El Parlamento de Canarias no exige a sus diputados que acrediten los títulos o méritos académicos que dicen poseer y que publican -sin soporte documental- en el sitio web de la Cámara. Y, sin embargo, el propio Parlamento aprobó una ley de transparencia que sí impone esa obligación de acreditar aquello que se afirma tener a, por ejemplo, los altos cargos del Gobierno regional. Una paradoja que ha quedado patente a raíz del caso del presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, que tras estallar el escándalo del máster de su correligionaria de Madrid, Cristina Cifuentes, se apresuró en suprimir de su perfil en el portal de transparencia de la Cámara la mención a un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) que en realidad no tiene. Si Antona fuese alto cargo del Ejecutivo, habría tenido que firmar una declaración jurada, pero como diputado basta, sólo, su palabra.
La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública deja claro que los altos cargos de las consejerías u otros departamentos del Gobierno, como también el personal directivo de las empresas públicas y demás entidades dependientes, deben publicar sus méritos académicos "acreditados".
En su momento, con el socialista Aarón Afonso al frente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, al inicio de la actual legislatura, se decidió optar por la declaración jurada para hacer más ágil el proceso, de modo que el alto cargo que dice poseer el título X firma un documento en el que jura o promete que, efectivamente, tiene el título en cuestión. Una fórmula que evita el papeleo de titulaciones, certificados y expedientes y que, además, genera una responsabilidad legal en caso de mentir. La normativa canaria es, de hecho, una de las pocas que incluye la coletilla "acreditados" cuando habla de los méritos académicos pero no rige para los parlamentarios.
La disposición adicional cuarta de la misma ley especifica que para el caso de la Cámara, su actividad se regirá por la legislación básica estatal y por los "principios" de la normativa canaria, sin ir más allá. Y serán sus propios órganos, señala, los que establezcan en el reglamento de la institución las medidas necesarias para "ajustar" su actividad a la legislación estatal y a esos "principios" de la ley regional. Y para la actividad no sujeta al Derecho Administrativo, como es el caso de la acreditación de las titulaciones, se especifica lo mismo. Esto es, que la transparencia y su "alcance" quedan a lo que decida la Cámara en su reglamento.De momento, el Parlamento no ha considerado necesario que en la información de los diputados deba acreditarse la titulación que estos aseguren poseer. En otras palabras: los parlamentarios hacen constar lo que quieren, como, por otra parte, ha puesto de manifiesto el caso de Asier Antona.
En cualquier caso, ya ayer el grupo parlamentario de Podemos exhortó a la Mesa del Parlamento a valorar la puesta en práctica de los "mecanismos necesarios" para que la Cámara "acredite la información pública relativa a titulaciones académicas ofrecida en la web institucional".Podemos, que ya ha elevado un escrito al órgano de gobierno de la institución que preside Carolina Darias, no está representado en la Mesa -lo están PSOE, PP y CC-, pero al menos ninguno de esos grupos, incluido el popular -donde impera el mutismo respecto al DEA -, se oponía ayer a que se produzca la acreditación de alguna forma, lo que evitaría que la información que se ofrece a la ciudadanía fuera inveraz.
De otra parte, preguntado el presidente de Gobierno, Fernando Clavijo, sobre si se revisarían los títulos de los altos cargos del Ejecutivo lo rechazó. "Nosotros somos de total transparencia, va en la persona".
