
Por contra, el PSOE, PP, Nueva Canarias y Podemos argumentan que la ampliación del número de diputados es una propuesta de mínimos, pues acuñaban fórmulas más ambiciosas, si bien sostienen que apoyan esta medida en aras del consenso acordado inicialmente. Defienden que, con ella, se mantiene la representatividad actual de las islas periféricas, se mejora la proporcionalidad de las que tienen mayor población y se comprometen a establecer medidas de ahorro en el Parlamento para que los nuevos diputados tengan un coste mínimo.
Si no se logra el consenso en las Islas, estas formaciones amenazan con cambiar el sistema electoral en el Congreso en el seno de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que se debate a en la Cámara Baja y en donde tienen mayoría. Contarían además con Ciudadanos. Pero ni en el Congreso están todos de acuerdo con esta propuesta pues el partido de Albert Rivera aboga por no incrementar el número de diputados.
Sobre la reforma electoral, el presidente regional del PP, Asier Antona, dijo ayer que la posición del PP es que la norma "no puede enfrentar a unas islas con otras, que requiere de mucho consenso y diálogo, de que todos se sientan cómodos con ella viva donde viva y sea de donde sea". Tras la Junta Directiva Regional celebrada en Fuerteventura, Antona subrayó que en Canarias hay que "quitar tensión en la vida política", porque no se trata de "unas islas frente a otras o un sistema como el de la triple paridad frente a otros". "Lo importante es que con la reforma que se haga todos se sientan cómodos, milite en el partido que milite, porque o es una reforma de todos o saldrá coja y, si fuese así, sería una mala reforma", apuntó Antona. El dirigente popular calificaría de "fracaso" si en esta reforma "todos no se pusieran de acuerdo" en Canarias, e insistió en que debe aprobarse en las Islas, pues "deben ser protagonistas de ese cambio".
Propuestas de reforma
Los partidos apoyan la rebaja de los topes electorales del 30% al 15% en los votos emitidos a nivel insular para acceder a la Cámara canaria, y del 6 al 3% en el ámbito regional. En esta proposición no tiene por qué haber problemas, aunque el PP formula ahora una bajada del 5%. La segunda propuesta viene a recoger las solución planteada por la plataforma ciudadana Demócratas para el Cambio para una mayor representatividad territorial, y es la que genera fricciones. El PSOE, PP, NC y Podemos apoyan aumentar en diez diputados el número de representantes de la Cámara canaria y repartirlos mediante el colegio de restos. Se trata de utilizar los votos que sobran a los partidos tras el cómputo para obtener escaños o los de las formaciones que no han podido superar los topes electorales, como es el caso de Ciudadanos, que logró 54.375 sufragios en 2015, el 5,84% de los votos a nivel regional, y no obtuvo parlamentarios al quedarse a las puertas del 6% regional, cifrado en torno a 54.900 votos. Se calcula que en 2015 sobraron 173.000 votos porque no obtuvieron representación parlamentaria. Mientras en Tenerife hacían falta 60.441 votos para lograr un diputado, en El Hierro bastaban 3.537 (los dos casos extremos).
Islas con más población
Todos los partidos se comprometieron a buscar fórmulas de "consenso" para reformar el sistema electoral a través de una ley en el Parlamento canario antes de las elecciones de 2019, partiendo de un acuerdo inicial para que las islas periféricas no perdieran representatividad y se mejorara la proporcionalidad poblacional. Con el aumento de diputados y el colegio de restos se prima a Gran Canaria y Tenerife, que son las que concentran la mayoría de los votos sobrantes por su mayor población. Al aplicar la Ley de D'Hondt junto a la rebaja electoral, los nueve escaños van a parar a ambas islas. Con los resultados de 2015, Tenerife se llevaría un diputado más que Gran Canaria - cinco la isla occidental y cuatro la isla oriental- aumentarían los parlamentarios de CC, PSOE, Podemos y PP y entraría Ciudadanos por la bajada de las barreras.
La primera fuerza política seguiría siendo CC, la segunda el PSOE y la tercera el PP y serían similares la mayorías que surgieran, dado que la suma de los distintos grupos obtendrían resultados parecidos. No obstante, todas las formaciones tienen claro que el escenario político en 2019 va a ser muy diferente al de 2015. Según las encuestas, Ciudadanos subiría en votos y entraría con fuerza en la Cámara canaria, en detrimento del PP.
Romper la triple paridad
Con el aumento de diputados se rompe la triple paridad electoral que, para las islas periféricas, es una salvaguarda de su representación territorial. La triple paridad, que funciona desde la etapa democrática, supone igual representación entre Gran Canaria y Tenerife (15 diputados cada una), igual número de diputados (30) por cada provincia, e igual número de parlamentarios en la suma de Gran Canaria y Tenerife y las restantes islas (30 y 30). Con el sistema actual, los nueve diputados van a las islas con mayor población y, por tanto, 39 serían para Gran Canaria y Tenerife y 31 para las cinco restantes
Coste de nuevos diputados
Los diez diputados supondrían un coste de 2,3 millones de euros por legislatura. El sueldo de un diputado raso es de 50.000 euros y el gasto por dietas se cifra en 9.000 euros anuales, lo que significaría 590.000 euros al año y 2.360.000 euros por legislatura. Las cuatro fuerzas proponentes argumentan que con medidas de ahorro en el Parlamento tendrán coste cero. Muchos se preguntan por qué en vez de subir no desciende el número de diputados.
