Los Kokorev, la familia hispano-rusa investigada por ejercer como presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, acusan a la Policía Nacional de alterar pruebas en su contra. Un informe pericial solicitado por el empresario Vladimir Kokorev, principal encausado, revela fallos en la cadena de custodia del material y la manipulación de dispositivos informáticos recopilados durante la investigación, y en especial, de la memoria USB entregada por el testigo Ismael Gerli, exabogado de los Kokorev en Panamá.
El inspector y la subinspectora de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que han llevado toda la investigación, prestaron ayer declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega. Sus comparecencias se prolongaron más de cuatro horas. La defensa de los Kokorev atribuye a los agentes presuntos delitos de falsedad en documento y de infidelidad en la custodia de documentos.
En un primer momento la jueza rechazó entregar a los letrados de los Kokorev las comunicaciones entre Gerli y la Udyco y no había considerado necesaria la declaración de los policías. Sin embargo, la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas revocó tales decisiones.
En ese ínterin la familia presentó en febrero en el juzgado un estudio pericial informático, que desvela supuestas irregularidades en las pruebas por parte de la Udyco. Entre sus conclusiones, el informe apunta que en el tratamiento al pendrive aportado por Gerli "no se han observado las más mínimas normas de preservación de la evidencia digital que son exigibles en aras de mantener una adecuada cadena de custodia". "No hay garantías de autenticidad ni de integridad" de dicho dispositivo, aseguró Antonio José García, abogado de los Kokorev.
De hecho, en el dispositivo original fueron localizados "tres archivos en formato Word creados, manipulados y guardados de manera directa por la Policía después de que la unidad fuese aportada por Gerli". Los agentes reconocieron ayer que habían alterado los metadatos de algunos materiales informáticos, pero alegaron que no profanaron "la parte procesalmente trascendente de la prueba".
Respecto a otras pruebas informáticas recopiladas admitieron que no se había cumplido el protocolo de actuación en el precinto de los dispositivos en los que se basan para mantener la acusación contra los Kokorev, indicó el abogado Álvaro Campanario.
Este giro en el caso puede ser determinante para la nulidad de toda la prueba informática. Ello coincide con un escrito del Parlamento Europeo que remite a los Kokorev a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, competente para "realizar investigaciones judiciales o revocar decisiones de los tribunales de los estados miembros". Los Kokorev recurrirán a esta vía para denunciar vulneraciones procesales y de derechos fundamentales.
