El exconsejero de Industria del Gobierno de Canarias Luis Soria (PP) ha recalcado que él "nunca" autorizó al director general del área y principal inculpado en el "caso Eólico", Celso Perdono, a anticipar a ninguna empresa las bases del concurso de 2004, a pesar del "gran interés" que había suscitado la adjudicación de los parques previstos en las islas.

La Audiencia de Las Palmas ha comenzado este martes a interrogar a los testigos propuestos por las diferentes acusaciones personadas en el juicio del "caso Eólico", después de que los tres empresarios procesados en esta causa se hayan confesado culpables de haber sobornado a Celso Perdomo y a un alto funcionario de la Consejería, Honorato López, para amañar la adjudicación de los parques eólicos.

Tras reconocer que a Perdomo lo nombró él, Luis Soria ha explicado a preguntas del fiscal que la adjudicación de parques eólicos que el Gobierno canario intentó llevar a cabo en 2004 "era de gran envergadura por los posibles beneficios" que obtendrían quienes se hicieran con los parques y que, por esa razón, "era uno de los objetivos a desarrollar" por su departamento de forma prioritaria.

"No solo por la importancia de los recursos de energía renovable que tenemos en Canarias, sino también porque brindaba también oportunidades empresariales", ha precisado.

Además, ha admitido que "era un negocio donde el riesgo era bastante controlado", en la medida en que existía un compromiso de la Administración de comprar toda la energía que generaran esos parques, en el marco de una política de promoción de las renovables.

La declaración de Luis Soria ha contribuido, por otra parte, a rebatir las tesis de la defensa de Celso Perdomo de que cuando su cliente suministró información útil para ganar el concurso a determinadas empresas antes de que este se convocara oficialmente y, consecuentemente, cuando aún no eran públicas sus bases, los datos aportados por el exdirector general figuraban en la web del Gobierno de Canarias y eran accesibles para cualquier interesado.

Interrogado sobre si él autorizó a Perdomo o a otra persona a facilitar las bases a empresarios que pretendían presentarse al concurso antes de ser convocado, el exconsejero ha respondido tajante: "nunca".

Por otra parte, Luis Soria se ha declarado "totalmente de acuerdo" con el fiscal cuando este le ha planteado si lo habitual es que jamás se dé una información de ese tipo a ningún interesado antes de que sea oficial cuando se prepara una adjudicación pública en régimen de libre concurrencia, como era el caso.

Una premisa sobre la que ha tratado de sembrar dudas la abogada defensora del exdirector general, insistiendo en sostener que el borrador de las bases del concurso que este entregó antes de tiempo a varios interesados en hacerse con parte del negocio que suponía, según ellos mismos han admitido a lo largo de la vista oral del juicio, era conocido y hasta se podía consultar en la web de Industria del Ejecutivo.

Ese aspecto solo ha sido respaldado por un testigo, el empresario jubilado Wilebaldo Yánez, que en aquella época era representante de una marca de maquinaria que suministraba equipamiento a parques eólicos y, como conocido del suegro de Perdomo, obtuvo de él el referido borrador con idea de hacerlo llegar a una compañía que quería concursar y que potencialmente sería cliente suya de lograr su propósito.

Yánez ha llegado a afirmar que el texto en cuestión le fue remitido a pesar de que estaba disponible en la web de Industria, hasta el punto de afirmar, al preguntarle si él mismo lo pudo ver en esa página de internet: "sí, lo recuerdo perfectamente".

No obstante, ha matizado ese planteamiento en otro momento de su testimonio en el que, al interrogarle sobre si la información que obtuvo era privilegiada, ha dicho: "lo que me dieron a mi es lo que le dieron a todo el mundo. Por lo menos es lo que yo creo".

Frente a sus palabras, no solo Luis Soria, sino otros testigos que han comparecido este martes por su relación con el desarrollo del concurso, varios de ellos empleados públicos que participaron en la elaboración de sus bases, han rechazado la posibilidad de que verdaderamente fuera algo normal adelantar la información sobre la adjudicación cuando aún no estaba en marcha de manera oficial.

Puesto que eso implicaría "dar una ventaja inicial" a unos competidores en perjuicio de otros, lo cual "no está bien" porque, "si hay un concurso, deben darse las bases a todos a la vez", ha argumentado la funcionaria Sinda María Hernández, que participó en la redacción del documento.

Esta empleada pública ha declarado en una jornada en la que también ha sido citado, entre otros testigos, Alberto Santana, que era empleado de Wilebaldo Yánez cuando sucedieron los hechos juzgados y que, desde su posición, destapó la trama del "caso Eólico" al denunciar a su entonces jefe después de hacerse con los correos electrónicos en los que Celso Perdomo le facilitó la referida información.

Santana apenas ha aportado, de todos modos, dato alguno sobre el asunto, alegando en reiteradas ocasiones que "no recordaba bien" lo ocurrido por el tiempo que ha transcurrido desde aquellos momentos, tanto que el magistrado que preside este juicio con Jurado, Pedro Herrera, le ha advertido en distintas ocasiones que estaba obligado a decir la verdad y que, de no hacerlo, podría ser castigado con una multa o la prisión.