Aunque no lo parezca, en España se están celebrando los 40 años de la Constitución de 1978, por la que el país se dotó de nuevas normas de convivencia tras una dictadura de otros 40 años. Las Cortes Generales dieron el pistoletazo de salida a la conmemoración el 1 de enero, activando perfiles en distintas redes sociales cuando aún los españoles dormían la resaca de fin de año. Sobre todo los jóvenes, a los que iba dirigido el arranque de la campaña, con cuentas en Twitter, Facebook e Instagram. Congreso y Senado impulsaron también la puesta en marcha de un blog y abrieron un canal en Youtube. Y anunciaron múltiples actos a lo largo de todo el año, que culminarán el próximo diciembre de 2018.
Que tan entusiasta celebración esté pasando con más pena que gloria es sintomático de lo que ocurre en el país, distraído con otros espectáculos menos lustrosos pero quizá más entretenidos. Entre ellos la lenta degradación de su clase dirigente, empeñada en cruzar todas las fronteras habidas y por haber: desde las jurídicas y morales hasta las territoriales. El caso Cifuentes es la última expresión de este proceso de decadencia colectiva al que la sociedad asiste desde hace años, pero que siempre sorprende con un número que supera al anterior. Un simple vistazo a la más rabiosa (nunca mejor dicho)actualidad es suficiente para comprender el alcance de la crisis de credibilidad de los poderes políticos, judiciales, económicos, mediáticos y ahora también académicos. Crisis que ocurre tanto en los ámbitos nacional como regionales y a la que no es ajena Canarias, que está protagonizando casos de manual de injerencia de unos poderes en otros.
En las democracias actuales, la opinión pública hace caer de sus pedestales a dirigentes aparentemente tan consolidadas como la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y todo ocurre de un día para otro: Cristina Cifuentes entraba hasta hace tres semanas en las quinielas como posible candidata a sustituir al mismísimo Mariano Rajoy, cuando se cruzaron en su camino un máster y la capacidad de influencia de un medio de comunicación. El caso provocó inmediatamente un auténtico escándalo nacional, y un revuelo de gallinero en las filas del PP. Mientras María Dolores de Cospedal arengaba públicamente a los suyos: "Hay que defender a los nuestros", en los pasillos de la convención de Sevilla un alto dirigente conservador comentaba off de record: "Nunca he visto mentir a nadie tan sinceramente".
Cazar a un corrupto es tarea arduo complicada, que requiere tortuosos y dilatados procesos judiciales. Pero ya advierte el refrán que a un mentiroso se le pilla antes. Y aunque bien es cierto que "en España nadie dimite, lo que se lleva es resistir", como comentó con sorna Esperanza Aguirre en plena tormenta, la mentira mina uno de los pilares que sostiene a todo aquel que vive de su imagen pública: su credibilidad. De ahí que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya terminado por desear que "la señora Cifuentes tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final". La "verdad inicial" (no hubo Trabajo Fin de Máster, ni se defendió ante ningún tribunal, ni se formalizó en acta real) parece no convencer ni al ministro ni a Rajoy, que opina que "Cifuentes ya ha dado suficientes explicaciones".
En su estrategia de despejar balones fuera, el PP ha colocado la pelota en el tejado del mundo académico, dejando igualmente sus vergüenzas al aire. El máster de Cifuentes será a la universidad lo que el elefante del rey a la Monarquía: su prueba de fuego. "Gracias Cifuentes. Por fin los españoles hemos tomado conciencia de lo que sucede tras las puertas de la Universidad. Ahora sabemos que en 'la casa del saber' también hay ilegalidad y corrupción", escribió estos días en la prensa nacional el catedrático de Derecho Administrativo, el canario Andrés Betancor. Y explicó en su artículo que "la endogamia universitaria garantiza a los candidatos locales asegurarse su plaza mediante la constitución de tribunales a su medida".
Es pronto para medir el alcance del efecto dominó que la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos tendrá en los restantes centros académicos de España, donde pululan institutos a imagen y semejanza del cuestionado Instituto de Derecho Público. También en las universidades canarias.
Las Islas, de hecho, tampoco escapa de la quema y tienen sus propios casos. Así, lo que ocurre en torno al Juzgado de Instrucción Nº8 representa un ejemplo de manual de injerencia de diversos poderes políticos, empresariales, mediáticos y judiciales. Además de una guerra sin cuartel entre fiscales y jueces conservadores contra fiscales y jueces progresistas. Tramas de la izquierda denunciando a tramas de la derecha, y viceversa. El mismo perro, en fin, con distinto collar: sectarismo ideológico y manipulación y tergiversación de hechos, al servicio de intereses gremiales y/o negocios particulares.
Y conectado a él, el escándalo de la televisión canaria y su concurso de servicios informativos. El pulso en toda regla de un poder mediático a un Gobierno para que, una vez más, le beneficie. Además del arte de boicotear el normal funcionamiento de los órganos de control y de presentar los hechos con una apariencia distinta a la real. Y todo ello con la complicidad, consciente o no, de la oposición parlamentaria.
Visto el nivel de calidad del espectáculo aquí y allá, y sin mencionar siquiera el sainete de las reinas de España y otros desnudos de la Monarquía, no es de extrañar que de las dos comisiones creadas en torno a la Constitución, solo funcione la que tiene por objeto organizar la fiesta de aniversario. La que tenía que afrontar su reforma, para adaptarla a una España distinta a la de hace cuatro décadas, duerme el sueño de los justos. Y eso que ya en 2013 se planteó la necesidad al celebrar los 35 años: "La reforma de la Constitución se va abriendo camino", dijo el entonces líder de PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. Y hasta el propio Rajoy comentó: "No estoy cerrado en banda". Un lustro después, las condiciones son aún más adversas que entonces. Y en el circo del poder siguen creciendo los enanos. Hasta el punto que los españoles observan lo que ocurre en la vida pública con el mismo estado de ánimo que el toro de Máximo. Aquel animal que el dibujante pintó en medio de la plaza, mirando con espanto al público enardecido que asistía a su corrida, y solo acertó a exclamar: "¡Qué país!".
