Las organizaciones y fuerzas políticas antichavistas que trabajan desde España para derrocar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela pidieron ayer al Ministerio del Interior, que dirige Juan Ignacio Zoido, que extreme el celo en el análisis de la solicitud de asilo político de Richard Peñalver, dirigente chavista involucrado en 2002 en el llamado Tiroteo de Puente Llaguno. "Exhortamos a las autoridades españolas a mirar con lupa la solicitud", subrayó ayer Máximo Díaz-Estébanez, coordinador en España de Voluntad Popular, el partido que lidera el opositor Leopoldo López, condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por un supuesto delito de incitación pública a la violencia, en concreto a la que se desató en el conflicto a que dio lugar la macromanifestación de 2014 en Caracas, una condena que ha sido a su vez condenada por numerosos organismos internacionales por ser meramente política.
Peñalver no solo es un conocido dirigente chavista, sino que, además, fue uno de los pistoleros de los sucesos de Puente Llaguno, los mismos que ocurrieron en pleno centro de Caracas durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y en que murieron hasta 19 personas. Peñalver fue acusado después de que unas imágenes de televisión lo descubrieran como a una de las personas que disparaban desde el susodicho puente. Finalmente fue absuelto bajo el argumento de que el grupo no disparaba contra los manifestantes, sino, al parecer, contra policías que se habían unido al intento de golpe de Estado contra el régimen chavista. El Supremo venezolano ratificó la sentencia absolutoria de Peñalver en un caso que las víctimas juzgaron lleno de irregularidades. Con la solicitud de asilo político al Reino de España se garantiza un mínimo de seis meses de estancia en el Archipiélago.
El dirigente chavista, que formalizó su petición en dependencias de Santa Cruz de Tenerife -y no de Puerto de la Cruz, como trascendió inicialmente-, se garantiza una estancia en España y la Comunidad Autónoma por, como poco, entre seis meses y un año, que aproximadamente es lo que tardará en resolver el expediente la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de Interior. El caso, por tanto, está en manos de Madrid y no de la Subdelegación del Gobierno en la provincia tinerfeña. De momento, Peñalver cuenta ya con un volante provisional, según explicaron fuentes policiales, y transcurridos un mes y un día desde la solicitud de asilo le será expedida la tarjeta de solicitante de protección internacional y, en paralelo, se le retirará el pasaporte. A los seis meses, el exponente del ala dura del chavismo podrá trabajar con independencia de que su expediente no se haya resuelto, que es lo más probable teniendo en cuenta los plazos que se manejan en la actualidad, puntualizaron las fuentes consultadas.
Díaz-Estébanez hizo ayer hincapié en cómo Peñalver puede ahora beneficiarse de un Estado de Derecho inexistente, en su opinión, en Venezuela. El representante de Voluntad Popular expuso que a pesar del evidente "malestar" que les ha causado la noticia a quienes luchan contra el régimen de Maduro desde las Islas y España, en ningún caso promoverán acción alguna más allá de exhortar a Interior a llegar hasta el fondo de la petición de asilo precisamente por "respeto" al Estado de Derecho.
"Claro que hay indignación, pero no podemos ser ni comportarnos como aquellos a quienes nos oponemos, porque entonces correríamos el riesgo de ser como ellos; vivimos en un Estado de Derecho y no promoveremos ninguna caza de brujas, no somos iguales", sentenció Díaz-Estébanez, que, no obstante, aseguró no entender que un amigo del régimen pida asilo político.
