La Comunidad Autónoma empleará cada año una media de 112,1 millones de euros en el cuidado de las personas dependientes de aquí a 2021. Cumpliendo así una reclamación histórica de los cabildos insulares, que venían pidiendo una planificación a más de un año para saber a qué atenerse y con qué recursos contarán a medio plazo -los cabildos son las instituciones que prestan el servicio-, el nuevo convenio tendrá una duración de cuatro años. Además, Gobierno y corporaciones insulares ya han puesto negro sobre blanco la distribución de los 448,34 millones que el Ejecutivo aportará en total en los cuatro ejercicios. "Algo que es clave para la estabilidad y calidad del servicio", subrayó ayer la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gabinete autonómico, Cristina Valido, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que dio su visto bueno al gasto previsto por la consejería.
Los cabildos dispondrán este año de cerca de 104,4 millones de euros, una cifra que supone un sensible incremento en relación con la aportación de 2017. Son, en concreto, 27,1 millones más que el año pasado. En 2019 serán prácticamente 115 millones de euros más, a los que se sumarán casi 114,5 millones en 2020. Los restantes 114,5 millones de euros corresponden a la anualidad de 2021. Las corporaciones insulares ven así atendida esa "demanda histórica", en palabras de la propia Valido -quien precisamente presidió el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife antes de llevar las riendas de la consejería-, y podrán a partir de ahora planificar el servicio sabiendo de antemano con qué dinero cuentan.
Cada uno de los siete cabildos percibirá una suma de acuerdo con el peso de la población dependiente en su respectiva isla. Así pues, de ese total de 448,34 millones que se repartirá en los cuatro años, Tenerife percibirá unos 192,4 millones de euros; Gran Canaria, aproximadamente 189,7 millones; Lanzarote, casi 27,2 millones; La Palma, cerca de 26 millones; Fuerteventura, menos de 6,5; La Gomera, 6,2; y El Hierro, 3,6 millones. No obstante, Valido anunció que cada uno de los siete convenios que se suscribirán con los cabildos se revisarán en 2020, antes de que expiren, porque para ese año ya estará en funcionamiento parte de los centros y residencias que se están construyendo en el marco del II Plan de infraestructuras sociosanitarias.
Ese incremento de plazas, cuyo número dependerá del ritmo de los trabajos y de que no haya contratiempos, dará lugar, por tanto, al consecuente aumento de los fondos que aporta el Gobierno de Canarias. De momento, los alrededor de 450 millones que el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a transferir en los próximos cuatro años permitirán financiar los gastos de 10.670 plazas para personas dependientes. Se trata de 485 más de las que se incluyeron en los convenios de 2017. Hasta 5.473 son plazas para residencias de 24 horas. Las otras 5.197 son de estancia diurna. En todos los casos están destinadas para personas mayores -5.054 plazas- o con discapacidad -5.616.
La consejera explicó que los convenios regularán la prestación de todos los servicios relacionados con la dependencia y/o con la discapacidad, de modo que se compila en un solo documento lo que el año pasado se reguló en hasta 21 textos diferentes. El Gobierno limpia así de papeleo los procedimientos.
Valido también avanzó que los acuerdos posibilitan la contratación de personal para los trámites del Programa Individual de Atención (PIA), necesario para ser declarado dependiente y un trámite que suele demorar los expedientes.
