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Los alcaldes bloquean el aumento de plantilla y salario para las policías locales

La Federación Canaria de Municipios rechaza la reforma de la ley pactada entre Gobierno y sindicatos porque regula derechos laborales del cuerpo de seguridad

Unanimidad sindical. LA PROVINCIA/DLP

Los cambios propuestos por el Gobierno canario y asumidos por el Parlamento en la ley de coordinación de las policías locales han desembocado en un enfrentamiento entre los alcaldes y los sindicatos. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha presentado un texto alternativo al del Ejecutivo a los grupos parlamentarios y se niega a aceptar algunos de los contenidos del documento pactado por los representantes sindicales y la Dirección General de Seguridad en cuestiones como las retribuciones mínimas de los agentes, los incrementos de plantilla, horarios, segunda actividad o formación.

La ley tiene más de 20 años de vigencia -es de 1997- y desde hace varios años tanto Gobierno como sindicatos y Fecam estaban negociando una actualización de la misma para adaptar la realidad local a las necesidades que se demandan en materia de seguridad. Sin embargo, todo se ha ido al traste porque los sindicatos han logrado pactar con el Gobierno incluir en la ley una serie de aspectos que regulan las condiciones laborales y económicas de las policías locales, algo en lo que no están de acuerdo los ayuntamientos ya que, según la Fecam, invaden la autonomía municipal y suponen obligaciones que no pueden asumir la gran mayoría de las corporaciones municipales canarias.

La Fecam no está dispuesta a que el texto salga adelante tal y como está planteado. "Los sindicatos han aprovechado que casi la mitad del proyecto de ley se convierta en la garantía de sus derechos laborales y eso no lo podemos aceptar", advierten desde la federación de municipios. Los alcaldes advierten al Ejecutivo que las leyes que afectan a las competencias municipales se suelen negociar directamente entre la Administración autonómica y la Fecam, pero en este caso ha sido la Dirección General de Seguridad la que ha pactado un documento con la representación sindical sin tener en cuenta a los ayuntamientos y sus funciones en el ámbito de las policías locales, que dependen laboralmente de los municipios. "Todo lo que no han podido negociar los sindicatos con sus ayuntamientos lo consiguen a través del Gobierno sorteando la autonomía local, lo que no puede es por ley regular las condiciones laborales de los policías locales porque lo pagamos nosotros", critican fuentes de la Fecam.

Cambio de criterio

El presidente de la Comisión de Función Pública y Seguridad de la Fecam, Ignacio Rodríguez, mantiene que ha sido el Gobierno el que ha cambiado de criterio con respecto a las negociaciones que habían mantenido con los alcaldes. Rodríguez señala que el objetivo de la ley debe ser coordinar y mejorar poniendo herramientas al servicio de los municipios para optimizar la seguridad local y esto es "imposible" con el actual texto. "Sin contar con la Federación han presentado una norma a los grupos parlamentarios intentando hacer ver que había un consenso con la Fecam que no es real", cuestiona el alcalde de La Matanza.

La posición de la Fecam ha soliviantado a los representantes laborales de las policías locales. Hasta nueve centrales sindicales se personaron la semana pasada en la Cámara regional y mantuvieron una reunión con los grupos parlamentarios, cuyos representantes les confirmaron que los alcaldes no aceptan el texto asumido por el Parlamento para convertirlo en ley y que la Fecam tiene un documento alternativo. Los sindicatos critican que ahora los ayuntamientos paralicen la ley "en el tiempo de descuento", lo que imposibilitará que se pueda aprobar antes de finalizar la legislatura como era su objetivo y el del Ejecutivo regional.

Carlos Lemes, de CCOO, lanza duras críticas a la Fecam: "Estamos en contra de las propuestas de la Fecam porque atentan contra la profesionalidad de los policías locales, contra las leyes y contra el sentido común". En este sentido, el dirigente sindical advierte que los alcaldes bordean la legalidad con propuestas que rompen el consenso alcanzado con el Gobierno y añade que no es verdad la afirmación realizada por los alcaldes de que no se ha contado con ellos para presentar el nuevo texto en el Parlamento.

Los sindicatos advierten del deterioro que está sufriendo desde hace años la seguridad en los municipios y la situación de las policías locales con plantillas mermadas, escasa o nula vigilancia por la noche en algunas localidades, poca movilidad, retribuciones limitadas y la falta de un modelo policial coordinado que responda a las demandas actuales de las Islas por el crecimiento de la población y el auge turístico.

Los sindicatos presumen de unidad en torno a este asunto, de hecho son nueve las centrales que han firmado un manifiesto conjunto cuestionando a la Fecam. Asimismo creen que son los ayuntamientos pequeños los que están "torpedeando" la reforma de la ley ya que los municipios grandes no secundan esta oposición.

Negociaciones desde 2014

  • Las negociaciones para la nueva ley de coordinación de las policías locales de Canarias se iniciaron en diciembre de 2014 con la constitución de un grupo de trabajo para tal fin. Durante los años 2015, 2016 y 2017 se celebraron varias reuniones, en la mayoría de ellas con la asistencia de representantes de la Fecam. Los sindicatos matizan que en julio de 2016 se negoció una propuesta entre el Ejecutivo y los alcaldes sin contar con las centrales sindicales, hasta que en agosto se pactó un texto entre ambas partes. Posteriormente por problemas políticos y cambios en la Dirección General de Seguridad se modificó el cariz de las negociaciones. Los dirigentes sindicales aseguran que durante el proceso se han tenido en cuenta las aportaciones de la Fecam desde la lealtad institucional para poder alcanzar un texto consensuado.

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