Nuevo roce entre los gobiernos canario y estatal. En esta ocasión a cuenta del convenio de obras hidráulicas que el Ejecutivo regional había conseguido pactar con el Partido Popular (PP) y que debía rubricarse este mismo mes. El Ministerio de Transición Ecológica, que es el competente ahora en la materia, ha aplazado esa rúbrica sine die e incluso pone en duda que se respete íntegramente la partida de 40 millones de euros que ya estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado de este año.
Jarro de agua fría para el consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero (CC), quien consiguió arrancar a la popular Isabel García Tejerina -anterior ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente- un protocolo a doce años para un total de 186 actuaciones por valor de 915 millones de euros.
En el departamento que dirige Quintero optaron ayer por mantener silencio sobre el resultado del encuentro técnico mantenido recientemente en Madrid con parte del equipo de Ribera. Sin embargo, fuentes próximas aseguraron que la inquietud es máxima.
Catorce millones menos
Ese acuerdo, dividido en tres convenios de cuatro años de duración había tomado forma ya este mismo año con la inclusión de 40 millones de euros en las cuentas estatales, pero la delegación canaria se topó sorpresivamente con la intención del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de reducir dicha cantidad en catorce millones de euros. Ese es el coste que suman las dos obras que restan por terminar del convenio prorrogado a través del que el Gobierno central satisfacía las necesidades de las Islas en materia de Aguas. Madrid sostiene ahora que dicha cantidad debe detraerse por estar pendiente de ejecución.
Sin embargo, la construcción de esas dos infraestructuras está en marcha. Se prevé que la depuradora Adeje-Arona, en Tenerife, esté lista para el final de este año. Cierto es que la empresa que acometía la Balsa de Vicario, en La Palma, quebró, por lo que en la actualidad se aborda el trámite administrativo que debe permitir la entrada de una nueva compañía. Los trabajos no se han liquidado por no estar terminados, pero el dinero está comprometido, de ahí la sorpresa del equipo canario cuando el ministerio expuso su postura.
El protocolo, que estaba solo a falta de la firma cuando se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy (PP) de la Presidencia del Gobierno, se venía conformando desde 2015 en conjunto con los siete cabildos insulares. Los casi tres años de diálogo con los respectivos consejos insulares de aguas se plasmaron en un listado de carencias a solventar para implantar el ciclo integral del agua en el Archipiélago hasta 2029.
El consejero explicó en una comisión parlamentaria celebrada en febrero de este año que el documento había completado su recorrido por todos los estamentos de la comunidad autónoma. Restaba entonces el informe jurídico, también ya elaborado, lo que dejó en manos de Madrid la decisión de cuándo podría rubricarse el acuerdo. Se eligió este mes de julio, pero el cambio en el Gobierno central ha frenado las aspiraciones canarias.
Los técnicos de la consejería ya han hecho llegar a Narvay Quintero su preocupación con los plazos. Fuentes consultadas señalaron que si la discusión por los 40 millones correspondientes a la anualidad en curso se alarga más allá de septiembre, puede perderse el año. Porque después de obtener luz verde de Madrid habrá que iniciar la tramitación de los expedientes correspondientes a cada actuación y completarla antes de que termine el curso para no perder un solo euro.
Las preocupaciones no terminan ahí. Existe otro convenio de menor tamaño -diez millones de euros anuales- que financia obras gestionadas directamente por los cabildos. Sirvió para atender 25 obras en 2017 entre todas las islas. En los presupuestos estatales en vigor también está recogida dicha suma, ya que fue una de las exigencias de Coalición para apoyar las cuentas en el Congreso. De hecho, ayer mismo firmó la consejería con La Gomera la ejecución de las obras.
Sin embargo, tampoco aquí termina el Ministerio de Transición Ecológica de aclarar los términos de la puesta en práctica, con lo que el Ejecutivo canario teme que la partida se evapore. Con la suma de esta tercera amenaza, la delegación canaria salió de la reunión técnica con la sensación de que el planteamiento puesto sobre la mesa en nada se parece a lo negociado con el PP.
