El Ministerio Fiscal rebaja las peticiones de penas a los seis acusados de amañar el concurso eólico que el Ejecutivo regional convocó a finales de octubre de 2004. El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, solicitó reducir las condenas a todos los procesados al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas debido al retraso con el que se ha juzgado la supuesta red de sobornos.

El exdirector general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo y su pareja Mónica Quintana; los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel; el exjefe de Servicio de Industria Honorato López; y el abogado Alfredo Briganty acudieron este jueves a la sesión final del juicio del caso eólico, en el que todas las partes expusieron sus conclusiones e informes finales ante el Tribunal del Jurado, presidido por el magistrado Pedro Herrera. Salvo Perdomo y Quintana, todos los acusados han reconocido los hechos, por lo que el fiscal también puso en valor su colaboración con la Administración de Justicia para interesar, en esos casos, otra rebaja de condena.

La última jornada de lo que a priori se suponía que iba a ser un macrojuicio, se desarrolló sin ningún tipo de imprevistos ni contratiempos. Las defensas de Perdomo y Quintana pidieron al Jurado Popular su absolución haciendo hincapié en las numerosas dudas que, a su juicio, suscita el procedimiento y las pruebas aportadas. Remarcaron, a su vez, que nunca participaron en una red de sobornos para que algunos empresarios obtuvieran ventajas en la adjudicación de parques eólicos y cobrar, a cambio de ese supuesto trato de favor, comisiones. Los letrados de los acusados que reconocieron los hechos recalcaron, por su parte, la plena disposición para esclarecer los hechos de sus clientes, por lo que se adhirieron a la rebaja de las penas interesadas por el fiscal.

Del Río, que inicialmente solicitaba siete años de prisión para Perdomo, demandó este jueves para él cuatro años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para todo empleo o cargo público en la Administración autonómica, local o del Estado por los delitos por la supuesta comisión de los delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de caudales públicos. Las peticiones del Ministerio Público en el caso de Mónica Quintana pasan de tres años y seis meses de prisión a dos años y nueve meses de cárcel al señalarla como cooperadora necesaria de un delito de cohecho y de otro delito continuado de malversación. En caso de que el veredicto del Jurado sea condenatorio, ninguno de los dos se libraría de la privación de libertad pues sería necesario que la condena sea inferior a los dos años y cuando Perdomo fue detenido en 2006 apenas estuvo en prisión provisional dos meses y medio y Quintana casi dos meses.

Para el resto de acusados el Ministerio Fiscal interesó penas de cinco meses de prisión al atribuirles la comisión de un delito de cohecho.