Ocho meses antes de que se publicara la convocatoria del concurso eólico por el Gobierno de Canarias en octubre de 2004 dos grupos empresariales partían con ventaja. Recibieron información privilegiada por parte del exdirector general de Industria Celso Perdomo (PP). Así lo afirmaron ayer los policías que investigaron la presunta trama de corrupción tras los resultados de los pinchazos telefónicos, los correos electrónicos y los seguimientos y las vigilancias practicadas, entre otras pesquisas.
El empresario Enrique Guzmán, por un lado, y, por otro, el empresario José Ignacio Esquivel y el abogado Alfredo Briganty, representantes de negocios interesados en la adjudicación de parques eólicos, mantuvieron contactos con Perdomo acerca de la asignación de potencia eólica meses antes de la publicación del concurso el 14 de octubre de 2004. Los tres procesados, junto al entonces jefe de servicio de Industria Honorato López confesaron la semana pasada el pago de sobornos para amañar el concurso y así acogerse a las reducciones de condenas. De hecho, ayer la Policía Nacional detalló el entramado sustentado en la supuesta facilitación de información privilegiada por parte del principal inculpado, Celso Perdomo, desde febrero de 2004 a empresarios que requerían su ayuda a cambio de "dádivas, regalos y dinero", en palabras del instructor policial de la Brigada de la Policía Judicial de Las Palmas, que describió también la posible malversación de caudales públicos por parte de Perdomo y su pareja, Mónica Quintana, por la compra de 20 libros por valor de 739 euros con cargo a la Consejería de Industria.
El máximo responsable de la investigación estaba de guardia el sábado 5 de marzo de 2005, día en el que Alberto Santana, que trabajaba para el empresario Wilebaldo Yánez, presentó la denuncia que destapó la trama. A raíz de ésta se intervinieron correos electrónicos y se pincharon seis teléfonos móviles, entre otras actuaciones.
Así, explicó que el exdirector general de Industria envió dos correos a Yánez y a Daniel Fernández de Salamanca el 5 de agosto de 2004 con un borrador de las bases del futuro concurso, en el que precisaba que se incorporaban las modificaciones tras la reunión mantenida un día antes, así como un listado de terrenos y contactos de alcaldes y particulares propietarios de las mejores parcelas para ubicar los aerogeneradores. "Era un adelanto privilegiado de información; era información que no tenía que haber sido divulgada, con lo que [Perdomo] faltó al sigilo que correspondía a su cargo como director general", aseguró el funcionario policial, que comprobó que dicha información "no estaba colgada en la web" de la Consejería, como alega la defensa.
Asimismo, el agente aludió al papel clave de Honorato López, que tenía en su mano poder ayudar a los empresarios bien a través de la mesa de adjudicación o como una de las personas que valoraría sus expedientes. De ahí que Celso Perdomo acudió a él. Tanto el exdirector general como el resto de procesados se mostraban precavidos en sus conversaciones por teléfono y, por ejemplo, se referían a López como: "El de la hache", "he estado con éste" o "a quien tú ya sabes".
Los involucrados se reunían en "sitios no públicos", usando estrategias de despiste y actuando como si no se conocieran. En concreto, en al menos dos vigilancias, López y Perdomo se reunieron con Briganty en un hotel de la capital grancanaria, y en noviembre se citaron con Enrique Guzmán en el mismo hotel. "Lo curioso es que se reunieron en las habitaciones, no en el bar ni en un sitio público", añadió el jefe policial, que señaló que en otra vigilancia en un restaurante Perdomo y López "hablaban de forma normal y llegó un momento en que bajaron significativamente la voz" hasta que Perdomo "se levantó para ir al servicio tras haber roto un papel en pequeños trozos". Otro agente del operativo acudió segundos después al baño para buscar los pedazos, pero "no estaban, así que tiene toda la pinta de que se deshizo de ellos por el inodoro".
Igualmente, el jefe policial considera que Perdomo "usó" a su pareja para abrir una cuenta "opaca" en el Banco Fortis de Luxemburgo, donde se ingresaban los sobornos. La defensa de Quintana aportó su declaración de la renta de 2005 con su volumen total de ingresos, pero sin precisar la cantidad que declaró de dicha cuenta bancaria.
