La reforma del REF económico, que se tramita en el Congreso desde hace meses, se enfrenta en las últimas semanas a un nuevo escenario que provoca dudas y suspicacias en el Gobierno de Canarias y en alguna fuerzas políticas de las Islas. El cambio de Gobierno en Madrid y la entrada de un nuevo equipo en el Ministerio de Hacienda, ahora en manos de la socialista andaluza María Jesús Montero en sustitución de Cristóbal Montoro, podría acarrear un retraso de las negociaciones aún pendientes sobre los contenidos del fuero isleño, mientras que el Ejecutivo regional y CC temen incluso que se pudiera dar marcha atrás en aspectos ya pactados e incorporados al texto mediante enmiendas transaccionales en la ponencia que estudia el proyecto en la Cámara baja.
Los tres partidos canarios que tenían pactadas enmiendas, CC, NC y el PP, se reunieron ayer en Tenerife con representantes del PSOE para analizar la situación y tratar de impulsar la tramitación.
A la reunión asistió la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, aunque más en su condición de representantes de CC y como conocedora de toda la negociación con el anterior equipo ministerial. Es por ello quien más recelosa está sobre las posibles consecuencias del cambio de Gobierno al considerar que con Montoro ya tenía "atados" una serie de puntos que podrían cuestionarse ahora, sobre todo si la tramitación sigue atascada en el Congreso. Por ello, pretende cerrar acuerdos con el conjunto de formaciones y en especial con el PSOE con la idea de trasladar al nuevo Gobierno esa posición de "consenso" que conjure cualquier riesgo de marcha atrás en los contenidos.
Hasta la salida del Gobierno de Mariano Rajoy se había logrado que se introdujeran en proyecto de modificación del fuero canario la nueva bonificación del 75 % al transporte de pasajeros, la desvinculación de los recursos del REF de la financiación autonómica, la subvención a la desalación de agua destinada al riego agrícola o el anclaje de fondos destinados a la lucha contra la pobreza en los presupuestos estatales cuando Canarias supere la media del Estado en este parámetro.
Nuevo contexto
Según distintas fuentes, el Gobierno de Canarias trasladó en su momento avances en algunas materias sin que realmente se hubieran producido, lo que deja aún más en el aire las cosas ante la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. "Se ha jugado mucho al despiste y en realidad hay aún muchas cosas por negociar, porque del total de 89 enmiendas presentadas por el conjunto de los grupos, sólo unas pocas están pactadas por varios grupos", señalan.
El Ejecutivo regional y CC están convencidos de que muchos de los temas que cerraron con Montoro se lograron en un contexto en el que los votos nacionalistas eran imprescindibles, sobre todo para aprobar los Presupuestos, y que algunas de ellos podrían rebajarse en el nuevo contexto político.
La idea generalizada ahora es que la ministra Montero y la nueva secretaria de Estado de Hacienda, Isabel María Bardón, querrán analizar el proyecto que elaboraron sus respectivos antecesores y que está en tramitación. Si es así la nueva situación da mayor relevancia a las posiciones del PSOE.
La idea de la reunión de ayer era, según la diputada del PP Ana Zurita, "repasar lo que teníamos pactado e incorporado al texto, y mantener las cosas conseguidas y los compromisos" así como conocer las posiciones socialistas en la nueva coyuntura. "Hay bastante acuerdo en casi todo, pero el PSOE debe ajustar su estrategia y consultar con el Ministerio sus posiciones", asegura la diputada popular. Desde NC, se reconoce que "con el cambio de Gobierno en el Estado hay acuerdos con el PP que no le implican y hay que conocer sus posiciones". "Se trata ahora de formalizar los acuerdos que teníamos con el PSOE y ponerse en sintonía para seguir avanzando y tener listo el nuevo REF en octubre o noviembre".
La reunión de ayer entre Dávila y los representantes de CC, NC, PP y PSOE se cerró con el acuerdo de impulsar en las próximas semanas los trabajos de la comisión que estudia la reforma en el Congreso, así como habilitar en la Cámara baja el mes de julio para tratar de tener listo el informe antes de agosto. En ese caso, el proyecto pasaría a la Comisión de Hacienda en septiembre y completaría el resto de la tramitación a finales de octubre o principios de noviembre.
