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El Ejecutivo aplaza para el próximo mandato la oficina anticorrupción

El Gobierno regional ve con buenos ojos la propuesta de Podemos pero cree que no queda tiempo en esta legislatura

Aunque considera que la propuesta del grupo parlamentario de Podemos merece al menos estudiarse, el Gobierno de Canarias ve casi imposible que pueda ponerse en práctica una oficina anticorrupción en la Comunidad Autónoma en lo que queda de legislatura. Las próximas elecciones se celebrarán el 26 de mayo de 2019, de modo que queda menos de un año por delante, y ese es precisamente el tiempo -un año- que hizo falta para que la oficina valenciana echara a andar desde la aprobación de la ley que la regula en noviembre de 2016.

Es justamente la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana la que ayer presentó como posible modelo a seguir el grupo de Podemos en la Cámara regional. Tras una reunión a la que asistieron el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, el director de la oficina anticorrupción valenciana, Joan Llinares, y representantes de los distintos grupos parlamentarios, el viceconsejero de Administraciones Públicas del Gobierno canario, Antonio Llorens, mostró la disposición del departamento para poner en marcha una institución similar a la de la región mediterránea, si bien hizo dos puntualizaciones. Por un lado, que la línea roja del Ejecutivo es que en ningún caso se "solapen" competencias, esto es, que esa eventual nueva institución no pise funciones que le corresponden, por ejemplo, a la Audiencia de Cuentas de Canarias; por otro, que ve como poco "difícil" que haya tiempo de aquí a que finalice la legislatura como para tramitar la preceptiva ley que delimitaría las competencias y el marco jurídico del nuevo organismo.

"No se trata de crearla por crearla", subrayó Llorens, que, no obstante, recordó que ha de ser el Parlamento el que tome la iniciativa. No en vano, y siguiendo el modelo valenciano, la oficina antifraude o anticorrupción solo rendiría cuentas ante la Cámara precisamente para garantizar su independencia y autonomía. Hay que puntualizar, eso sí, que el Gobierno de las Islas no solo está recabando información sobre el modelo de la Comunidad Valenciana, sino también sobre los de Navarra, Cataluña y Asturias -también Baleares tiene una institución similar- e incluso sobre los de ayuntamientos como Madrid o Zaragoza. En cualquier caso, el viceconsejero quiso destacar que el "aparato normativo y legislativo" contra la corrupción en las Islas es "muy intenso" y que el Archipiélago tiene reconocidos estándares de transparencia "por encima de la Comunidad Valenciana".

En cuanto a los partidos políticos, solo el PP se mostró reticente durante la reunión en que Llinares les relató la experiencia durante el año en funcionamiento de la oficina anticorrupción valenciana. Las reticencias del PP son también por la posibilidad de un solapamiento de competencias. De momento, Clavijo y los grupos se reunirán de nuevo en julio para seguir estudiando el "encaje" normativo de la institución.

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