No una ni dos. Hasta en tres ocasiones el magistrado Pedro Herrera llamó la atención al denunciante inicial de la trama eólica, Alberto Santana. "No acuda tanto al no recordar, le advierto de que el Código Penal castiga como delito el falso testimonio con pena de prisión y de multa", avisó el presidente del Jurado del caso Eólico. Pero ni así. Santana tuvo lagunas ante diversas preguntas de los letrados del exdirector general de Industria Celso Perdomo y su pareja Mónica Quintana.
Santana trabajaba para Wilebaldo Yánez, uno de los empresarios que recibió dos correos electrónicos de Perdomo con el borrador del concurso y el listado de terrenos con potencial para ubicar parques.
Santana confirmó ambos correos, que formaron parte de la documentación que incluyó en su denuncia. No obstante, no supo explicar por qué la presentó en marzo de 2005 cuando tuvo conocimiento de los correos en agosto de 2004. Las defensas cuestionaron la forma en la que accedió a esos documentos, que aparecieron "en un CD en su mesa", pero Santana no recordaba nada y se remitió al archivo de la querella que contra él presentó su antiguo jefe por ese motivo. "No puedo precisar qué documentación presenté hace trece años", alegó en una de sus evasivas.
También declararon Sinda Hernández, exjefa de servicio de Desarrollo de Nuevas Energías, y Alexis Montesdeoca, secretario general técnico de la Consejería en el momento de los hechos, que indicaron que nunca se deben facilitar las bases de un concurso a ningún licitador antes de su publicación oficial.
Antonio López, que era jefe de servicio de Industria, fue interrogado por la supuesta utilización de fondos públicos por parte de Perdomo y Quintana para la compra de libros. El albañil Benjamín Valido no supo explicar por qué Promotora de Recursos Eólicos, una de las empresas que aspiraba al concurso eólico, le pagó 12.700 euros por obras en la casa de los procesados. "Me mandaron un borrador con lo que yo tenía que poner en la factura. Simplemente lo que quería era cobrar", indicó.
