La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa ha trastocado no sólo al Partido Popular, dejando en evidencia sus vulnerabilidades y desuniones y abocándolo a unas primarias aún abiertas. También en Canarias ha supuesto todo un terremoto político, que amenaza con ahondar aún más en una de las debilidades históricas de las Islas: sus dificultades para hacerse oír en Madrid. Es decir, para establecer unas relaciones con el Estado lo suficientemente fluidas y empáticas para lograr, entre otras cuestiones, una financiación y unas inversiones justas. Algo que no siempre se ha producido a lo largo de estas décadas de autonomía.
Las relaciones Canarias-Estado condicionan de forma significativa el marco político sobre el que actúan los representantes de las diferentes formaciones en las Islas. Y no sólo porque sea en el Congreso de los Diputados donde se blindan sistemas singulares como el REF o se aprueba el Estatuto de Autonomía, sino porque del Estado depende el grueso de las inversiones, tanto en infraestructuras viarias, hidráulicas o turísticas como en los planes especiales de empleo. O la revalorización de las pensiones y, por supuesto, la financiación de sus servicios básicos sanitarios y educativos.
Es en este marco financiero estatal en el que Canarias, como el resto de comunidades autónomas, tiene mayor o menor capacidad para gestionar sus recursos durante los cuatro años de cada legislatura. Y su importancia es tal que en ocasiones, como la actual, se han agrupado en un concepto denominado la agenda canaria, que no es otra cosa que la formalización del compromiso presupuestario del Estado con las Islas.
El concepto se remonta a la década de los noventa, cuando Canarias descubrió el valor (y el precio) de su capacidad de influencia en Madrid. El nacimiento de Coalición Canaria en 1993, justificado en la escasa sensibilidad del Gobierno socialista de entonces -presidido por Felipe González- con lo que representaba el REF, inició un período en el que la voz de Canarias se hizo oír de forma singularizada en el Congreso. Y a partir de 1996, cuando José María Aznar perdió la mayoría absoluta, los nacionalismos catalán, vasco y canario ganaron peso en la política estatal. Fue en ese periodo cuando se introdujo en el REF la necesidad de que la financiación autonómica en Canarias se equiparara a la medida del Estado y se aprobó el mayor volumen de fondos para obra pública y planes de empleo, así como diversas subvenciones para compensar la lejanía.
Veinticinco años después, y pese a superar años de especial crispación con el Estado a cuenta de las prospecciones petrolíferas, Canarias no termina de ganar posiciones en el conjunto de la política estatal. Los síntomas se acumulan y se han puesto sobre todo en evidencia tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero no porque el anterior presidente del Gobierno español mostrara especial sensibilidad hacia las necesidades del Archipiélago, y el actual no. De hecho, cuando el dimitido presidente del PP y del Ejecutivo central tuvo mayoría absoluta, Canarias sufrió los mayores recortes del conjunto del país en inversiones y financiación, a pesar de situarse a la cola de los principales indicadores socioeconómicos.
Aquella confrontación se personalizó en las figuras de José Manuel Soria, el ministro canario del Gobierno de Rajoy, y Paulino Rivero, entonces presidente del Gobierno autonómico, que protagonizaron los años más broncos de las relaciones Canarias-Estado.
Tras las últimas elecciones, sólo la necesidad de contar con el apoyo de Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC), los dos diputados nacionalistas canarios, iniciaron las Islas la senda de una remontada que se ha quedado a medias. Los votos de los dos nacionalistas canario permitieron a Rajoy sacar adelante unos cuentas que, esta vez sí, mejoran los recursos estatales destinados a la región más alejada de España.
Sin embargo, Canarias sigue sin recibir el porcentaje de inversiones por habitante que le corresponde de acuerdo a su peso poblacional, que representa el 4,8% del conjunto del país. Así, pese al incremento logrado en la agenda canaria, en las cuentas estatales del 2017 y 2018 la inversión del Estado en las Islas se sitúa aún en el 3%.
¿Quién defiende a Canarias?
El principal indicador que mide la fuerza o debilidad de un partido político o una región es, precisamente, su peso en el conjunto de la financiación del Estado. Y la diferencia entre la que ha obtenido el País Vasco y Canarias en los dos últimos presupuestos estatales es un dato lo suficientemente elocuente por sí solo. El reparto no responde, como podría presuponerse, a una cuestión de justicia distributiva: los vascos están sobre-financiados en 1.500 millones de euros y los canarios siguen infra-financiados en una media 500 millones de euros menos al año. La razón de esta diferencia de trato hay que buscarla en el campo de la aritmética: los diputados nacionalistas vascos son seis frente a los dos canarios. Un grupo frente a dos versos sueltos, que pudieron no obstante sacar partido a sus votos en el Gobierno en minoría del PP. Pero el escenario ha cambiado.
La política nacional es en 2018 aún más compleja que en la década de los noventa o dos mil, cuando Canarias sí logró grupo propio. Además de una mayor fragmentación de los partidos, el problema territorial se ha enconado a niveles de periodos pre-democráticos. Aunque desde el punto de vista del encaje territorial de España, Canarias representa un nacionalismo sui generis, más cercano a un movimiento regionalista y que responde más un sentimiento "canarista" que propiamente nacionalista, como prueba la virulencia con que la diputada de CC Ana Oramas suele arremeter contra los soberanismos catalán o vasco.
Tras la moción de censura, y la consiguiente disminución de la capacidad de influencia de los diputados 175 y 176, es decir del peso de los nacionalistas canarios, el secretario general del PSC-PSOE sostuvo que "los socialistas canarios vamos a ser ahora los principales defensores de los intereses de las Islas". Ángel Víctor Torres quiso despejar así cualquier duda respecto a que el gobierno de Sánchez no fuera a asumir los compromisos adquiridos por su antecesor con Canarias. Pero frente a las dudas (reales o interesadas) que expresaban algunos sectores nacionalistas al advertir que "la agenda canaria corre peligro", las garantías que quiso ofrecer el PSC-PSOE topó con un imprevisto: el retraso en la aplicación del descuento del 75% a aplicar a los viajes con la Península.
La crisis abierta por Fomento por esta causa ha puesto de manifiesto que la afonía de Canarias no tiene que ver solo con el hecho de contar con grupo nacionalista propio en el Congreso. También con la actitud de los restantes diputados canarios integrantes de los partidos nacionales (PP, PSOE, C's o Podemos), y su capacidad o no de influencia en el seno de sus formaciones. En este sentido, la actitud mostrada por el ministro José Luis Ábalos refleja no sólo una escasa sensibilidad con Canarias, sino un desconocimiento de su realidad y la importancia que la conectividad representa para sus habitantes. Frente a la inacción con que en las filas del PP canario aceptaron, y justificaron, la escasa financiación destinada a las Islas por Rajoy, los socialistas canarios han intentado al menos hacerse oír y enmendar una política estatal que, de sostenerse, podría confrontar otra vez a Canarias con el Estado .
