Canarias sufre un grave perjuicio por la decisión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), de meter en un cajón la negociación que debía finalizar con la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica (SFA). Dejar sin revisar el actual modelo de reparto de fondos estatales para que las comunidades autónomas sufraguen sus gastos de educación, sanidad y políticas sociales supone a las Islas dejar de ingresar cada año al menos 782 millones de euros y no generar en ese mismo tiempo en torno a 15.600 empleos.
Hace prácticamente un año, un comité de expertos elaboró un informe sobre el futuro SFA. Sobre esa base, las comunidades autónomas iniciaron la negociación para definir el modelo a instaurar. "Nunca se llegó a hablar de cifras", explica la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. Sin embargo, esa afirmación admite una excepción, la de quien era su homóloga en la Junta de Andalucía y hoy es ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ella fue quien cuantificó el déficit del actual sistema en 16.000 millones de euros hace menos de dos meses. Es decir, hay que inyectar esa cantidad -el 1,5% del producto interior bruto (PIB) de España- para que todos los ciudadanos del país, independientemente de donde vivan, tengan bien cubiertos y por igual esos servicios esenciales.
Los fondos se reparten en función de la población ajustada, una variable que mide las necesidades educativas, sanitarias y sociales reales de cada territorio. Es decir, una población envejecida conlleva más gasto sanitario, como también una población flotante elevada que se deriva de una marcada intensidad de la actividad turística, caso este último de Canarias.
El último cálculo a este respecto lo realizó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el contexto de 2015 y a las Islas le corresponde el 4,87% del total del Estado. Aplicado ese porcentaje a los 16.000 millones que demandaba la hoy ministra Montero, poner en hora el reloj de la financiación en el Archipiélago supone la llegada de 779,2 millones de euros más y pueden ser más.
El modelo acordado
El modelo aprobado unánimemente por las comunidades autónomas se compone de un fondo básico de financiación, otro complementario para sufragar las competencias que tienen transferidas una regiones pero otras no (Cataluña, por ejemplo, gestiona sus prisiones) y un tercero de nivelación que dota al sistema de la capacidad de corrección de la que carece el vigente. Pasados por el tamiz completo del modelo, los 779, 2 millones se convierten en el caso menos optimista en 782 millones, pero dependiendo del nivel de recaudación y de las necesidades reales que vayan surgiendo en el Archipiélago, la suma puede elevarse incluso por encima de los 1.000 millones de euros.
Hace dos años, el Gobierno de Canarias inició una campaña para convencer al Ministerio de Hacienda, entonces en manos de Cristóbal Montoro, del error que suponía impedir a las Islas el acceso al fondo de competitividad del actual SFA por considerar el Régimen Económico y Fiscal (REF) una ayuda. No sin esfuerzo, en Madrid entendieron que había lugar a la demanda y se accedió a una retirada gradual que reportó el pasado año más de 200 millones de euros y el próximo en torno a 550.
Cuando arrancó esa estrategia, Rosa Dávila y su equipo calcularon las carencias que soportaban los canarios por no alcanzar la media del país en el reparto de fondos estatales, cuestión que ha paliado la extracción del REF pero solo en parte. Aplicar a aquellos números que entonces manejaba el Gobierno canario la ausencia de 782 millones -escenario más prudente- conduce a la conclusión de que contar con ellos permitiría al PIB regional avanzar un 1,67% más en cada ejercicio y la creación de otros 15.600 empleos en ese mismo tiempo.
En el ámbito sanitario, el cálculo arroja un incremento de 13.959 intervenciones quirúrgicas. "Estamos hablando de cuestiones como las listas de espera", explicó esta semana Dávila cuando conoció que Pedro Sánchez pretendía negociar mejoras de la financiación con cada comunidad autónoma por separado y sin que el resto conozca el tamaño de las concesiones. Lo que dé a unas de más, si decide hacerlo, lo restará a otras, porque los fondos estatales para mantener los servicios esenciales no son infinitos.
Otro de los puntos débiles de las autonomías son las políticas sociales, que cuentan siempre con más demandantes de los que pueden atenderse. El punto de partida económico de Montero daría a Canarias 11,2 millones de euros más para atender este capítulo, suma que serviría para atender 1.022 dependientes más en cada ejercicio o para extender la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a 1.676 familias más de las que actualmente la perciben. Un dato a tener en cuenta en un territorio que mantiene una tasa de riesgo de pobreza del 30,5%.
