"Llevamos 12 años a la espera de este momento. ¿Quiere hacer alguna declaración?", insiste el letrado del Gobierno de Canarias, incrédulo aún por el silencio de Celso Perdomo, principal acusado en la trama de sobornos para adjudicar energía eólica. "No estoy en condiciones de declarar", contesta el exdirector general de Industria.
La respuesta del ex alto cargo del PP, que con anterioridad declinó las preguntas del fiscal Anticorrupción Luis del Río, resume lo que ocurrió ayer en el primer interrogatorio del juicio . Un silencio que saltó por las aires con la reproducción de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, con invitaciones a la Fórmula 1 y frases como "te he colocado cinco kilos por la patilla", "hay que meterle mano a la mesa de adjudicación para llevarnos 80 kilos", "a ti te va bien desde que me conoces a mí" o "estás ganando pastita ¿eh?".
Las 99 escuchas revelan, con una claridad inusual en los juicios por corrupción, el desparpajo con la que se movía Perdomo para sacar tajada a cambio de beneficiar los proyectos de Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, todo con la inestimable colaboración del funcionario Honorato López y la intermediación del abogado Alfredo Briganty.
Estos cuatro acusados han reconocido el amaño del concurso convocado en 2004, se han mostrado arrepentidos y han colaborado con sus confesiones para cerrar este capítulo y tratar de reducir al mínimo las condenas. "¿Qué si estoy arrepentido? No sabe usted lo que he sufrido con todo esto", responde Briganty a su abogado, tras admitir los sobornos junto a Guzmán y Esquivel para colocar sus expedientes.
Esos acuerdos se mantuvieron, incluso, después de que Perdomo, tras la ruptura del pacto entre CC y el PP, cesara en 2005 como director general de Industria, incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara el concurso eólico por un defecto de forma.
Perdomo, para entonces, había puesto la "miel del dinero" en los labios de Honorato López, el jefe de área en Industria que podía influir en la valoración de los proyectos para que luego fueran escogidos en la mesa de contratación.
Los empresarios se presentaron al concurso canario porque el Estado se comprometió a comprar toda la energía, es decir, era un "gran negocio" para las adjudicatarias, con un riesgo en la inversión escaso, según ha explicado Honorato López en su declaración.
Primero obtuvieron de Perdomo un borrador con los datos de la convocatoria y un listado con los terrenos en los que se podían construir los parques eólicos, algo fundamental para garantizarse el éxito en este tipo de procedimientos. Luego amarraron el apoyo de López en los informes previos a la mesa de contratación. Pactaron hasta las cantidades a pagar: dos millones de pesetas de entrada, cuatro más por el dictamen favorable y otro millón por cada megavatio adjudicado en el caso de Guzmán. Esquivel y Briganty, más discretos en las conversaciones , ofrecen dos millones y otros cinco por megavatio.
Perdomo y su pareja, Mónica Quintana, además de guardar silencio sobre estas corruptelas, llegaron tarde al juicio, lo que ha dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo con las acusaciones. La evidencia de las pruebas y las confesiones del resto así lo aconsejaban, pero ninguno quiere renunciar a su plaza actual en el Cabildo, lo cual dificulta cualquier entendimiento ante las probables inhabilitaciones.
Perdomo es quien peor lo tiene. Afronta siete años de prisión por revelación de secretos, cohecho y malversación de caudales públicos, esto último por emplear más de 700 euros de la Consejería de Industria en comprarse libros para uso personal, todo ello tras conocer que sería cesado en los próximos días por la salida del PP del Gobierno.
El ex director de Industria llegó al juicio tambaleándose, con aspecto de haber pasado una mala noche. Las defensas alegaron que tanto Perdomo como Quintana se quedaron dormidos por efecto de medicación tomada para sobrellevar la situación. Esto provocó que el inicio de la vista se retrasase más de una hora.
Una vez que aparecieron los dos acusados, sus abogados reclamaron que los viera el médico forenses porque no estaban en condiciones de declarar. El magistrado Pedro Herrera, que calificó la situación de anómala y extraña, rechazó la petición e informó a los procesados que tenían derecho a no prestar declaración.
El juez no aprecia nada distinto en el comportamiento de Perdomo y Quintana respecto a sesiones anteriores. Tampoco le presentaron informes médicos que respalden la suspensión de las declaraciones. La defensa de Quintana insistió en que ésta había tomado alprazolam y lorazepam, pero el magistrado no accedió a la revisión del forense.
Las escuchas reveladas ayer indican que Mónica Quintana estaba al corriente de los planes de Perdomo, pues abrió la cuenta en una entidad de Luxemburgo en la que recibieron las comisiones y participó en la compra de libros en Canaima. Su abogado, en cambio, niega esa implicación.
