Han pasado ya cerca de 60 años desde que la llegada al poder de Fidel Castro trajera consigo una política de expropiaciones y nacionalizaciones que golpeó también a muchos canarios que habían emigrado a Cuba en busca de una vida mejor. Hoy, cuando el próximo agosto se cumplirán exactamente 58 años desde que en verano de 1960 comenzaran las expropiaciones -que en muchos casos tuvieron más de confiscaciones que de expropiaciones propiamente dichas, ya que no medió justiprecio alguno-, las muchas familias isleñas de aquellos inmigrantes comienzan a organizarse y a prepararse para una incierta batalla legal transoceánica con el objetivo de recuperar los bienes de sus ascendientes o, al menos, de resarcirse de lo ocurrido y cerrar las heridas que les dejó la convulsa década de los sesenta en la isla caribeña tras el derrocamiento del régimen del dictador Fulgencio Batista.
En España es la empresa 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales la que lidera un proceso en el que lleva trabajando alrededor de diez años y al que desde entonces vienen sumándose cada vez más afectados a lo largo y ancho del país. En la firma, cuyo objeto social es la recuperación de los bienes inmuebles expropiados en Cuba en los primeros años del castrismo, en concreto en el trienio 1959-1962, calculan que las familias que sufrieron expropiaciones o confiscaciones y que ahora tienen la posibilidad de recuperarlos o de obtener la debida compensación superan ligeramente el millar, de las que, como poco, más de un centenar son hogares del Archipiélago. En cualquier caso, desde la sociedad puntualizan la dificultad que supone fijar una cantidad exacta de afectados tratándose de unos hechos que se remontan a varias décadas atrás y de los que muchas familias ni siquiera quieren hablar.
En 1898 CRP representan ya a algo más de 400 titulares de inmuebles en la Cuba anterior a 1959, es decir, titulares de inmuebles que estuvieran inscritos en el Registro de la Propiedad de la isla caribeña desde antes de ese año. La gran mayoría de esos 400 clientes son familias y entre ellas hay muchos hogares asturianos y gallegos, si bien son una quincena las familias canarias que se han interesado por la labor de la compañía y varias de ellas ya están siendo representadas por la firma con sede en Madrid, Barcelona y Miami, ciudad estadounidense que no por casualidad ha sido rebautizada como la pequeña Cuba. Según explica el director general de 1898 CRP, Jordi Cabarrocas, el patrimonio que reclaman sus representados tiene un valor medio de entre siete y ocho millones de dólares americanos, entre 5,7 y 6,5 millones de euros.
Aunque Cabarrocas reconoce abiertamente que nunca pensaron llegar a una cifra tan importante de representados -a cuya disposición su empresa pone los servicios legales, técnicos y documentales necesarios para reclamar el patrimonio expropiado a cambio del 30% del valor de lo que se consiga recuperar, y solo si se consigue recuperar-, igualmente hace un llamamiento a la unidad de tantas familias como estén en condiciones de reclamar. "Hay que superar el escepticismo, y también las dudas que se dan en las mismas familias; todos tenemos familia y a veces los sentimientos juegan malas pasadas y si tú vas de blanco, yo voy de negro y da igual lo que digas", expone el empresario, que ahonda en la situación que atravesaron muchos españoles, en general, y canarios, en particular, después de que el primer gobierno de Fidel Castro pusiera en práctica su agresiva campaña de expropiaciones-confiscaciones. "Los Castro hicieron una ley anticonstitucional que nadie llevó a ningún tribunal; la hicieron y dijeron que era legal, y en fin, en un Estado sin separación de poderes pues no hay problema: lo digo yo, y punto. Cometieron una ilegalidad posible en una dictadura. A esa gente, a la que luego se expulsó, se le decía 'oiga, vaya usted al aeropuerto, escoja a dónde, coja el primer avión y váyase'; fue algo brutal y, de hecho, hubo quienes luego no pudieron digerirlo", relata Cabarrocas a partir de las experiencias narradas por sus representados y sus familias. El director general de 1898 CRP hace hincapié en que solo de ese período comprendido entre 1959 y 1962 hay hoy "alrededor de mil, mil y pico" afectados en España y, "sin duda, más de un centenar" solamente en Canarias.
No en vano, la emigración isleña hacia Cuba en el siglo XX fue considerable. La independencia y la importante inyección de capital con origen en los Estados Unidos hicieron de la isla caribeña un lugar propicio para que muchos canarios, muy mayoritariamente hombres, se labraran un futuro.
Al margen de esos despojados y luego expulsados tras la victoria de la Revolución, la emigración canaria fue en general de ida y vuelta, con muchos retornados que tras hacer su particular fortuna en Cuba invertían luego su dinero en su tierra natal. Parte de esos emigrantes se centró en las actividades relacionadas con el tabaco y otra en la caña de azúcar. Entre un 30 y un 40%, según las fuentes que se consulten, acabó por quedarse en la isla definitivamente, y ahí está el origen, grosso modo, de quienes más tarde sufrirían las consecuencias de las confiscaciones. Muchos de ellos llevaban a sus familias a Cuba y otros muchos se casaron allí con las hijas de otros canarios que en su día también dejaron el Archipiélago rumbo el Caribe. Con los ahorros que consiguieron compraron propiedades y hubo quienes prosperaron hacia el comercio, por ejemplo.
En la lista de inmuebles que maneja 1898 CRP figuran desde locales de pequeñas tiendas de ultramarinos hasta hoteles, pasando por muchas viviendas y terrenos. Todos pasaron a manos estatales por decisión del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados que constituyó el propio Fidel Castro. Las confiscaciones, especialmente numerosas y cuantiosas en el caso de particulares y empresas estadounidenses, dieron lugar al embargo del gigante norteamericano, que comenzó en 1960 y que, poco a poco, se iría endureciendo en las siguientes décadas.
Las fotografías que viajaron desde La Habana
- La zona tinerfeña de Anaga, y más concretamente la pequeña localidad de Igueste de San Andrés, fue uno de los lugares del Archipiélago de los que partieron muchos jóvenes rumbo Cuba para buscar mejor futuro. Uno de estos jóvenes de Igueste fue el bisabuelo de María Vera, del que su familia aún conserva muchas fotografías de aquellas que los emigrantes canarios se tomaban orgullosos con los ropajes típicos cubanos de la época en los estudios de La Habana. El bisabuelo de esta tinerfeña fue también de los que perdieron las propiedades -en su caso modestas- en el proceso de expropiaciones que se inició con la creación del Ministerio para la Recuperación de Bienes Malversados. Volvió con lo puesto y en su caso ni siquiera hay documentación, de ahí que no confíen en exceso en las posibilidades de sumarse a la aventura en que se ha embarcado 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales. Hay que recordar que el acuerdo que sellaron España -en la época de Felipe González- y Cuba para dar carpetazo a las indemnizaciones, que el Tribunal Supremo refrendaría después tras el recurso de un afectado, es uno de los principales escollos para los expropiados y sus familias. De su parte están las irrisorias indemnizaciones que ni siquiera se sufragaron, no al menos en su totalidad.
