El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, va a solicitar a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, la celebración "urgente" de una cumbre en la que tratar la crisis migratoria y sus posibles repercusiones en las Islas. El Ejecutivo autonómico teme que la hostilidad hacia la inmigración irregular de países como Italia desemboque en la afluencia de pateras y cayucos en dirección a las costas del Archipiélago. En la preocupación del Gabinete regional subyace el recuerdo de la crisis de los cayucos, que solo en 2006 trajo hasta Canarias a más de 40.000 personas, entre ellas unos 8.000 menores de cuya tutela se encargó exclusivamente la Administración autonómica.

La portavoz y consejera de Hacienda del Ejecutivo de las Islas, Rosa Dávila, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que la posibilidad de que el cierre del Mediterráneo reabra la ruta migratoria del Atlántico Norte entrañaría "cierta gravedad". Ayer mismo fueron rescatadas 152 personas -de las que 31 parecen ser menores de edad- que navegaban en una barcaza a unas 200 millas al sur del litoral de Maspalomas, en Gran Canaria. "A nadie se le escapa", subrayó Dávila, que "decisiones" de países como Italia -que ha cerrado sus puertos a la inmigración irregular- podrían "cambiar las dinámicas migratorias". La reactivación de la ruta atlántica, que explotan las mafias que se aprovechan de las necesidades de quienes buscan en Europa una vida mejor, obliga a Canarias a "estar preparada" para afrontar una posible crisis. Tan es así, que al margen de la solicitud de esa reunión "urgente" con Sánchez, Fernando Clavijo ya habló ayer al respecto con el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El presidente del Ejecutivo canario adelantó al magistrado la preocupación que existe en el seno de su gabinete ante la posibilidad de una nueva crisis migratoria y la necesidad de que el Gobierno central sea partícipe de la atención y tutela de estas personas. En definitiva, Canarias no quiere que se repita lo ocurrido durante la crisis de los cayucos y quedarse sola frente a las repercusiones de un fenómeno que incumbe a toda Europa. "Es un problema global que, por tanto, afecta a toda España y a toda la Unión Europea, y que debe afrontarse desde la solidaridad y la capacidad", expuso la portavoz del Gobierno del Archipiélago, que avanzó que Clavijo y Grande-Marlaska han acordado que volverán a hablar en los próximos días. El jefe del Ejecutivo autonómico demandó al responsable de la cartera de Interior información sobre el estado de esa ruta del Atlántico Norte y sobre las previsiones y escenarios que maneja el Gobierno central a raíz del cierre de puertos en Italia o de la "tensión" que se está produciendo en Alemania por el debate migratorio.

Rosa Dávila puso especial énfasis en recordar que todos los 8.000 menores que llegaron a las Islas solamente en 2006 en pateras y cayucos fueron tutelados por la Administración canaria. "No se distribuyó a ninguno entre otras comunidades autónomas", remarcó la portavoz y consejera, que insistió en que hace falta "solidaridad".