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La dirección del PSOE corrige a sus diputados y pide transparencia

Los parlamentarios no se ponen de acuerdo sobre la acreditación de los títulos

La dirección del PSOE corrige a sus diputados y pide transparencia

La dirección del PSOE corrige a sus diputados y pide transparencia

La dirección regional del PSOE corrige a sus diputados y se muestra partidaria de dar transparencia a las titulaciones y currículos de sus cargos públicos y parlamentarios con una declaración responsable donde acrediten que los datos que ofrecen son ciertos. El revuelo creado en las últimas semanas a raíz del caso de Cristina Cifuentes ha puesto sobre la mesa si es necesario o no que los diputados certifiquen sus titulaciones y esta situación ha generado división de opiniones en el grupo parlamentario socialista. Por ahora la decisión de cada diputado es personal a la hora de compulsar su formación académica y el Parlamento tendrá que regular lo que ocurra a partir de la próxima legislatura.

Por el momento no hay una directriz concreta de Ferraz ni de la dirección regional del PSOE para que sus cargos y diputados certifiquen los títulos que dicen poseer hasta que se debata en el seno de la formación. Por eso desde la dirección del grupo parlamentario se da libertad a que cada miembro del mismo haga lo que considere oportuno, aunque sí se tilda de "folclórico" que "la gente se haga una foto con el título" como ha ocurrido en estos días con algunos parlamentarios.

Sin embargo, las discrepancias en el seno del grupo se han acentuado en este asunto. En la reunión de la Mesa del Parlamento celebrada ayer salieron a relucir las diferencias entre la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, y el secretario segundo, Héctor Gómez. Mientras la primera no está por la labor de "alimentar" el circo exhibiendo los títulos y sus acreditaciones, Gómez sí lo ha hecho y es partidario de la máxima transparencia. La posición de Darias contrasta con la de su partido en Madrid, que ha presentado una moción de censura contra Cifuentes por airear en su currículo una titulación inexistente y que el PSOE no considera precisamente un circo.

Fuentes parlamentarias señalan que la Mesa decidió poner el tema en manos de la junta de portavoces ante la iniciativa de Podemos para que el Parlamento exija a los diputados las titulaciones académicas. Por ello, la posición oficial del grupo Socialista es esperar a la junta y que sea una decisión que se realice por consenso para evitar problemas entre los grupos y los parlamentarios.

Reticencias

Sin embargo, las contradicciones entre los diputados socialistas han salido, una vez más, a flote. Mientras Héctor Gómez o Gustavo Matos no han tenido ningún problema en acreditar sus titulaciones, la portavoz del grupo, Dolores Corujo, o la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, se muestran reticentes. Según fuentes parlamentarias, los diputados que no quieren argumentan que no se debe contribuir al show generado tras la polémica por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y los numerosos casos conocidos de cargos y diputados con currículos "inflados" o inexistentes. Las fuentes consultadas advierten que desde la dirección del grupo se ha lanzado a los parlamentarios que no realicen manifestaciones a los medios sobre este asunto para evitar más polémicas y esperar al debate en la Junta de Portavoces. Hay dirigentes socialistas que tildan de "paranoia" lo que se ha instalado en algunos diputados tanto del propio partido como de otras formaciones en torno a la situación creada por el caso de Cifuentes, pero también por la rectificación realizada por el presidente regional del PP, Asier Antona, de su currículo académico.

La posición de la dirección regional contradice las enmiendas que va a presentar el PSOE a la ley de altos cargos de la Comunidad Autónoma, a los que se quiere reclamar que acrediten la titulación que se les exige para detentar la responsabilidad para la que han sido nombrados. La norma entrará en la Cámara regional próximamente impulsada desde el Gobierno canario, aunque se trata de un proyecto de ley cuya redacción inició el PSOE en la primera parte de esta legislatura cuando cogobernaba con Coalición Canaria. La ley sólo afecta a los miembros del Gobierno porque el Parlamento es autónomo y tendrá que decidir en su propio ámbito cómo regula las acreditaciones.

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