La auditoría sobre la gestión de Morales en Agüimes llega a la Fiscalía

El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre las irregularidades detectadas en la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Agüimes en el ejercicio 2013, cuando el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, era alcalde del municipio del Sureste, llega a la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Una denuncia registrada el pasado 12 de marzo pide al Ministerio Público la apertura de diligencias indagatorias "respecto a la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de efectos públicos", por el que "fuere alcalde" del consistorio de Agüimes. De hecho, el escrito precisa que "la persona contra la que se dirige la presente denuncia ha sido alcalde electo del municipio de Agüimes desde 1987 y 2015" y el informe de la Audiencia de Cuentas se circunscribe al año 2013.

Graves deficiencias

En la denuncia consta que tras conocer la publicación de un informe sobre a "la gestión de las cuentas municipales del Ayuntamiento de Agüimes emitido por el Tribunal de Cuentas de Canarias", en el que se aprecia "una serie de graves deficiencias de las que se desprende la posible comisión de delitos de grave trascendencia pública", se requiere "la realización de una actividad indagatoria por parte del Ministerio Fiscal".

Según la denuncia, las irregularidades contables, financieras y en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos detectados por el órgano auditor de la Comunidad Autónoma "podrían revestir de carácter delictivo." Señala que del documento fiscalizador de la Audiencia de Cuentas se deduce la existencia de cuentas corrientes, de titularidad municipal, "ocultas en la contabilidad de la corporación".

En el escrito a la Fiscalía se precisa que la Audiencia de Cuentas tuvo acceso a las cuentas "no por la colaboración" del Ayuntamiento sino porque los auditores fueron informados directamente por las entidades financieras. En concreto, la denuncia reproduce las trece cuentas sobre las que la Audiencia de Cuentas detecta irregularidades. Expone que "dichas cuentas no comunicadas en la contabilidad municipal presentan además la peculiaridad de que no cumplen con el régimen legal, es decir, firma mancomunada del tesorero, del interventor y del alcalde (o sustituto), mientras que las operaciones de dichas cuentas corrientes se efectúan de manera mancomunada por dos de los tres autorizados, no precisándose en el informe -de la Audiencia- si esas personas son las legalmente establecidas o bien son otras".

Fines ilícitos

Del análisis de las conclusiones del informe, prosigue la denuncia ante la Fiscalía, "se puede deducir que dichas cuentas corrientes ajenas a la contabilidad podrían haber sido empleadas con fines ilícitos, no dándose por la corporación local los razonamientos lógico-legales en las alegaciones respecto a dichas irregularidades contables que permitieran validar las salvedades del informe". Por ello, "se puede concluir-subraya el escrito- que la existencia de cuentas bancarias paracontables, es decir que no constan en los libros, supone una suerte de caja b o cuentas b, que precisa una investigación detallada para dilucidar dónde se encuentran los fondos y a qué fin han sido destinados".

El escrito ante Fiscalía indica que "se desprende indiciariamente que en el seno de la corporación municipal", dirigida en esa época por Antonio Morales, "se ha realizado una actividad administrativa paralela y oculta que determina el carácter delictivo de dichas conductas". La denuncia sugiere que "resulta más que pausible que una profunda investigación de la policía judicial haga aflorar la existencia de más cuentas o que pueda señalar el origen o destino de los fondos posiblemente distraídos".

Sobre los contratos irregulares, concretamente seis expedientes detallados en el informe de la Audiencia de Cuentas, "en ninguno se emplea el procedimiento legal ordinario", subraya la denuncia, "sino que, por el contrario, se emplean procedimientos especiales, negociados sin publicidad o abierto sin que se justifique la necesidad u oportunidad de la adopción de dichos procedimientos".

Los contratos presentan graves deficiencias en la fiscalización previa y autorización de gastos, algunos muestran pagos indebidos y facturas más allá del plazo de ejecución y la gran parte son sin publicidad, algo que "se emplea de forma habitual" en la corporación, añade la denuncia, que formula que "siguiendo las instrucciones" del exalcalde de Agüimes "se adjudicaban contratos desde el más absoluto oscurantismo, lo que impedía la concurrencia de otros empresarios distintos a los adjudicatarios, lo que llevaba a la consecuencia lógica de un incremento de los costes que abonaba la corporación por las obras o servicios en claro detrimento del interés general".

Ante ello, expone que "una hipótesis válida de tales hechos es considerar que el que fuera alcalde en aquella época, utilizando desviadamente los procedimientos administrativos o favoreciera a personas afines, penalizara personas no afines o incluso recibiera dádivas de los primeros".

Además, el "régimen de secreto" en las adjudicaciones "determina que las arcas municipales se hayan visto mermadas con contratos que no han sido sometidos a un régimen de pública concurrencia, resultando, tras una investigación, más que factible que los adjudicatarios de dichos contratos hayan podido abonar comisiones ilegales por la obtención de los contratos".

Por todas estas circunstancias, la denuncia concluye que se ha de hacer una "profunda labor indagatoria con relevancia penal", porque las incidencias detectadas por la auditoría son indicadores de "una serie de conductas delictivas tendentes a malversar fondos públicos, distraer fondos y obtener comisiones por adjudicaciones de contratos".