Aplazan el juicio del caso eólico con orden de detención para Briganty

El magistrado que preside el tribunal de jurado encargado de enjuiciar el llamado 'caso Eólico', Pedro Herrera, ha acordado la suspensión del inicio del plenario ante la incomparecencia de uno de los acusados, Alfredo Briganty, al darse la circunstancia de que este imputado, abogado de profesión, se defiende a sí mismo.

Un imputado puede no comparecer a juicio y éste continuar su curso tras ser declarado en rebeldía, pero no puede dejar de estar representado legalmente en el plenario.

En consecuencia, el magistrado Herrera también ha acordado dos medidas en referencia a Briganty: su puesta en busca y captura con orden de detención, en su condición de acusado que no acude a una citación judicial sin justificación -al parecer había presentado un escrito a las 11 de la noche de ayer martes, documento que hoy no estaba aún registrado en el Decanato- y la incoación de un expediente disciplinario en su calidad de abogado, con propuesta de sanción de 18.000 euros por no acudir a un juicio a defender a su cliente, paradójicamente él mismo.

El resto de imputados en el proceso -el ex director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias Celso Perdomo; su pareja, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana; el ex funcionario de la Consejería de Industria Honorato López y los empresarios Enrique J. Guzmán y José Ignacio Esquivel- sí acudieron a la cita, y recibieron las disculpas del presidente por el imprevisto que impedía celebrarlo hoy.

El magistrado Pedro Herrera tomó la decisión de ordenar la detención de Briganty a petición del representante del Ministerio Fiscal, el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río. Sólo la abogada defensora de Celso Perdomo se opuso a la petición; el resto de las defensas o bien replicaron que no tenían "nada que alegar" o instaron a que el magistrado tomara la decisión que procediera en derecho.

El caso eólico intenta aclarar una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica con información privilegiada del Gobierno de Canarias, previa a la publicación del concurso que a tal efecto se convocó en 2004.

Ante esta circunstancia, el juez ha propuesto una sanción de 18.000 euros, y el fiscal Anticorrupción, la detención del acusado. El magistrado que preside este juicio con Jurado, Pedro Herrera, se ha visto obligado a tomar esta decisión porque Briganty se representa a sí mismo como abogado, lo que le impide continuar el juicio sin él como acusado en rebeldía, porque técnicamente no tendría defensa que velara por sus intereses.La primera sesión

En la primera sesión de hoy estaba prevista la elección del jurado y la expectación de los primeros interrogatorios, en los que se esperaba el reconocimiento de los sobornos por los dos empresarios y la aminoración de las penas gracias a la atenuante de la confesión.

En el juicio, cuya duración se estimaba en cinco semanas, debían comparecer los empresarios Enrique José Guzmán y José Ignacio Esquivel, que estaban predispuestos a admitir parte de la acusación formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas.

Alfredo Briganty se enfrenta a una solicitud de condena de año y medio de cárcel por un delito de cohecho, acusado de haber sobornado hace 14 años al entonces director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, para obtener ventajas en el concurso de asignación de parques eólicos

Briganty era secretario del consejo de administración de Promotora de Recursos Eólicos 2004, sociedad en la que Esquivel ejercía de vicepresidente. El fiscal Luis del Río le acusa de liquidar una deuda de 12.700 euros que Perdomo tenía con la empresa Proarguineguin SL debido a una reforma de su casa.