La instrucción del caso grúas parece no tener fin. La investigación sobre supuestas irregularidades en la intervención en el servicio de retirada de vehículos de la vía pública en La Laguna y la aprobación de un préstamo de 120.000 euros a la empresa que se hizo cargo del mismo en 2014, Autogrúas Poli S.A., siendo alcalde el actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, sufrió ayer un nuevo frenazo por un anónimo aviso de bomba que obligó a aplazar la declaración de los dos asesores contratados por el consistorio para salvar los reparos del interventor municipal a la operación. La magistrada Celia Blanco aplazó las testificales de los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Villar y Francisco Clavijo al próximo miércoles 14 de febrero.
El proceso, pues, se alarga y este episodio se suma al sobreseimiento y archivo en junio de 2017 de la denuncia interpuesta unos meses antes por dos de los grupos de la oposición en el consistorio lagunero -Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC- tras no apreciar delito alguno; a la decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de anular el fallo de la juez y ordenar reabrir la causa; el planteamiento de Blanco de inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la condición de aforado de Clavijo y finalmente la decisión de la Sala de lo Penal del TSJC de no tomarle declaración y que sea la titular del Juzgado de Instrucción número dos de La Laguna la que siga con la investigación.
En el capítulo de ayer, la declaración se suspendió cuando Francisco Villar que estaba citado para las 09:30 horas, llevaba ya dos declarando. Sobre las 11:30 la Policía Nacional accedió al inmueble y procedió a su desalojo, después de que una llamada telefónica alertara sobre la presencia de una posible bomba en la administración de justicia. La actividad se retomó en torno a la 13.00 horas.
Según pudo saber este periódico, durante su exposición a la juez Villar se ratificó en las conclusiones del informe que sirvió para que el consistorio asumiera el control del servicio público. Así, el catedrático de la ULL aseguró que elaboró su informe, en colaboración con su compañero Francisco Clavijo -cuya declaración estaba prevista para las 10:30 horas-, en base a tres documentos: los pliegos de condiciones del servicio, el informe de los interventores municipales en los que ya se nombraba la figura del préstamo y los reparos que elaboró el interventor Gerardo Armas.
Armas había emitido en 2014 un reparo por la propuesta formulada de dar un anticipo a la concesionaria, ya que esto "carecía de fundamentación jurídica porque el anticipo propuesto carecía de cobertura legal", y se debía buscar otra fórmula al tratarse de una concesión a un servicio público.
Asimismo, Villar aseguró que elaboró el documento, por el que cobró unos 4.100 euros, sin conocer la situación de la concesionaria -que sumaba deudas por unos 587.000 euros, de los que 116.900 euros correspondían a organismos públicos y más de 200.000 euros al pago de las nóminas-, ya que desde el área de Seguridad Ciudadana le habían pedido "un supuesto teórico", aunque destacó que en caso de tener conocimiento de la situación económica de la concesionaria su informe hubiera sido el mismo.
Villar subrayó además que el informe fue solicitado por técnicos municipales, por lo que no hubo intermediación ni de Clavijo ni de José Alberto Díaz.
Además, el experto de la ULL informó durante su declaración de que el préstamo que concedió el Ayuntamiento a Autogrúas Poli se podía emitir al contar con tres garantías: la fianza, las facturaciones externas y los bienes inmuebles de la empresa concesionaria.
El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, señaló ayer que su formación ha solicitado en dos ocasiones las facturas sobre el gasto del Ayuntamiento de La Laguna en el informe que elaboraron los catedráticos de Derecho Administrativo de la ULL, sin haber obtenido aún respuesta. En este caso, aunque ayer se dio a conocer que Villar cobró 4.100 euros por su trabajo, aún no se ha dado a conocer el coste total de la elaboración de este informe. Hay que tener en cuenta que este contrato se llevó a cabo a través de la Fundación General de la ULL (Fgull), en base a los convenios de colaboración que existen entre ambas instituciones, por lo que esta última también cobraría un porcentaje.
Durante la jornada de ayer otro aviso de bomba tuvo lugar en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, aunque en este caso la actividad ordinaria no se vio interrumpida.
