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Canarias advierte a Madrid que no puede tocar un euro de la partida de aguas

El Gobierno central garantiza la partida de este año, pero no el destino del dinero, y quiere renegociar el protocolo a 12 años

Héctor Gómez se hace cargo de la direcciópn general de Turespaña.

Héctor Gómez se hace cargo de la direcciópn general de Turespaña.

La Delegación del Gobierno central en Canarias aseguró ayer que la partida para obras hidráulicas en las Islas incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 está "garantizada", pero no el destino concreto del dinero, y aplazó la firma del protocolo de 915 millones de euros para los próximos doce años hasta alcanzar una "salida consensuada", algo que rechazó el Gobierno de Canarias. Su portavoz, Rosa Dávila, recordó que el acuerdo plurianual para abordar 186 obras hasta 2029 cuenta ya con los informes preceptivos, con lo que no resta sino firmarlo, y advirtió que los 40 millones para este año están repartidos por actuaciones y no pueden tocarse.

"Desde el diálogo y la cooperación institucional haremos de nexo entre el Gobierno canario y el estatal en este y cualquier asunto de interés para nuestro territorio", explicó en un comunicado la delegada del Gobierno estatal en las Islas, Elena Máñez. Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobieno de Canarias, Narvay Quintero, mostró su esperanza en que el "malentendido" de la primera reunión técnica se pueda superar en la que mantendrá el día 24 con responsables del Ministerio de Transición Ecológica.

Máñez advirtió que dicho ministerio obtuvo la conclusión de que será imposible por falta de tiempo "aplicar 31 millones de euros en proyectos previstos y dotados en Canarias en 2018", por lo que "es preciso reprogramar la partida con el fin de atender otras necesidades".

Dávila señaló que eso no es posible, ya que en las cuentas estatales se tomó "la precaución" de incluir estas cantidades como "remanentes de crédito incorporables". Es decir, como se sabía de la tardía aprobación del presupuesto, se decidió proteger la partida -de 45 millones según el Gobierno central y 40 según el canario- haciendo que se incorpore el remanente de forma automática a las cuentas de 2019. Además, la consejera de Hacienda explicó que la suma consignada este año forma parte de los 300 millones del primer convenio, cuya firma se había previsto para este mes, de los tres que deben traer a las Islas los 915 millones para obras hidráulicas comprometidos por el PP hasta 2029.

Madrid explicó ayer que "será necesario dialogar con el Gobierno regional los términos de este protocolo [a doce años] con el fin de darle una salida consensuada cuanto antes". Según la portavoz del Ejecutivo canario, todo está ya negociado y solo resta rubricarlo.

Desde Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez expuso su "enorme preocupación" ante las dificultades que está encontrando la aplicación de las partidas para las Islas. El presidente de la formación nacionalista advirtió de que detrás vienen, por ejemplo, los 24 millones de euros para el transporte de mercancías con efecto retroactivo al primer día de 2016, el convenio de carreteras o los 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza. Cuestiones todas ellas a las que habrá que dar forma.

Más expeditivo se mostró su homólogo en el Partido Popular (PP) de las Islas, Asier Antona, para quien la suma de dos discusiones en tan corto espacio de tiempo responde al "paulatino desmantelamiento de los históricos logros" conseguidos por el Archipiélago que a su juicio acomete el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, lamentó que la "política revanchista del Ejecutivo socialista se esté cebando especialmente con Canarias". Como Rodríguez, se preguntó si el resto de convenios "correrán la misma suerte" y advirtió de que las Islas se están "jugando casi 500 millones de euros".

También la secretaria general de Podemos, Noemí Santana, expuso la necesidad de que el PSOE explique los "cambios de criterio" y halle una solución. No obstante, señaló que también Coalición Canaria tiene responsabilidad por "jugar a obtener cosas a cambio de un voto", ahora menos valioso, "en lugar de anclar derechos".

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