Alberto Rodríguez, el diputado canario de Podemos, ha insistido esta miércoles en su declaración ante el Tribunal Supremo en su inocencia en relación con la imputación que pesa sobre él por un supuesto delito de desorden público relacionado con un altercado con policías locales el 25 de diciembre del 2016 en La Laguna. La defensa del político canario ha pedido al magistrado Luciano Varela el archivo de la causa considerando que el supuesto delito habría prescrito ya desde el momento en que se produjeron lo hechos, hace más de once años.

Rodríguez aseguró a la salida de su "declaración voluntaria" ante el juez ante el que estaba "muy tranquilo" y que no tenía "nada que esconder. "Es una pena que tenga que estar aquí doce años después de que ocurrieran los hechos, no estoy aquí por falsificar másters, ni por robar dinero público, estoy aquí por defender los derechos civiles de mi hermano ante una agresión", sostuvo el diputado tinerfeño, quien recalcó que "es una pena que con todo el trabajo que tiene el Tribunal Supremo hoy en día con los cientos de casos de corrupción que hay abiertos, estén teniendo que meterse en una cosa de que debería haber sido juzgada en un juzgado ordinario hace ya muchísimo tiempo.

El parlamentario de Podemos confirmó que había reclamado el archivo de la causa dentro de la "dinámica jurídica como otra herramienta cualquiera la vamos a usar en nuestra defensa". "Es una declaración voluntaria. El juez me recordó que podía no haber venido a declarar, pero le dije que no hay ningún problema y que no tengo nada que esconder", afirmó antes de asegurar que tiene plena intención en todo caso de "colaborar con la justicia".

Según recoge el auto de apertura de procedimiento, en la madrugada del día de Navidad de 2006, tras una identificación realizada por la Policía Local de La Laguna en un dispositivo contra el consumo de drogas hubo un "hostigamiento" de Rodríguez y de otros acompañantes hacia los agentes. La causa abierta en el juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia de conformidad respecto a dos de los acusados, dejando pendiente de celebración de juicio contra otras dos personas, una de ellas el diputado de Podemos, que no alcanzaron ningún acuerdo.

Tras la elección de Rodríguez como diputado, la causa pasó al Supremo, siendo el responsable de la instrucción el magistrado Julián Sánchez Melgar. Tras el nombramiento del mismo como Fiscal General del Estado en noviembre pasado, la causa ha pasado a manos de Luciano Varela, ante quien el diputado canario declaró este miércoles.