Alfredo Briganty, uno de los seis acusados del caso eólico, forzó ayer el retraso del juicio al no presentarse a la vista oral en la Audiencia de Las Palmas. El magistrado que preside el jurado popular, Pedro Herrera, ha pospuesto el inicio de las sesiones hasta mañana y ha ordenado la detención del investigado, con la finalidad de asegurar su presencia y evitar así una nueva suspensión este viernes.
Briganty, que es abogado y ha asumido su propia defensa, no sólo está en busca y captura por la policía, tal como solicitó el fiscal Anticorrupción Luis del Río, sino que debe afrontar una cuantiosa multa debido a su incomparecencia. El juez, tras acordar su arresto, ha fijado una sanción disciplinaria de 18.000 euros para el abogado.
La multa, una de las más elevadas que se recuerdan en la jurisdicción canaria por la gravedad de la indisciplina, está en fase de propuesta porque el magistrado tiene que oír antes a Briganty. Luego, tanto si se mantiene o se rebaja la cuantía de la sanción, ésta es recurrible ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
"No sé que ha pasado. Avisé de que no iba a ir a la elección del jurado, me siento indefenso", asegura Briganty por teléfono, tan sólo unas horas después de conocer que está en busca y captura. El letrado es consciente de que lo pueden detener en cualquier momento, pero asegura que tiene compromisos profesionales "ineludibles" y se pone a disposición del tribunal "a partir del sábado", según un escrito remitido ayer a la Audiencia de Las Palmas.
Un pulso al juez
También propone a un compañero de despacho para que asuma su causa si continúa el calendario de señalamientos actual, aunque insiste en que no tiene la obligación legal de asistir a la elección del jurado. Así se lo comunicó a la Audiencia de Las Palmas el pasado miércoles, un día antes de la vista. Ayer reiteró ese argumento y lo acompañó de jurisprudencia.
El conflicto, sin embargo, se remonta a la semana pasada, cuando Briganty renuncia a su abogado y solicita una copia de las actuaciones, además de reclamar un mes de plazo para armar su defensa. Una petición de suspensión, con el calendario fijado por segunda vez y más de 100 testigos citados, que el magistrado rechaza al considerarla infundada.
A Pedro Herrera, tras calificar la ausencia de Briganty como una maniobra para forzar el aplazamiento, no le ha temblado el pulso para ordenar su arresto e imponerle la multa. El juez recuerda que el acusado fue citado personalmente el pasado seis de abril para ser juzgado junto al resto de los imputados. La diligencia se hizo a través de la Audiencia de Madrid, donde Briganty tiene su despacho profesional.
Es más. El juicio podía haber empezado sin él porque se enfrenta una pena inferior a los dos años de cárcel, pero esta posibilidad es "inviable" al haber renunciado a su letrado para asumir su defensa, según establece la ley y explica Herrera en el auto que motiva la detención. Y es que después de elegir al jurado, comienza formalmente el juicio con los informes iniciales y los interrogatorios. De ahí que su doble condición de abogado y acusado hagan necesaria su presencia para empezar la vista.
El magistrado destaca que el aplazamiento solicitado ha sido denegado en tiempo y forma. La prueba está en que el propio Briganty ha recurrido en súplica esa decisión, acción que carece de efectos suspensivos sobre la citación judicial y, por tanto, de su obligación de acudir a la vista oral en la Audiencia de Las Palmas.
El juez, como cuarto y último argumento, subraya las peculiaridades del Tribunal del Jurado, con cinco acusados más y 99 conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, además de más de 100 testigos y la duración de las sesiones, que empezarán mañana y se extenderán hasta el mes que viene. De ahí la compleja planificación y organización. Por todo ello se ordena a la policía que ponga a Briganty a disposición del Tribunal antes de la sesión prevista para mañana viernes.
La ausencia del investigado ha causado sorpresa y estupor en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, incluidos sus compañeros de banquillo, hasta el punto de que ni siquiera las defensas se opusieron a la orden de arresto, con la única excepción de Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias y principal procesado, que se juega hasta siete años de cárcel por el supuesto amaño de los concursos convocados en 2004 para adjudicar potencia eólica.
Y es que son 13 años de procedimiento y tres de los acusados, entre ellos los empresarios Enrique Guzmán e Ignacio Esquivel, barajan reconocer el pago de comisiones a cambio de condenas mínimas, todo con la finalidad de cerrar este capítulo lo antes posible, según han confirmado fuentes conocedoras de las negociaciones entre esas defensas y el ministerio fiscal.
No están en esa terna Perdomo, su expareja Mónica Quintana y, por supuesto, Briganty, cuya postura ha sido cuanto menos ambigua en el proceso penal: por un lado recurre o apoya las impugnaciones de casi todas las resoluciones judiciales, pero luego denuncia el retraso de la causa y pide ir a juicio lo antes posible, con cartas enviadas a las principales autoridades de la judicatura isleña para evidenciar esa supuesta situación de indefensión; o, como ocurrió ayer, renuncia a su letrado a última hora para exigir un aplazamiento porque carece de la documentación necesaria para defenderse, cuando en estos 13 años ha escrito un libro y ha concedido entrevistas en las que denuncia una suerte de conspiración político-judicial-periodística para sentarlo en el banquillo.
El fiscal, igual que a los empresarios, le acusa de cohecho y reclama para el abogado año y medio de prisión.
