¿Por qué es necesaria una agencia anticorrupción allí donde ya hay una sindicatura o una audiencia de cuentas, como es el caso de Canarias?
Porque nosotros empezamos donde ellos no pueden llegar. Los cuerpos de control tradicionales sufren una enorme cantidad de condicionantes, que a veces pueden superarse y a veces no. Para empezar tienen una dependencia jerárquica de los poderes a los cuales tienen que controlar. En el caso de un ayuntamiento, por ejemplo, la mitad del sueldo del interventor depende de una decisión de la corporación municipal, complemento específico que se llama, que de hecho puede suponer la mitad o más del sueldo y que una decisión del alcalde puede eliminar de un plumazo. Esto resta muchísimo a la independencia. El Estado tendría que haber legislado ahí y no lo ha hecho.
¿Qué significa eso de que ustedes empiezan donde los órganos de control tradicionales no pueden llegar? ¿Dónde está la diferencia?
En la inmediatez de la oficina antifraude o anticorrupción. Y ¿qué significa esto? Pues que ante una noticia, ante el conocimiento de algún hecho o ante una denuncia, la oficina puede actuar de forma inmediata incluso con capacidad de inspección. Somos autoridad pública, es decir, que podemos entrar en cualquier administración. La ley nos faculta para exigir y reclamar documentación, y hasta para llevárnosla para su análisis. Una inmediatez que tiene, sobre todo, una función preventiva. Los expedientes que abrimos nos permiten plantear medidas cautelares; nuestras resoluciones son de obligado cumplimiento; y, además, y sobre todo, tenemos potestad para la protección del denunciante.
De modo que el funcionario canario que denunciara las malas prácticas de su ayuntamiento o cabildo estaría totalmente protegido. ¿Con seguridad?
Exacto, absolutamente. Está protegido desde el punto de vista jurídico, porque obtiene de inmediato asistencia jurídica permanente, pero incluso más allá, porque también está protegido su entorno familiar. De modo que previenes actuaciones que perturben la vida profesional o la vida personal o familiar de este funcionario o de esta persona, porque también puede ser denunciante, por ejemplo, un empresario que ha visto cómo de forma continuada se ha eliminado la concurrencia competitiva, que es un mandato legal obligatorio para todas las administraciones, se ha producido un abuso de contrataciones directas o se han fraccionado contratos. Esto se denuncia y la oficina ya está actuando, y esto no está en las competencias de la Sindicatura o Audiencia de Cuentas.
¿La denuncia puede ser anónima?
En el buzón de denuncias puede ser nominal o bajo anonimato, incluso con la posibilidad de que no te rastreen la IP del ordenador.
Y ¿cuántas denuncias llevan contabilizadas desde que comenzaran a trabajar en noviembre?
En los primeros tres meses, aún en 2017 y con una capacidad operativa mínima, entraron 37 denuncias, pero ahora tenemos abiertos 90 expedientes. Son todo denuncias, porque aún no tenemos todo el operativo para actuar de oficio.
Hay que dejar claro, no obstante, que su primera misión es la prevención y que no se trata de escarbar en el pasado. ¿Es así?
Sí, el objetivo principal es la prevención. Tenemos también añadida la investigación en la lucha contra la corrupción, pero la prevención es el primer mandato. Desde la formación en ética pública hasta mecanismos que parten del conocimiento a fondo de los procedimientos de un determinado ámbito de la gestión pública, para a partir de ahí, y con la información de cómo ha funcionado la corrupción, por ejemplo, por la jurisprudencia, comprobar dónde están los puntos débiles y elaborar informes.
¿En qué áreas y en qué nivel de la Administración pública hay más corrupción?
En la contratación pública, las concesiones, las subvenciones, el urbanismo, la gestión del patrimonio y los procesos de selección del personal. Y si en un ámbito hubiera que ubicar malas prácticas sería en el ámbito de las empresas públicas, que se crearon precisamente para huir de los controles, controles que se realizan a posteriori y con grandes limitaciones.
