Más de 200 pescadores, la mayoría de ellos canarios, fueron víctimas de ataques del Frente Polisario por faenar en el banco sahariano entre 1977 y 1987. La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que excluye las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, y la escalada de tensión auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria vuelven a poner en la palestra la huella del Polisario en las Islas.
El representante del movimiento independentista saharaui ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ahmed Bujari, que falleció el martes, "hizo mucho daño a muchas víctimas canarias", afirmó ayer la presidenta de la Asociación de Víctimas Canarias del Terrorismo (Acavite), Lucía Jiménez, hija de uno de los operarios de Fos Bucraa, empresa española radicada en el Sáhara Occidental, víctima de bomba en un atentado del Polisario a finales de los años 70.
Jiménez describió a Bujari como "un representante polisario millonario más que vivió a cuerpo de rey por el mundo, que escapó de la Justicia española y se le dotó de impunidad en detrimento de las víctimas canarias asesinadas, secuestradas, heridas y desaparecidas por los atentados terroristas cometidos por el Frente Polisario".
Desde finales de la década de los 70 fueron frecuentes los abordajes a barcos españoles, especialmente desde que en 1976 España abandonó el territorio saharaui.
Mencey de Abona, Santa Ana, Gargomar, Magamuda, Cruz del Mar, Génesis, Santa Ana, Junquito, Terranova y Las Palomas son sólo algunos de los nombres de las embarcaciones que padecieron los "ataques" del Polisario y "sembraron el terror", según Acavite, que recuerda que los terroristas han golpeado a las Islas sesgando vidas en aguas del Sáhara.
El 17 de febrero de 1977 España y Marruecos cerraron un acuerdo de pesca que alcanzaba la costa saharaui. Este protocolo fue el inicio de las tensiones y ya en abril del mismo año el Polisario reivindicó los ametrallamientos del pesquero Pinzales y Puerto de Naos, en los que hubo heridos. Ése sólo fue el comienzo de una década negra de la pesca canaria.
En noviembre de 2015, 40 años después de los Acuerdos de Madrid que acabaron con la presencia de España en su antigua colonia, el Ministerio de Interior condecoró a las víctimas canarias de los actos terroristas del Frente Polisario, el movimiento de liberación para la independencia entonces de España y desde 1976 de Marruecos, y del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac).
Ésa fue la primera vez que el Estado rindió honores a "caídos y heridos en atentados en el banco pesquero canario-sahariano o en los yacimientos de fosfatos de Bucraa, así como del Mpaiac", señalan desde Acavite.
La asociación reclama una ley canaria de víctimas del terrorismo, tal como ya existe en casi todas las comunidades autónomas y complementaria a la nacional. Si bien hay una proposición no de ley, la organización reclama un proyecto de ley con ficha financiera, reglamentación y que incluya sus demandas.
La Cámara regional aprobó por mayoría en un pleno a mediados de diciembre de 2015 la proposición no de ley, presentada por el PP, por la que se instaba al Gobierno de Canarias a iniciar el proceso que trajera a debate del Parlamento la ley canaria de reconocimiento, reparación y atención de las víctimas del terrorismo. El texto salió adelante con el apoyo de CC, PSOE y PP y con el rechazo de Nueva Canarias y Podemos, que se descolgaron del amparo a las víctimas del terrorismo.
Desde entonces Acavite lamenta que la iniciativa ha quedado en el olvido.
Ya en la pasada legislatura se barajó un borrador de proyecto de ley de víctimas del terrorismo, que al final no fue objeto de debate parlamentario.Huidos de la justicia
Huidos de la justicia
El Frente Polisario está en el punto de mira. La Audiencia Nacional citó en noviembre de 2016 al presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en los territorios del exilio de Tinduf (Argelia) y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf.
La querella fue interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y tres víctimas contra veintiocho miembros del Frente Polisario y altos cargos del Gobierno argelino. Fue admitida a trámite en noviembre de 2012 por el entonces titular del Juzgado, Pablo Ruz.
Sin embargo, desde entonces la causa se ha archivado en dos ocasiones por la imposibilidad de localizar a los querellados.
La justicia española no ha conseguido citar a Brahim Ghali, para que preste declaración, ya que se desconoce su paradero.
El dirigente saharaui Brahim Ghali resultó elegido en julio de 2016 para suceder a Mohamed Abdelaziz, quien falleció el 31 de mayo del mismo año en una clínica de Estados Unidos a causa de un cáncer de pulmón, tras 40 años en el poder.
Ghali pertenece al ala radical del Polisario. Fue hombre de confianza de Abdelaziz y antiguo embajador del movimiento en España (1999-2008) y en Argelia (2008-2015).
A principios del pasado febrero Brahim Ghali, nombró como nuevo primer ministro de la RASD a Mohamed Ouali Akeik, que era ministro de Asuntos de las Zonas Ocupadas y de la Diáspora y anteriormente fue jefe de seguridad de la RASD.
Miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Akeik sustituyó a Abdelkader Taleb Omar. El nuevo primer ministro es un histórico de la lucha de liberación del pueblo saharaui, por la que estuvo un año preso en España.
Con 24 años fue detenido el 6 de noviembre de 1974 en El Aaiún, acusado de formar parte del grupo que atentó el 16 de octubre contra la cinta transportadora de Fos Bucraa. Por este suceso, permaneció un año entre rejas en Gran Canaria, junto con otros seis jóvenes independentistas saharauis.
