Celso Perdomo y Mónica Quintana, principales acusados del caso eólico y pareja en el momento de los hechos, se quedan solos en el banquillo. Las defensas de ambos fueran las únicas que no reconocieron ayer la trama de sobornos en los concursos convocados por el Gobierno de Canarias en 2004 para adjudicar energía eólica. Sí lo hicieron los dos empresarios Enrique Guzmán López y José Ignacio Esquivel, así como el ex funcionario de Industria Honorato López y, sorpresa de última hora, el abogado Alfredo Briganty.
Las confesiones de los empresarios y del funcionario estaban en el guión trazado por las acusaciones, tal y como adelantó LA PROVINCIA dos semanas antes de la vista oral, pero no así la de Briganty, que se ha sumado al acuerdo tras 14 años de pelea por su inocencia, con la publicación de libros, entrevistas y teorías de la conspiración en la que todos eran corruptos menos los seis procesados.
Briganty cambió de abogado a última hora y pidió un aplazamiento para prepararse el juicio, hasta que finalmente fue detenido en Marbella por su negativa a comparecer en la elección del jurado. De ahí la sorpresa de su colaboración, que fue comunicada al jurado a través de su nuevo letrado, José Mateo Faura, hijo del destacado jurista y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) José Mateo Díaz.
Beneficios por la confesión
El abogado, en su informe inicial a los miembros del tribunal, ha presentado a un Briganty "arrepentido", con ganas de colaborar de forma "leal" y "sincera" con la Justicia, tras soportar los "14 años de inmensa desgracia" que ha durado el proceso penal. El acusado ha dado ese paso adelante por "recomendación" del propio Mateo Faura.
Las defensas de Guzmán, Esquivel y López se expresaron en términos generales, siempre con la intención de beneficiarse de una reducción de las penas a cambio de la confesión y del retraso que acumula el procedimiento en llegar a juicio. Esa "lentitud" del sistema, asegura el letrado Agustín Santana, es necesaria para "reflexionar", interpretar lo ocurrido y poner las cosas en su sitio, razón por la que su cliente, Honorato López, "reconoce los hechos", pide "disculpas" y "viene a decir la verdad".
Otros letrados, como Francisco Javier Forero, que defiende a Guzmán, han estado igual de líricos al recordar hitos de hace 14 años, entre ellos la elección de Ángela Merkel como canciller de Alemania, la inundación de Nueva Orleans por el huracán Katrina o, más próximo en el espacio, la tormenta tropical Delta que mutiló El dedo de Dios en Agaete, todo con la intención de diluir los sobornos en el torbellino del tiempo y hacer a los acusados merecedores de las dilaciones que arrastra el proceso, sin olvidar esa nueva disposición a reparar el daño causado.
Más directo fue el letrado de Esquivel. "Se equivocó, cometió un error y va a colaborar con la Administración de Justicia", expone Fernando Martín Contreras en su intervención.
Tanto Guzmán como Esquivel y Briganty se enfrentan a un año y medio de prisión como autores de un delito de cohecho, más multas de 150.000 euros o de 180.000 euros, según los casos. Honorato, al ser su delito continuado, afronta dos años de cárcel y 200.000 euros. Se trata de los castigos máximos previstos en el Código Penal para ese tipo de cohecho. De ahí que los cuatro busquen con la confesión un reproche mínimo, que podría situarse en los seis meses de cárcel si el fiscal abre la puerta a una atenuante doble de colaboración y de dilaciones indebidas.
Todo dependerá, en cualquier caso, de las declaraciones de los cuatro acusados, pues lo que hicieron ayer las defensas fue adelantar el sentido de esos testimonios en sus alegatos iniciales. Ahora falta demostrar esa colaboración "activa" en los interrogatorios, que comienzan hoy por la mañana con Celso Perdomo. El exdirector general de Industria del Gobierno de Canarias, igual que su pareja Quintana, se mantiene firme en la determinación de defender su inocencia, aunque las confesiones de los cuatro acusados lo dejan en muy mal lugar y no se descarta un cambio de estrategia de última hora, según las fuentes consultadas.
El fiscal Luis del Río reclama para Perdomo dos años de cárcel por revelación de secretos; otros dos años por cohecho continuado y tres años de prisión por malversación de caudales públicos. La letrada que lo defiende, María del Mar García Medina, apela a su inocencia y cuestiona la imparcialidad de la investigación. "La prueba es abundante, pero hay documentos como la denuncia original y la convocatoria del concurso que han desaparecido", señala la abogada. García recuerda que la Comisión Parlamentaria de investigación, con 42 personas interrogadas, no encontró indicios de delito.
El magistrado Pedro Herrera recordó a la abogada que los recursos de las defensas contra la instrucción fueron rechazados y, en ese sentido, no corresponde al jurado pronunciarse sobre la prueba, la cual, además, está avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Asimismo aclaró al tribunal que las conclusiones de la Comisión Parlamentaria son de naturaleza política y, por tanto, nada tienen que ver con la jurisdicción penal.
La letrada, en cambio, insiste en la inocencia. "Celso no ha cometido los delitos por los que está en el banquillo. La mayoría de las conversaciones son posteriores a su cese en Industria", sostiene sobre los pinchazos telefónicos. "Que los demás reconozcan los hechos no implica que sean verdad. Valoren la prueba y hagan justicia", reclama al jurado.
