Casi sobre la bocina. Los seis grupos parlamentarios lograron ayer in extremis una postura común para la designación del administrador único que habrá de sacar del atolladero a la Radiotelevisión Canaria (RTVC). Tras una ajetreada mañana en los pasillos y dependencias de la Cámara autonómica, donde era patente la preocupación por la posibilidad de que la televisión pública dejase de emitir el próximo 1 de julio, los portavoces de los distintos partidos anunciaron en la sesión vespertina -en una rueda de prensa conjunta- que el próximo martes será oficial el nombramiento del administrador del ente público. Aún habrá que esperar, eso sí, para conocer si definitivamente será el candidato del Gobierno y de CC, José Carlos Naranjo Sintes, quien ocupe el puesto.

El acuerdo alcanzado ayer deja la puerta abierta a que los grupos de la oposición consigan convencer a CC de que la candidata idónea es Candelaria Delgado, actual directora de Comunicación y Marketing de RTVC y la preferida del PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC). Uno u otra tendrá la tarea fundamental de evitar el apagón de la televisión cuando expire el actual contrato de los servicios informativos y continuidad -en manos ahora de la productora Videoreport, empresa participada por Inforcasa, editora de Canarias7- el próximo día 30, lo que al margen de la interrupción del servicio público pondría en peligro alrededor de 300 puestos de trabajo.

Aunque el borrador de la ley de emergencia o ley exprés redactado por el portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Ruano, contó inicialmente con el apoyo de PSOE, PP, Podemos y ASG, fueron tres las enmiendas que los grupos elevaron ayer a la Mesa de la Cámara antes de las 09.00 horas, cuando expiraba el plazo. Por un lado, CC y ASG redactaron un texto conjunto en el que apostaban porque el administrador único de la RTVC fuese nombrado por el Ejecutivo; por otro, el bloque que formaron PSOE, Podemos y NC elevó una enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo en la que planteaba que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios pudieran proponer candidatos y que el nombramiento se produjera en la comisión de control de RTVC.

La fórmula de la enmienda a la totalidad sorprendió a propios y extraños porque, de prosperar, habría supuesto la devolución de la proposición de ley al Gobierno como paso previo a un nuevo dictamen del Consejo Consultivo, de modo que se habría dilatado el proceso y recortado el ya de por sí escaso tiempo con que se cuenta para evitar el apagón de la tele, hasta el punto de que en la bancada de CC avisaban que habría sido imposible llegar a tiempo y que el negro en las pantallas de Canarias sería casi seguro.

Por último, el PP optó por una vía intermedia: que el Ejecutivo proponga y la comisión parlamentaria designe.

Fue precisamente el texto de los populares el que sirvió de base para el acuerdo. No en vano, estos pusieron negro sobre blanco los puntos fundamentales consensuados por todos los partidos antes de que PSOE, Podemos y NC se desmarcaran el lunes con la idea de que también los grupos parlamentarios pudieran proponer sus candidatos al cargo, y no solamente el Gobierno. Finalmente, la ley exprés acordada casi en tiempo de descuento -pendiente de redacción al cierre de esta edición y que supone al tiempo la retirada de las tres enmiendas- prevé que los grupos tendrán 48 horas para intentar acordar el nombre del administrador único. Sobre la mesa los nombres de Naranjo Sintes, expresidente de la Audiencia de Cuentas, y Delgado, la que durante diez años fuera jefa de gabinete del ex director general de RTVC Guillermo Willy García -imputado por presuntas irregularidades en la gestión del ente público-.

Si hubiera consenso, el administrador sería designado en la comisión de control que se celebrará este viernes. Si no lo hubiera, PSOE, PP, Podemos y NC se comprometen a no bloquear el nombramiento de Naranjo Sintes. El próximo lunes el Gobierno redactará el preceptivo decreto y el martes el nombramiento será oficial, con lo que el administrador podrá empezar a trabajar de inmediato hasta el 31 de diciembre como fecha límite.

El acuerdo de la ley de urgencia abre también la puerta a la eventual destitución del administrador si la mayoría de la comisión de control encontrara fallos en su gestión. En tal caso, la designación del sucesor ya no se produciría a propuesta del Ejecutivo, sino de ese órgano.