Los magistrados, jueces y fiscales están hartos. Claman mejoras en la Administración de Justicia, reforzar su independencia y más medios y advierten de que, si sus reivindicaciones para ofrecer a los ciudadanos un servicio con eficacia y calidad no son atendidas, irán a la huelga el próximo 22 de mayo. Este jueves han iniciado el calendario de protestas. Plantean paros parciales una hora todos los jueves y una gran manifestación el 14 de abril en Madrid.
Las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y las tres de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- de toda España convocaron concentraciones este jueves frente a las sedes judiciales para elevar la voz y plantear sus demandas. Reprochan al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Consejo General del Poder Judicial que no hayan atendido las propuestas para la mejora de la Justicia que solicitaron en un documento suscrito hace nueve meses.
Cerca de un centenar de togados se manifestaron en el exterior de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, una imagen poco usual, ya que se trata de un gremio que "no suele formar alharacas, pero es que el trato que se da a la Justicia es realmente vergonzoso", por lo que han dado un puñetazo sobre la mesa y se han visto obligados a salir a la calle, admitió la magistrada Elena Corral, portavoz de Foro Judicial Independiente, que advirtió: "Acabaremos haciendo huelga porque no nos hacen caso".
El magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González Prieto, y la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, leyeron un manifiesto consensuado entre todas las asociaciones, que contempla más de una veintena de medidas a implantar mediante un plan global a desarrollar en los próximos años.
El representante de la asociación Francisco de Vitoria, José Antonio Morales, mostró su satisfacción por la respuesta de sus compañeros a la protesta, que persigue la adecuación de cargas máximas de trabajo y una mejora en general de la Administración de Justicia, con un expediente digital realmente eficaz, con una dotación de medios adecuada, con un reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, mediante la elección directa de los vocales de procedencia judicial a través de sufragio universal y directo por parte de los miembros de la carrera judicial y recuperar el nivel retributivo que perdieron en el año 2010, entre otras peticiones.
Para Carla Vallejo, portavoz de Jueces para la Democracia, la protesta marca un punto de inflexión ante la unión de jueces y fiscales "para reivindicar la dignificación de la función jurisdiccional, que es dignificar el Estado de Derecho".
"Llevamos muchos años reclamando mejoras estructurales, garantías en la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que no se han puesto de manifiesto", avanzó.
"Ha llegado el momento de decir que queremos trabajar con la mayor dignidad posible y no olvidar que en lo que se refiere a la Fiscalía jamás hemos vivido una Fiscalía con tan poco peso institucional como el que se ha producido en los últimos años, ya que va cada vez decreciendo más como consecuencia de que nos faltan los medios suficientes para poder actuar con la diligencia y dignidad que merece la ciudadanía", aseguró Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales.
Mientras que el delegado de la Asociación de Fiscales, Miguel Hernández, insistió en que "es importante que la ciudadanía sepa que todas las medidas que se reclaman son fundamentalmente para prestar un servicio público de calidad y adecuado a las demandas de la ciudadanía".
