La cuenta atrás para el brexit está en marcha y cada vez está más cerca el momento en el que empezarán a concretarse sus efectos sobre los residentes británicos en España y en Canarias, y también sobre los residentes españoles (y del resto de países miembros) en el Reino Unido.
Aunque todavía en plena negociación entre Londres y Bruselas para ver en qué condiciones se produce el definitivo adiós británico al proyecto comunitario, los afectados de ambos lados mantienen toda su preocupación porque pueden perder muchos de sus derechos como ciudadanos de la UE. Entre ellos, el derecho de sufragio para las elecciones municipales, las únicas en las que los residentes extranjeros en cualquiera de los estados miembros pueden votar y ser elegidos como concejales.
Si acuerdos previos no lo impiden, eso ocurrirá ya en las próximas elecciones locales en España en mayo del 2019, porque dos meses antes de esa cita electoral, el 29 de marzo, el brexit será ya una realidad legal y todos los británicos perderán su ciudadanía europea. En ese momento, los 37 de nacionalidad británica que forman parte ahora de distintas corporaciones locales españolas, dos de ellos en Canarias, se encontrarían en una situación política y legal inédita, y su futuro afectado por una gran incertidumbre, porque, de hecho, es posible que puedan perder su acta y se vean obligados a abandonar el cargo y condenados a no poder concurrir a nuevas elecciones.
"Hay una gran incertidumbre, pero lo cierto es que no sabremos cómo va a quedar todo esto hasta que no haya un acuerdo definitivo entre la Unión Europea y el Reino Unido, aunque mi impresión es que los británicos no saben qué es lo que quieren". Así se expresa de entrada Olivier H. Roper, uno de los dos concejales de nacionalidad británica que hay en Canarias. Es edil del PP en el Ayuntamiento de Tías (Lanzarote) y está muy pendiente de ver cómo concluyen las negociaciones sobre cómo hacer efectivo el brexit porque de ello depende el tipo de decisión que adoptará, entre ellas una posible solicitud de la nacionalidad española.
La otra persona en Canarias afectada por esta situación es Deborah Carol Edgington, concejal de Turismo de Antigua (Alternativa Por Antigua) cuyo origen escocés delata de antemano su aversión por el brexit y su malestar por el resultado del referéndum donde se decidió, en junio de 2016. "Estamos perdidos, no sabemos qué va a pasar. El Reino Unido está haciendo unas negociaciones complejas y no sé si alguien está preguntando si mantendremos nuestro derecho a votar y a ser elegidos en las municipales", señala esta escocesa con más de veinte años de residencia en Fuerteventura y que todavía conserva una mínima esperanza de que de algún modo se produzca una rectificación en su país de origen sobre el brexit.
La cuestión ha saltado a la actualidad de la política española a raíz de una iniciativa de Ciudadanos (Cs) presentando una batería de preguntas al Gobierno central sobre la situación de este grupo de concejales y si tiene algún tipo de iniciativa para despejar esas dudas y esa incertidumbre que afecta al colectivo. La iniciativa de la formación naranja denota en todo caso la importancia que tiene en determinadas zonas del país, en especial en las turísticas, el voto 'británico' en las municipales. No en vano, hay una nutrida colonia británica en España de en torno a 250.000 personas, la mayoría localizadas en la costa mediterránea, pero de ellas más de 29.000 en Canarias.
De los 37 ediles británicos electos en todo el país, cifra que supone el 43,5 % de los extranjeros elegidos en las pasadas municipales, una amplia mayoría, 19, lo son por en municipios de la Comunidad Valenciana. Hay otros ocho en Andalucía, y dos en Canarias, Castilla-León, Cataluña y Baleares, mientras que Castilla-La Mancha y Murcia cuentan con uno cada una de ellas. Todos ellos se arriesgan dentro de una año a perder su acta porque podrían pasar a una situación de incompatibilidad del cargo con su nueva condición de extracomunitarios.
Repetir en el 2019
Roper, concejal de Integración y Relaciones con los Residentes del ayuntamiento de Tías, nació en Estados Unidos pero es de nacionalidad británica al ser su padre escocés. No se atreve a pronosticar cómo quedará la situación, pero tiene claro que si el brexit le va a suponer una pérdida de derechos, solicitará la nacionalidad española, porque su intención es repetir en las listas de su partido para las próximas elecciones. Según él, "hasta más adelante no se va a saber exactamente lo que puede pasar". "Hay muchos acuerdos que tienen luz verde. Han acordado una cierta reciprocidad que supondrá de facto que lo que es el día a día para un británico que resida en Canarias o en España no va cambiar tanto. Entorno 70 % de los acuerdos logrados hasta ahora dependen del 30 % que están por decidir, porque no se cerrará nada si no se cierra todo", recalca. Roper cifra en 10.000 británicos presentes en el municipio, y asegura que toda la colonia está muy pendiente de la situación, "con una gran incertidumbre".
"Para los británicos Lanzarote es el Paraíso y la mayoría pueden votar. Hasta que no haya más claridad por parte del Reino Unido no se va a saber qué va a pasar", insiste Roper.
Edgington, la concejala de Antigua, que también quiere repetir en las listas de su partido en 2019, otorga máxima importancia a que los residentes británicos están empadronados porque de ello dependerá el que pueda disfrutar de los derechos que finalmente le reconozcan los acuerdos entre Londres y Bruselas y los que el país que abandona la UE pueda establecer bilateralmente con cada uno de los estados miembros, entre ellos el de mantener sus derechos políticos para las municipales. Esta es la clave para que el brexit no amenace la carrera política de estos ediles.
En la iniciativa de Cs en el Congreso, el diputado Fernando Maura pregunta al Gobierno del PP si tiene prevista "alguna medida concreta" para garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo de los británicos en España y cómo va la negociación para ello tanto en el seno de la UE como desde el punto de vista bilateral con Londres. Además, reclama que la decisión que se tome garantice también los derechos de los españoles en el Reino Unido.
También quiere saber Ciudadanos cuántos británicos han pedido la nacionalidad española desde junio de 2006 y en qué sentido está el procesamiento de solicitudes. En este punto, los concejales canarios de nacionalidad británica tienen impresiones discordantes. Roper cree que "no es una procedimiento complicado" y confía en tener en un plazo razonable la nacionalidad española en caso de que decida solicitarla, mientras Edgington expresa una impresión distinta: "Me he planteado pedir la nacionalidad española, pero ahora es más complejo, hay que hacer un examen, y yo quería hacerlo de forma conjunta con mis hijos pero me han dicho que eso no es posible. El papeleo puede durar hasta tres años", lamenta.
