José Carlos Naranjo Sintes explicó este miércoles en el Parlamento los trabajos que ha desarrollado hasta el momento y que han permitido mantener las emisiones y asegurar los puestos de trabajo en la Televisión Canaria. El administrador único del ente público, nombrado por el Gobierno regional a trece días de extinguirse el contrato con la empresa adjudicataria (Videoreport), recibió la felicitación de la totalidad de los grupos parlamentarios por haber salvado el “match ball”, tal y como lo definió el diputado socialista Gustavo Matos.

Evitar que la televisión canaria se fuera a negro pasó por lograr cerrar un acuerdo el último día con Videoreport tras “22 horas de negociación” para continuar utilizando sus instalaciones y equipos. Como la prórroga del contrato, adjudicado en 2008, era “legalmente imposible”, hubo de hallarse una fórmula jurídica que permitiera esa extensión de la relación.

Naranjo detalló que la solución alcanzada se basó en informes técnicos del ente y se asienta en el real decreto 3/2011 que aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias y la sentencia 5/2014 del Tribunal Supremo. Porque más allá del acuerdo con la empresa propietaria de los medios, el administrador y los grupos insistieron en la necesidad de no dejar espacio a la duda jurídica.

El acuerdo rubricado prevé el pago de 87.000 euros mensuales en concepto de “derecho de uso” de las instalaciones de Gran Canaria y Tenerife. A ellos se unen 421.00 euros por los equipos técnicos, mientras que la subrogación del personal suponen 569.000 euros, las subcontratas con otras productoras, 205.000 euros y 120.000, el resto de servicios. Naranjo Sintes aseguró que, a pesar de la urgencia que ha presidido sus primeras semanas en el cargo, se han optimizado los recursos ya existentes “y no se va gastar más” que el dinero presupuestado para este año. Incluso, avanzó que “va a ser menos”.

En cuanto a los acuerdos alcanzados con los trabajadores, los grupos señalaron la necesidad de continuar trabajando en ese ámbito y en diferentes líneas. Por un lado, expusieron que la subrogación del personal de Videoreport (224 trabajadores) ha desembocado en la convivencia de dos grupos -estos y los trabajadores del ente- con condiciones laborales diferentes. Y más allá, abogaron por la subrogación también de los 90 empleados que trabajan para las productoras que Videoreport tenía subcontratadas en las islas no capitalinas y el sur de Tenerife y Gran Canaria.

Al respecto de estos último, Naranjo Sintes señaló que “en este momento no es posible” actuar como con el resto. El socialista Gustavo Matos le insistió en que continúe explorando las posibilidades legales para otorgarles el mismo trato. La práctica totalidad de los grupos abundaron en la injusticia de percibir unos salarios netamente inferiores cuando realizan el mismo trabajo. El administrador único matizó que nunca pronunció la palabra “imposible” para referirse a este asunto y no descartó que se encuentre una solución en los próximos meses.