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El Gobierno deja el futuro de TVC en manos exclusivas del Parlamento

Dávila resalta la autonomía del ente público del Ejecutivo y apunta que son los diputados los encargados de impedir que la televisión pública deje de emitir

Rosa Dávila, flanqueada por los también consejeros Pedro Ortega y Nieves Lady Barreto, ayer.

Rosa Dávila, flanqueada por los también consejeros Pedro Ortega y Nieves Lady Barreto, ayer. JUAN CASTRO

El Gobierno de Canarias no maneja ningún plan alternativo que impida que el primer día de julio la Televisión Canaria quede huérfana de continuidad y, por tanto, se vaya a negro, como se conoce en el argot televisivo la interrupción de las emisiones. La consejera de Hacienda del Ejecutivo y portavoz, Rosa Dávila, explicó ayer que la solución a los problemas que encuentre Radio Televisión Canaria (RTVC) en cualquier aspecto de su funcionamiento debe buscarse en el Parlamento regional, en el que residen la autoridad y la potestad para nombrar a los integrantes del Consejo Rector del medio de comunicación público.

El último día de junio expira el contrato de la productora Viodeoreport Canarias (participada por Inforcasa, editora de Canarias 7) destinado a nutrir los servicios informativos de la televisión pública. La adjudicación lleva aparejada también el mantenimiento de la continuidad de la cadena pública.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el Ejecutivo maneje un plan b que evite la paralización, Dávila señaló que la propia ley de RTVC, "en su artículo quinto", mantiene al Gobierno canario "al margen". Toda la potestad reside en primer término en los diputados que conforman la Cámara regional, que son quienes nombran a los consejeros del ente y estos a su vez eligen de entre ellos al presidente del Consejo Rector.

La norma aludida por la también portavoz del Ejecutivo autonómico se aprobó en los últimos días de 2014. En su artículo quinto detalla la naturaleza jurídica de RTVC y, entre otras cuestiones, señala que goza "de especial autonomía en su gestión" y, por tanto actúa "con independencia funcional respecto del Gobierno de Canarias, de los cabildos insulares y del resto de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias".

La radiotelevisión pública canaria está adscrita a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo solo de forma orgánica y no funcional, tal y como la referida ley indica: "Quedará adscrito orgánicamente al departamento de la Comunidad Autónoma que se establezca por decreto del Gobierno de Canarias, sin que en ningún caso dicha adscripción afecte a su autonomía o independencia".

De ahí que ayer, en la habitual reunión semanal del Gabinete que preside Fernando Clavijo, este tema no se pusiera sobre la mesa. Resulta imposible continuar prorrogando -esa vía está agotada- el contrato a Videoreport. De tal modo que una eventual paralización, por decisión judicial, del procedimiento negociado que el ente aborda en la actualidad, dejaría a la televisión sin continuidad ni contenidos informativos. "Este asunto queda emplazado en el marco del Parlamento de Canarias, donde están los diputados que nombran al Consejo Rector", insistió Dávila.

Además, la portavoz aseguró no tener conocimiento de un informe de la Intervención de la Comunidad Autónoma que obliga a llevar la cuestión al Consejo de Gobierno. Reiteró que el órgano fiscalizador "se habrá dirigido al ente público y corresponde a este responder", ya sea para la producción de contenidos informativos o para que la emisión no se vaya a negro.

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