Amante de España y África, el empresario Vladimir Kokorev, de 63 años, se dedica estos días a pasear por Las Canteras y a leer, aunque no más de quince minutos seguidos, pues se le nubla la vista y le da jaqueca. Tras 28 meses entre rejas sin ser juzgado, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas decretó el 19 de enero su inmediata puesta en libertad provisional sin fianza. Ese mismo día salió del centro penitenciario Las Palmas II, en Juan Grande, rumbo a su piso de 90 metros cuadrados con vistas al Atlántico. Acusado de actuar como presunto testaferro del dictador guineano, Teodoro Obiang, Vladimir Kokorev tiene prohibido salir de la isla, se le ha retirado el pasaporte y debe comparecer semanalmente en los juzgados para firmar.
Tras la caída de la antigua Unión Soviética, decidió aparcar su vida como diplomático y traductor en el Kremlin para trasladarse a España con su mujer, la periodista Yulia Maleeva, y sus dos hijos, Vladimir e Igor. En 1994 fijaron su residencia entre Madrid y la capital grancanaria, donde el patriarca desarrolló su actividad como empresario en el sector naviero. Se lanzó en un negocio de compraventa de barcos y reparaciones navales, con relaciones, entre otros países, con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Además, prestó servicio de mantenimiento y reparación en el puerto de Malabo.
Antes de constituir en 1998 la mercantil Kalunga, Vladimir Kokorev ejerció como manager general para la empresa Tegsa en Guinea Ecuatorial y también fue socio comercial de la cadena de supermercados Martínez Hermanos, en la gestión de compra y distribución de pescado congelado y adquisición de equipamiento para las operaciones del grupo en dicho país africano, según la información recogida en el sumario, cuyo secreto se levantó en febrero de 2017.
Con todo, la investigación sobre los Kokorev arrancó en octubre de 2009, tras una querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en Guinea Ecuatorial. El juez Baltasar Garzón la remitió a Las Palmas de Gran Canaria, por ser la ciudad donde se recibieron las transferencias desde el Banco Riggs de Estados Unidos (que ya no existe). En concreto, se transfirieron más de 22 millones de euros desde las arcas públicas guineanas a la cuenta de la mercantil Kalunga Company, propiedad de los Kokorev, cuya actividad empresarial está bajo sospecha. Los investigadores consideran que en torno al clan se creó un entramado de sociedades pantalla en beneficio del mandatario guineano, supuestamente mediante el lavado de fondos a través de la adquisición de numerosas propiedades.
En septiembre de 2015, el empresario, su esposa y su hijo Igor fueron arrestados en Panamá y extraditados a España -escoltados por seis agentes- por orden de la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria, Ana Isabel de Vega, quien ordenó su prisión preventiva. Los tres estuvieron separados en módulos carcelarios diferentes en Juan Grande. En agosto de 2017, la jueza decidió prorrogar dos años más su encarcelamiento, dada la complejidad de la investigación.
Sin embargo, la familia hispano-rusa ha defendido siempre la legalidad de sus negocios y acusan a la Policía de armar el caso con pruebas falsas. Es más, sus letrados, que han insistido en la maltrecha salud de Vladimir Kokorev -que sufre diabetes y problemas cardíacos-, han llevado el caso hasta el Parlamento Europeo, que en febrero de 2017 solicitó explicaciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la demora del caso y seis meses más tarde instó a España a revisar el caso Kokorev. La Eurocámara anunció entonces su intención de dirigirse a la Fiscalía General del Estado, al CGPJ y al Defensor del Pueblo para que se manifiesten sobre la presunta violación de derechos fundamentales en la aplicación abusiva de la figura de la prisión provisional y la prórroga del proceso, medida excepcional. Asimismo, el Comité de Peticiones de la UE está pendiente de tramitar la fecha para oír y dar amparo a Vladimir Kokorev.
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas dictó a finales de septiembre la libertad provisional de Yulia Maleeva y rebajó de dos millones a 600.000 euros la fianza impuesta por el juzgado instructor a su esposo. Su hijo Igor quedó en libertad un mes después.
La Sala revocó el 19 de enero otro auto de la jueza y acordó la libertad sin fianza de Vladimir Kokorev. En su resolución, señaló que la prórroga de la prisión podría vulnerar el derecho a la libertad previsto en la Constitución y en la Convención Europea de Derechos Humanos, al resultar "desproporcionada".
La Audiencia reconoce que el desenlace de esta causa "se encuentra aún lejano en el tiempo". "La finalización de la instrucción en modo alguno se vislumbra", admite la Sección Sexta en su escrito. A la espera de juicio, Vladimir Kokorev disfruta de su nieta Ellie, que nació cuando él estaba en prisión y a la que sólo había visto en fotografías.
