El Estatuto de Canarias que salga de las Cortes con toda probabilidad antes de finales de año marcará un plazo de tres años para que el Parlamento regional apruebe una ley electoral canaria que acabe con la transitoriedad del actual sistema de elección de diputados y reparto de escaños. La ponencia que tramita la reforma de la carta magna canaria en el Congreso culminó ayer su trabajo aprobando la sistema electoral pactado en las Islas por PP, PSOE, NC y Podemos, pero incorporando una propuesta de esta última formación política para intentar que sea en la propia Cámara regional y en un plazo tasado donde se establezcan todas las condiciones del sistema de representación de los ciudadanos.
De esta forma, Podemos se suma también en el Congreso al acuerdo logrado en las Islas para rebajar los topes electorales de acceso al Parlamento del 30 al 15 % en el ámbito insular, y del 6 al 4 % en el regional, además de aumentar de 60 a 70 el número de diputados a elegir y de ellos 9 en una lista regional y atribuir uno más de forma directa a Fuerteventura. Esta es la fórmula que quedó ayer fijada en la Disposición Transitoria primera del actual Estatuto y de la que la formación morada había amagado con desmarcarse durante la tramitación en el Congreso para mantener su enmienda de "reforma más ambiciosa". CC votó en contra de esta propuesta al defender la reforma electoral incluida en la propuesta aprobada en el Parlamento, y Cs se abstuvo.
La nueva disposición estableciendo un plazo de tres años para esa ley electoral canaria mantiene sin embargo que de no llevarse a cabo ese trabajo legislativo se mantendrá en vigor el sistema que ayer se incorporó al texto, por lo que algunos ponentes calificaron la medida de "brindis al sol" ya que no garantiza que el mandato se cumpla. Así lo calificó por ejemplo el diputado de NC, Pedro Quevedo, quien aseguró que todo dependerá ahora "de como se comporte cada cual", aunque destacó que "tiene que quedar claro que Canarias tiene que tener una ley electoral y no pueden volver a pasar 34 años con esta disposición transitoria". "Me parece mucho tres años, pero es una forma de añadir presión a esta caldera para no estar más tiempo sin ley electoral", resaltó el diputado nacionalista.
La diputada de Podemos por Las Palmas, Meri Pita, sostuvo como "mal menor" el acuerdo para el nuevo sistema electoral y justificó la propuesta para el plazo al Parlamento "porque es lo que los canarios nos merecemos tras 34 años de una disposición transitoria que tenemos que superar". "Ante lo que todo el mundo considera un mal menor, lo que hay que hacer en sentarnos y comprometernos a ese desarrollo de una ley electoral canaria. Hemos decidido que se acabó la transitoriedad", resaltó.
Melisa Rodríguez, de Cs, justificó la abstención de su grupo por la negativa de los demás a debatir la propuesta de reforma electoral que presentaba su formación política. "Nos parece bien que se recoja que en un periodo no superior a tres años se tiene que desarrollar una ley electoral en el Parlamento, pero no había votación separada respecto de la propuesta de reforma que traían pactada de Canarias y no hemos podido apoyarla", explicó. Rodríguez lamentó la "falta voluntad de hacer una reforma electoral en condiciones" y cree que "hay una mejora de la ley actual en cuanto a proporcionalidad y topes, pero seguimos pensando que con 60 diputados era más que suficiente sobre todo porque nadie puede garantizar que no va a aumentar la partida presupuestaria porque eso no depende del Estatuto ni de la ley electoral, sino de quien gobierne cada año".
Ana Oramas, de CC, aseguró que su formación sigue pensando que "la modificación de la ley electoral tiene que hacerse en Canarias, estamos de acuerdo en la rebaja de los topes electorales, con la creación de una lista regional, pero seguimos apoyando la propuesta que venía del Parlamento, que contaba además con el apoyo del PSOE". "No pasa nada por que la gente cambie de opinión, pero esa posición de ley electoral se hizo entre CC y el PSOE. No hacemos de ello una cuestión de principio, creemos que es urgente que se apruebe el Estatuto", afirmó.
Oramas, que en la última reunión de la ponencia dijo que el aumento de la horquilla de diputados a elegir, establecida finalmente entre un mínimo de 50 y un máximo de 75, suponía un "cambio sustancial" del texto remitido por el Parlamento que lo obligaba a pasar por él, apuntó ayer que que el informe que se remita sobre los aspectos del REF que incluye el nuevo Estatuto "sirve en aspectos preceptivos de lo otro", por lo que no serán necesario dos informes.
El socialista Sebastian Franquis sostuvo que los elementos del REF que se abordan en del Estatuto, como la desvinculación de los recursos fiscales canarios del sistema de financiación autonómica, "sí puede ser considerada una modificación sustancial", pero considera que al estarse tramitando la propia reforma del REF de forma paralela al texto estatutario, "el informe del Parlamento llegará antes de que concluya la propia tramitación del Estatuto y servirá para ambos".
La idea de los grupos en solicitar que se habilite el mes de julio para convocar la comisión Constitucional y debatir en ella el informe de la ponencia, lo que podría concluirse en una única reunión. Al tener capacidad legislativa plena, no deberá ir a pleno del Congreso sino que se remite directamente al Senado.
