La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) reclama al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "reactive y dé respuesta de inmediato" con un paquete de medidas asistenciales esenciales a las 300 víctimas canarias del "terrorismo perpetrado" por el grupo árabe del Frente Polisario y el Mpaiac, que fueron objeto de brutales atentados de bombas contra trabajadores nacionales en la empresa española de fosfatos FossBucraá y contra pescadores isleños que fueron asesinados, secuestrados, heridos y desaparecidos en alta mar, durante la década de los 70 y 80.

La presidenta de esta organización, Lucía Jiménez, sostiene en un comunicado que "ni la Justicia ni el Estado pueden caer en la tentación de blanquear los atentados cometidos del Frente Polisario". Acavite, en una reunión que el ministro mantuvo con los colectivos de víctimas del terrorismo, demandó a su vez "que no se caiga en la tentación de se falsear y blanquear las cifras y relatos de atentados y de víctimas, familiares directos afectados, de todos y cada uno de los tipos de terrorismos", que desgraciadamente, ha sacudido al país en los últimos cincuenta años.

Todas las asociaciones reclamaron la modificación de la Ley 29/11; así como la equiparación equitativa e indemnizatoria de todas las víctimas del terrorismo, con o sin sentencia judicial; pensiones retroactivas para los hijos y cónyuges de víctimas del terrorismo de atentados de los años 70, 80 y 90, "abandonadas a su suerte". Del mismo modo, se pidió medidas de acceso directo, para los familiares directos, a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores de la Función Pública, todas las administraciones del Estado, sindicatos, empresarios, y otros agentes implicados, para la inclusión directa del colectivo de víctimas del terrorismo y familiares, así como una reserva de acceso al empleo.

El nuevo ministro del Interior, según la nota de prensa de Acavite, se interesó por las razones del retraso en la aprobación de la Ley Canaria de Víctimas del Terrorismo. "Inexplicablemente, desde el Archipiélago se retrasa de forma deliberada la necesaria ley y no se pone en valor la sangre derramada, el daño causado por los verdugos, y se apoyan a las víctimas y familiares, como sí se ha hecho en el resto de las comunidades autónomas", sostiene Jiménez.