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Solo dos de los seis acusados por el 'caso eólico' pueden acabar en prisión

El fiscal rebaja la petición de penas a los procesados por el retraso con el que se ha juzgado el supuesto amaño de un concurso del Ejecutivo regional de 2004

Solo dos de los seis acusados por el 'caso eólico' pueden acabar en prisión

Solo dos de los seis acusados por el denominado caso eólico pueden acabar en la cárcel. El exdirector general de Industria del Ejecutivo regional Celso Perdomo y su pareja Mónica Quintana, los únicos inculpados que han defendido su inocencia en esta causa hasta el final, son los que podrían ir a prisión en caso de que finalmente se determine la culpabilidad de ambos.

El Ministerio Fiscal rebajó ayer las peticiones de penas a los seis procesados por supuestamente amañar el concurso eólico que el Gobierno canario convocó a finales de octubre de 2004 al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso con el que se ha juzgado a los implicados en la supuesta red de sobornos, una reducción que no salvaría de la privación de libertad ni a Perdomo ni a Quintana, pues el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, sigue demandando para ellos condenas superiores a los dos años.

Perdomo, Quintana, los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel; el exjefe de Servicio de Industria Honorato López y el abogado Alfredo Briganty se sentaron una vez más en el banquillo de los acusados para asistir a la sesión final del juicio del caso eólico en la que todas las partes expusieron sus conclusiones e informes finales ante el Tribunal del Jurado. Salvo Perdomo y Quintana, todos los acusados han reconocido los hechos, por lo que el fiscal puso en valor su colaboración con la Administración de Justicia para interesar, en esos casos, otro atenuante más. La causa, que levantó una enorme expectación mediática hace ya más de una década al implicar a altos cargos del Gobierno y reconocidos empresarios que operaban en las Islas, ha ido de más a menos. Y no solo porque las penas se han reducido al mínimo, sino también porque en ese tiempo el caso empezó con 17 investigados de los que solo han quedado seis.

El fiscal, que inicialmente solicitaba siete años de prisión para Perdomo, demandó ayer para él cuatro años y tres meses de cárcel, una multa de 240.000 euros y una cuota diaria de 100 euros durante tres meses y nueve años de inhabilitación para todo empleo o cargo público por la supuesta comisión de los delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de caudales públicos. Las peticiones de la Fiscalía en el caso de Quintana pasan de tres años y seis meses de prisión a dos años y nueve meses de cárcel y multas de 24.000 euros y una cuota diaria de 50 euros al señalarla como cooperadora necesaria de un delito de cohecho y de otro delito continuado de malversación. Del Río subrayó durante su intervención que las pruebas aportadas "no mienten" y son suficientes para condenar a los procesados. En caso de que el veredicto sea condenatorio, ninguno de los dos esquivaría la cárcel, pues sería necesario que la condena sea inferior a los dos años. Tampoco la resta del tiempo que pasaron en prisión cuando fueron detenidos en 2006 es suficiente, ya que Perdomo apenas estuvo dos meses y medio y Quintana casi dos.

La última palabra

Para el resto de acusados el Ministerio Fiscal demandó penas de cinco meses de cárcel, multa de diez meses con una cuota diaria de 50 euros y otra de 50.000 euros al atribuirles la comisión de un delito de cohecho. En el caso de Briganty y López, Del Río propuso imponerles penas en función de la aplicación del actual artículo 419 del Código Penal, fruto de la reforma de 2015. En esta alternativa, que sus defensas entendieron como más beneficiosas para ambos, el fiscal interesa una pena de prisión de un año y dos meses y multa de cinco meses con una cuota diaria de 50 euros.

En la última jornada del juicio, solo Briganty hizo uso del derecho a la última palabra para afirmar que la Justicia es para él "un principio moral". Y mientras que las defensas de los acusados reconocieron los hechos y aceptaron las penas que demanda el fiscal, las de Perdomo y Quintana pidieron al Jurado Popular su absolución haciendo hincapié en las numerosas dudas que, a su juicio, suscita el procedimiento y las pruebas aportadas.

La letrada del exdirector de Industria indicó que el acuerdo al que han llegado cuatro acusados con el Ministerio Fiscal al reconocer su participación en la trama "está muy lejos de ser la realidad de los hechos". "Ha sido un mal arreglo por no soportar un mes de juicio y el periodismo mediático y machacarse más aún su reputación", sostuvo. La abogada insistió, a su vez, que en la información que supuestamente facilitó Perdomo a varios empresarios era de dominio público, al mismo tiempo que remarcó que no se hizo una prueba pericial de los correos para comprobar que efectivamente fueran enviados desde su ordenador.

El abogado de Quintana lamentó, por su parte, que las partes acusatorias no bajaran "al terreno de la prueba", por lo que subrayó en varias ocasiones que no se ha probado que ella supiera "a ciencia cierta" que la cuenta que abrió a su nombre en Luxemburgo era para que su pareja recibiese comisiones ilegales. Las defensas siempre han mantenido que el ingreso de unos 24.000 euros en esa cuenta por parte de Guzmán se debió a una intermediación inmobiliaria que hizo Perdomo.

El lunes las acusaciones y defensas están citadas para que el juez les traslade la propuesta del objeto del veredicto. Un día después, el jurado popular se reunirá a puerta cerrada para comenzar a deliberar.

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