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RTVC ahorra con la gestión pública de los servicios informativos de la tele

El gasto en RTVC es de 1,4 millones de euros mensuales en el nuevo escenario

RTVC ahorra con la gestión pública de los servicios informativos de la tele

Primera comparecencia parlamentaria de José Carlos Naranjo Sintes con el fin de detallar los pasos dados para mantener vivos la señal de la cadena y los puestos de trabajo de los profesionales que desarrollan en ella su labor. Incluso, el administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC) nombrado por el Gobierno regional se permitió adelantar que la fórmula ideada supondrá un ahorro sobre la partida incluida para este año en el presupuesto autonómico.

Satisfacción generalizada por evitar que la emisión se fuese a negro, pero no en total ausencia de dudas. Las principales, expresadas por los representantes socialista y de Nueva Canarias en la Comisión de Control de RTVC, se circunscribieron a la no subrogación de los trabajadores de las productoras subcontratadas por la anterior adjudicataria (Videoreport) y también versaron sobre la legalidad de los procedimientos adoptados.

José Carlos Naranjo explicó que la solución se alcanzó in extremis, justo el día anterior al de vencimiento del contrato con la ya exadjudicataria y tras "22 horas de negociación" con ella. Solo contar con los medios propiedad de esta pudo evitar el parón en la emisión, ya que, además de la producción de programas informativos, prestaba, por ejemplo, el servicio de continuidad y es titular de las licencias del software que permite la elaboración del trabajo diario, entre muchas otras cuestiones.

La prórroga del contrato firmado en 2008 era "legalmente imposible", detalló el administrador único, por lo que no bastaba con alcanzar el acuerdo con Videoreport, sino que también fue necesario hallar un encaje jurídico a la relación. Naranjo Sintes detalló que la decisión de utilizar los recursos de la exadjudicataria se basó en informes internos de técnicos del ente y se cimentó sobre tres pilares: el Real Decreto 3/2011 que aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias y la sentencia 5/2014 del Tribunal Supremo.

El fundamento expuesto para la rúbrica del acuerdo es el "derecho de uso" de los elementos técnicos y las instalaciones de la empresa. Según el detalle económico ofrecido por el administrador único, por los inmuebles de Gran Canaria y Tenerife se abonan 87.000 euros mensuales. A ellos se unen otros 421.00 euros por la utilización de los medios técnicos; 569.000 euros por la subrogación de los 224 trabajadores; 205.000 euros que se abonan a las productoras subcontratadas y 120.000 euros más por el resto de servicios. En total, 1,4 millones de euros al mes. José Carlos Naranjo aseguró que "no se va a gastar más" de lo presupuestado, incluso avanzó que "va a ser menos".

Sobre la situación de los 90 empleados de las islas no capitalinas y aquellos que cubren informativamente el sur de Gran Canaria y Tenerife, el administrador único señaló que no existe en este momento encaje legal para su subrogación. El socialista Gustavo Matos le conminó a continuar buscando una solución para evitar la diferencia salarial.

Otro de los puntos más polémicos es el contrato de la señal, extendido desde el último día del pasado año para evitar el apagón. Al respecto, Naranjo detalló que se ha tramitado un "expediente de nulidad" con el fin de poder abonar el servicio al proveedor mientras se preparan los pliegos para una nueva adjudicación. "Es la fórmula de urgencia que tenemos", expresó el administrador y que se repetirá hasta el momento en que se falle la licitación que se tramita.

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