El inicio del juicio por el amaño del concurso convocado en 2004 para adjudicar energía eólica sigue con sorpresas. Ayer, tras casi dos horas para elegir a los miembros del jurado, el magistrado Pedro Herrera decidió dejar para el lunes el inicio de la vista oral. ¿El motivo? Los dos días perdidos por la incomparecencia del acusado Alfredo Briganty, que tuvo que ser detenido en Marbella para garantizar la celebración del juicio, así como por las recusaciones y excusas de los componentes del tribunal popular, un trámite que se prolongó más de lo esperado.
Entre las personas que se quedaron fuera del jurado destaca la exparlamentaria del Partido Popular (PP) María Concepción López Cruz, residente en Fuerteventura, que participó en la comisión creada en el Parlamento de Canarias para investigar la trama de corrupción, conocida popularmente como caso eólico.
La Comisión acabó en escándalo por el pacto entre el PP y Coalición Canaria (CC), entonces socios en el Gobierno regional, con la finalidad de eludir parte de las responsabilidades de los populares, partido que estaba al frente de Industria, área en la que se gestó el presunto fraude. De ahí que María Concepción López fuera apartada del jurado por participar en esas sesiones de trabajo junto a otros dos compañeros del PP.
Tampoco pasó el corte un primo del exministro y expresidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, cuya relación de parentesco había pasado desapercibida hasta para las acusaciones, pues fue la defensa quien se percató del tremendo detalle al chequear el segundo apellido de la saga política.
En esa legislatura, de 2003 a 2007, José Manuel Soria fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, pero su hermano Luis era el consejero de Industria en el Ejecutivo regional y, por ese motivo, está citado como testigo en el juicio. De ahí la exclusión de este pariente como miembro del jurado popular.
Lo curioso es que ni la parlamentaria ni el primo de los Soria revelaron esos vínculos de forma voluntaria en el trámite de excusas, sino en el último momento, a preguntas de las partes, lo cual motivó que fueran apartados.
Otras cuatro personas fueron recusadas, dos por parte de las acusaciones y dos por parte de las defensas, al no considerarlas idóneas para juzgar los hechos con la imparcialidad necesaria, según explican fuentes conocedoras de esos trámites.
En los breves interrogatorios al jurado participó de forma activa Alfredo Briganty, que es abogado y ha optado por defenderse a sí mismo. El magistrado, tras traerlo detenido de Marbella, celebró una vistilla y le dejó finalmente en libertad provisional.
El acusado insistió en que no tenía por qué comparecer a la elección del jurado, pero el juez le aclaró que está equivocado y que por su culpa se han perdido dos días de juicio, los que pasó en Marbella por compromisos "ineludibles" mientras sus compañeros de banquillo esperaban en la Ciudad de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
El magistrado informó a Briganty que lo va a multar con 18.000 euros por su grave indisciplina, al tiempo que el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, le advirtió con pedir su ingreso en la cárcel si vuelve a bloquear el juicio. El acusado se comprometió a comparecer a las sesiones, que empiezan este lunes con los informes iniciales y los primeros interrogatorios a los seis acusados.
El fiscal se apoya en un centenar de conversaciones telefónicas intervenidas por la policía y en pruebas documentales para concluir que Celso Perdomo, exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias, se valió de su cargo para dejar encaminados los proyectos de los empresarios Enrique Guzmán e Ignacio Esquivel, todo ello mediante la revelación de información privilegiada a cambio de comisiones, según las conclusiones del ministerio público. Este acusado se enfrenta a siete años de cárcel y multa de 300.000 euros por los delitos de cohecho continuado, malversación de caudales públicos y violación de secretos.
Sobornos e información
El fiscal reclama otros dos años y medio de cárcel para Mónica Quintana, pareja de Perdomo. La acusada abrió una cuenta en la entidad luxemburguesa Fortis Bank a la que Guzmán, con intereses en la compañía Proyectos Renovables de Canarias y el grupo Hidrocantábrico, transfirió 14.052 euros y 9.400 euros. Este empresario afronta año y medio de prisión por cohecho.
Perdomo también contactó con Briganty, que era secretario del consejo de administración de Promotora de Recursos Eólicos 2004, sociedad en la que Esquivel ejercía de vicepresidente. Luis del Río les acusa de liquidar una deuda de 12.700 euros que Perdomo y Quintana tenían con la empresa Proarguineguin SL por una reforma en la casa familiar.
Tanto Esquivel como Briganty se enfrentan a un año y medio de prisión por cohecho, es decir, por sobornar a Perdomo para lograr la adjudicación de la potencia eólica que salía a concurso, según el fiscal, que solicita otros dos años para Honorato López, ex jefe de área en la Consejería de Industria. Su papel fue relevar a Perdomo en la preparación de esos expedientes.
Briganty, sin embargo, sostiene que ese ingreso fue ordenado "únicamente por Esquivel" y que está vinculado a un proyecto técnico para aprovechar la energía de las olas, no con el concurso eólico. Ayer, al salida del juzgado, insistió en su inocencia: "No me he fugado y ni soy un rebelde. Quiero que se sepa la verdad, se van a quedar muy sorprendidos".
